El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó ante Tania Reneaum Panzila, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), información adicional a la medida cautelar MC-690-23, radicada ante dicha organización en agosto, con el propósito de proteger los derechos a la vida, integridad personal y derechos políticos de servidores públicos (alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros), así, como de candidatos y candidatas a las elecciones territoriales en Colombia, por el actual contexto de violencia que vive el país.
“Solicitamos a la CIDH que se resuelva de manera favorable la solicitud de medidas cautelares presentadas, atendiendo las razones de gravedad, urgencia y daño irreparable en la que se encuentran las personas enunciadas”, dijo Carlos Camargo en el encuentro con los integrantes de la Comisión Interamericana de derechos Humanos de la OEA en Barranquilla.
El defensor del Pueblo pidió tener en cuenta que “la declaratoria de estas medidas cobra especial relevancia antes de la celebración de las elecciones que se realizarán en el país el próximo 29 de octubre de 2023″.
Durante su intervención, Camargo esbozó casos puntuales que han ocurrido de manera posterior a la presentación de esta medida, que han sido reportados desde las Defensorías Regionales, en virtud de denuncias realizadas por las personas afectadas.
Se destacan casos como el gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien fue incluido como beneficiario de la MC-690-23 y ha expresado su preocupación, debido a la reducción de su esquema de seguridad, pese al riesgo en el que se encuentra y además, el actual gobernador aportó a la Defensoría del Pueblo un video de las FARC en el que se hace mención de él.
También, el pasado 3 de octubre, la Defensoría del Pueblo recibió comunicación de la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper), mediante la cual informa sobre el alto riesgo en el que se encuentran 36 personeros y personeras municipales de diferentes departamentos del país.
Convenio entre la Defensoría del Pueblo y la CIDH
Durante el encuentro, el defensor del Pueblo y la secretaria ejecutiva de la CIDH firmaron un convenio que establece un marco regulatorio con respecto a mecanismos de cooperación para promover entre la comunidad universitaria y el público en general el uso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de sus estándares.
Así mismo, proveer a estudiantes y profesionales de una formación especializada, a través de herramientas teóricas y prácticas que les permitan avanzar en la Agenda Hemisférica de Derechos Humanos.
De igual manera, fortalecer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante la promoción de sus estándares y mecanismos de protección; diseñar e implementar proyectos de investigación conjunta; e intercambiar documentos e información específica con relación a programas de trabajo que sean de interés.