A comienzos de año, el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que el Gobierno Petro se la iba a jugar por la aprobación de 31 proyectos en el Congreso. Hoy las cosas son a otro precio. Solo se tramitan 22 y buena parte de ellos tienen altas probabilidades de hundirse por falta de tiempo para su discusión.
Esa crisis de las reformas se explica, fundamentalmente, por la tensa relación del Gobierno y el Congreso y la ruptura de la coalición oficialista, de la cual salió el Partido Conservador. Otros partidos están replanteando su respaldo al mandatario, dado que no existe espacio para los consensos.
La situación se complica aún más después del remezón en el gabinete, el cual provocó un cambio en el Ministerio del Interior, ahora encabezado por Luis Fernando Velasco, cercano a las disidencias del Partido Liberal y percibido como lejano a otras colectividades.
El Gobierno recibió otro golpe con la decisión del Consejo de Estado de anular la elección del senador Roy Barreras, quien como presidente del Congreso es el principal aliado de la Casa de Nariño a la hora de sacar adelante las iniciativas.
En medio de este panorama, la ambiciosa agenda legislativa se encuentra frenada por la desgastante discusión de las reformas, los retrasos de los ministros y la falta de acuerdos.
A un mes del fin de la legislatura y teniendo en cuenta que es muy probable que se convoque a sesiones extraordinarias, estos son los proyectos que están virtualmente hundidos, a punto de hundirse, con los tiempos estrictos y aquellos que continuarían su trámite durante el próximo semestre.
En alto riesgo
Dos proyectos respaldados por el Gobierno se han hundido en lo que va del semestre. El primero fue la reforma política, cuya polémica provocó que el presidente retirara la iniciativa. Luego, en su tercer debate, la prohibición de las corridas de toros fue derrotada, en parte, porque tres ministerios emitieron concepto negativo. Por otro lado, una iniciativa que tiene el apoyo del Gobierno está virtualmente hundida. Se trata de la reforma al Código Electoral, que no ha logrado convencer a sectores del Pacto Histórico y el Centro Democrático.
Con un mes de retraso por la tensa discusión en la Comisión Primera del Senado, la reforma fue aprobada en primer debate el pasado 12 de abril. SEMANA conoció que en el petrismo hay escepticismo frente a la iniciativa, que también cuenta con el apoyo del registrador Alexánder Vega, por lo que varios parlamentarios prefieren que se hunda. El Código Electoral, por ser un proyecto de ley estatutaria, no puede discutirse en sesiones extraordinarias. Por eso, si no se realiza su segundo debate en los próximos días, este sería archivado por tiempos.
El Gobierno también respalda los proyectos de acto legislativo de la jurisdicción agraria, el campesino sujeto de derechos y la legalización del cannabis de uso adulto, que por su naturaleza tampoco podrían ser debatidos en sesiones extraordinarias.
Hace pocos días, el senador Barreras advirtió que estas iniciativas de modificación constitucional están “en riesgo” por tiempos. Las tres fueron aprobadas en sexto debate, pero cuentan con plazos muy estrechos si se tiene en cuenta el tránsito a comisiones y plenaria, que por lo general toma semanas, y la congestión de la agenda legislativa, que priorizará el debate de las reformas sociales. Por esta razón, el saliente presidente del Congreso le pidió “celeridad” a la nueva mesa directiva del Senado.
La jurisdicción agraria llegaría a finales de mayo a la Comisión Primera del Senado, lo cual dejaría al proyecto con un poco más de 15 días para la aprobación de los últimos dos debates.
A su vez, los parlamentarios del Pacto Histórico temen por el proyecto del campesinado como sujeto de derechos, que no cuenta con un amplio consenso. Otro riesgo de los proyectos de acto legislativo es que en segunda vuelta requieren mayoría absoluta en su votación, es decir que los aprueben la mitad más uno de los integrantes de la corporación.
Los proyectos de humanización carcelaria y ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales tienen los tiempos estrictos para su aprobación, aunque la polémica por el articulado podría retrasar el trámite de las iniciativas. Ninguno se ha discutido en primer debate, pero como leyes ordinarias pueden avanzar en sesiones extraordinarias.
Asimismo, en los últimos días, se radicó la ponencia para primer debate del proyecto de humanización carcelaria, con la sorpresa de que se acogieron varias de las críticas y se mantienen delitos como el incesto, la inasistencia alimentaria, y el terrorismo y el concierto para delinquir en la protesta social. La iniciativa cuenta con mensaje de urgencia y las modificaciones ayudarían a generar consensos para su aprobación.
Por otro lado, la ponencia de la ley de sometimiento a la justicia ya está lista para ser radicada. Todo apunta a que se escucharon los reparos del fiscal Francisco Barbosa en varios de sus puntos más polémicos, sin excarcelaciones masivas, sin reconocimiento político y con una reducción sustancial en el porcentaje que se le retribuye a un sujeto que entrega bienes producto de actividades ilegales. SEMANA conoció que el Gobierno piensa enviar mensaje de urgencia para acelerar el trámite.
El proyecto de adición presupuestal, que también cuenta con mensaje de urgencia, puede reanudarse en las próximas semanas y lograr aprobarse en sesiones extraordinarias.
Para el próximo semestre
A pesar del objetivo del Gobierno de aprobar las reformas sociales en lo que queda del semestre, varios congresistas consideran que, debido a la complejidad de los debates, estas se seguirán tramitando en la próxima legislatura.
La reforma a la salud sigue en su primer debate, con solo tres artículos aprobados y pocos consensos por fuera de la Comisión Séptima de la Cámara. Por otro lado, las reformas pensional y laboral apenas han tenido sus primeras audiencias públicas, una fase temprana de su discusión. Las preocupaciones y reparos del sector privado frente a las dos últimas iniciativas siguen vigentes, lo cual seguramente requerirá varias semanas de concertación.
Por la priorización de las reformas, también se aplazarán los debates de la prohibición del fracking, el cambio de nombre del Ministerio de Cultura, el día de la diversidad étnica, el reconocimiento del sector de la música en Colombia y el protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Además, se radicarán otros proyectos que no alcanzaron a presentarse este semestre.
Hoy varios congresistas culpan a los ministros por el retraso en la agenda legislativa. Se tenía presupuestado presentar las reformas sociales antes de sesiones extraordinarias, pero los textos no estuvieron listos sino meses después. Esto molestó a Roy Barreras, quien debía responder por el trámite.
Mientras tanto, el Gobierno no solo lucha contra el tiempo. Velasco también debe mantener unida una recientemente reducida coalición oficialista a fin de tener los apoyos necesarios para la aprobación de los proyectos.
Finalmente, después de manifestar su respaldo a 31 proyectos, el Gobierno podría terminar con menos de diez iniciativas aprobadas al final del semestre. El cambio que prometió el presidente Gustavo Petro se aplaza para la próxima legislatura.