Ante una preocupante ola de violencia política por razones de género y orientación sexual, especialmente en el contexto de las campañas electorales programadas para el próximo 29 de octubre, la Defensoría del Pueblo ha reiterado la necesidad de brindar protección a las candidatas y personas con orientación sexual e identidad de género diversas (OSIGD - LGTBI) que participan en la actual contienda electoral.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó que la entidad ha estado acompañando 43 casos de violencia de género y por prejuicio reportados en septiembre. Alarmantemente, 42 de estos casos involucraron a candidatas mujeres, incluyendo tres mujeres trans y tres mujeres lesbianas. Además, se reportó un caso de un hombre gay que fue víctima de violencia debido a su orientación sexual.
Es especialmente preocupante que el 16% de estos casos de violencia haya sido motivado por razones de género, lo que resulta en la estigmatización de candidatas y candidatos en el ejercicio de su labor política. Además, en un 32.5% de los casos, las mujeres denunciaron como agresores a grupos armados ilegales.
A pesar de que la Defensoría del Pueblo ha brindado atención, asesoría y acompañamiento a las víctimas de violencia, se enfatizó la necesidad de que el Estado brinde las garantías para que el ejercicio político se realice sin violencia y discriminación por razón de género.
“Si bien desde la Defensoría del Pueblo, con nuestras profesionales jurídicas y psicosociales, realizamos atención, asesoría y acompañamiento a estas personas víctimas de violencia, e hicimos gestión directa con las entidades competentes para que les den protección, el Estado debe brindar las garantías para que el ejercicio político pueda ser llevado a cabo sin violencia y discriminación por razón de género, más aún porque las elecciones están a contados días de ser celebradas en todo el territorio nacional. La violencia de género contra mujeres y personas OSIGD – LGTBI candidatas debe ser erradicada por completo”, señaló el defensor Camargo Assis.
De acuerdo con la Defensoría, los departamentos que más reportaron casos de violencia de género en el ámbito político fueron Cauca y Antioquia, cada uno con seis casos; Valle del Cauca, con cinco casos, y Meta y Sucre, cada uno con cuatro casos.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió este año dos documentos de advertencia y prevención relacionados con las elecciones regionales. La Alerta Temprana (AT) 019 señala los riesgos que enfrentan las lideresas y defensoras de derechos humanos, mientras que la AT 030 se enfoca específicamente en los riesgos en el contexto electoral.
“Reiteramos nuevamente a las autoridades las recomendaciones hechas en nuestras Alertas Tempranas, con el fin de que sea mitigado el riesgo por las vulneraciones de derechos que se reportan contra el ejercicio de las actuales campañas, de manera particular, por la violencia de género en la política”, indicó Camargo.
Defensoría pide protocolo para personas trans
De otro lado, pero en concordancia con las elecciones, la Defensoría del Pueblo instó a la Registraduría Nacional y a la Policía Nacional a aplicar el ‘Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre de discriminación’. Este protocolo fue acogido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de la Resolución 3480 de 2020.
La Defensoría dio a conocer, mediante la Alerta Temprana 030 del 2023, los riesgos electorales para los liderazgos LGTBI. Esta alerta resalta, de acuerdo con la entidad, los aspectos diferenciados de la violencia sociopolítica dirigida hacia esta comunidad, estrechamente relacionada con su visibilidad política, orientación sexual, identidad de género y expresión de género.
El defensor del Pueblo, Camargo Assis, hizo un llamado a la ciudadanía, colectivos y organizaciones sociales LGTBI para que denuncien cualquier acto de discriminación o violencia relacionado con la identidad y expresión de género durante las próximas elecciones.
Carlos Camargo Assis subrayó que las personas transgénero han enfrentado múltiples vulneraciones en el ejercicio de su derecho al voto, incluyendo actos de ridiculización, comentarios ofensivos y preguntas relacionadas con su identidad de género.
“Las personas transgénero han enfrentado múltiples vulneraciones en el ejercicio de su derecho al voto relacionadas con actos de ridiculización, comentarios y expresiones denigrantes. Como si fuera poco, han tenido que enfrentarse a preguntas invasivas basadas en su construcción identitaria y la aplicación de procedimientos que vulneran la construcción de sus identidades e inclusive la restricción del voto, cuando no se ha realizado el trámite de rectificación del componente sexo en el documento de identificación. Todas estas acciones impactan de manera negativa el derecho ciudadano al voto y profundizan la discriminación y la violencia por prejuicio en razón de identidad y expresión de género”, aseguró Camargo
El defensor resaltó que este protocolo fue elaborado por el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), la corporación Caribe Afirmativo y la Misión de Observación Electoral (MOE), y fue acogido mediante resolución por el CNE con el objetivo de promover y proteger los derechos de las personas trans.