Este 15 de septiembre, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado de alerta al Gobierno nacional de cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo exactamente en mes y medio.
Camargo aprovechó la coyuntura, es decir, la celebración del Día Mundial de la Democracia, para plantear lo que está en juego en los próximos comicios y los riesgos electorales en la mitad de los municipios colombianos.
“Hoy es una oportunidad para exaltar la tradición democrática en nuestro país. La democracia es fundamental en la búsqueda de la paz y la justicia, y ha sido un pilar sólido en la historia de Colombia. Sin embargo, actualmente, enfrentamos la realidad de que esta tradición democrática está en riesgo, por lo que desde la Defensoría del Pueblo emitimos la Alerta Temprana 030 de 2023 con la que advertimos al Gobierno nacional sobre el riesgo en el contexto electoral”, expresó el defensor del Pueblo.
Según él, a lo largo y ancho del territorio nacional hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto de cara a las elecciones, por cuenta de las estructuras armadas que operan en los territorios y que, según la Defensoría del Pueblo, se han robustecido en los últimos tiempos.
Dos partidos políticos y una coalición no pudieron inscribir candidatos en algunos departamentos debido a las amenazas, por ejemplo. El Pacífico colombiano es una de las regiones que más está en riesgo.
“Como defensor del Pueblo lo digo categóricamente: la democracia está en peligro. Además de los riesgos advertidos, se perdió la libre competencia democrática desde el momento en que no se permitió a los distintos partidos que inscribieran candidatos”, expuso Carlos Camargo.
“Es el caso de Cambio Radical, que no pudo inscribir candidatos en Cauca y Putumayo, del Centro Democrático que no pudo hacerlo en diez departamentos y del Pacto Histórico, que tampoco pudo ejercer ese derecho en otros lugares del país”, agregó.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro “tomar medidas concretas e implementar los marcos normativos que ya existen” para proteger la democracia.
Preocupación por baja atención a migrantes en el sur del país
La Defensoría del Pueblo, con sus delegadas para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales y Regional Nariño, realizó en Pasto una mesa de trabajo con líderes migrantes y funcionarios de la Secretaría de Salud de Nariño, en la que fueron socializadas las problemáticas para el acceso a derechos de la población migrante y caminante en tránsito.
En la vía Panamericana, corredor utilizado por los migrantes, a partir de un trabajo hecho en terreno por los funcionarios de la Defensoría, la entidad garante de los derechos humanos encontró que hay ocho municipios nariñenses (Taminango, Chachagüí, Pasto, Tangua, Contadero, Iles, Imués e Ipiales), pero tres de ellos (Taminango, Pasto e Ipiales) no cuentan con un escenario interinstitucional creado para la gestión de la migración internacional.
“Ninguna de estas poblaciones cuenta con cifras consolidadas sobre migrantes, refugiados y connacionales retornados, tanto de tránsito como con vocación de permanencia. Los datos que tienen refieren algunos casos puntuales en lo relacionado con la vinculación a la seguridad social en salud”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
La atención de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes está desbordada. No obstante, y según un reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), desde 2021 hasta la fecha habría atendido únicamente a seis NNA caminantes y migrantes en tránsito en su Centro Zonal de Taminango.
Adicionalmente, fueron reportados bajos niveles educativos y altos niveles de ausencia y desescolarización de NNA; la razón: la precariedad económica de sus familias, la desestabilización y la constante migración.