En medio de todo el escándalo que se ha generado en el país por lo ocurrido en el departamento de Antioquia, la delegación de paz del Gobierno Petro para los diálogos con las disidencias de Calarcá se pronunció y habló sobre el traslado de estos comandantes guerrilleros en camionetas de la Unidad Nacional de Protección.
En dicho episodio, Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, jefe del frente 36 de las disidencias, fue capturado por movilizarse en uno de los vehículos de la UNP.
Por esa razón, Camilo González Posso, jefe de la delegación de paz para los diálogos con ese grupo criminal, dijo que dicho traslado estaba autorizado por una reunión de comandantes que se dio después del quinto ciclo de paz entre las partes y que se produjo en el Yarí (Caquetá).
“La caravana que fue detenida para una inspección en Antioquia se venía desplazando desde una reunión de comandantes autorizada por el Gobierno después del ciclo quinto a una reunión en el Yarí que tenemos para estos días de transformaciones territoriales. En estas circunstancias se nos ha informado de una detención de uno de los comandantes del frente 36, quien tiene la suspensión de su orden de captura en trámite”, dijo Posso.
El jefe negociador indicó que las autoridades actuaron acorde a la ley y aclaró que la presencia de alias Firu es irregular, por lo que debe haber claridad rápidamente sobre ese hecho. Así mismo, habló de la captura de alias Érika, quien también fue detenida en esa operación.
“Portaba un cargador de pistola y esperamos que esta situación se aclare y que se solucione en ley lo más pronto posible, que podamos retomar las actividades programadas para estas semanas”, reiteró.
SEMANA conoció en primicia que en las siete camionetas de alta de la Unidad Nacional de Protección detenidas por el Ejército Nacional en Antioquia viajaban varios cabecillas de las disidencias de las Farc, que actualmente sostienen diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
De los ocupantes, custodiados por la UNP, siete fueron capturados.
Se trata de Erilinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, cabecilla de la subestructura 18; Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, cabecilla de la estructura 36; Ómar Delgado Novoa, alias Boyaco, cabecilla del frente John Linares del bloque comandante Jorge Suárez Briceño; Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika, delegada del frente Carolina Ramírez; Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla frente Rodrigo Cadete; Wender Yosony Duque, alias Oliver González, cabecilla comisión frente Raúl Reyes, y María Alejandra Ojeda Londoño.
Mientras tanto, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, comandante del bloque Jorge Briceño, y Jesús María Restrepo Borja, alias Panda, político de la estructura 36, tenían órdenes de captura suspendidas.
Los otros ocupantes, de los que hasta el momento no registran órdenes de captura, son: Óscar Javier Cuadrados Zea, alias Alejandro, segundo cabecilla de la estructura 36, y Viviancy Lopera Várelas, alias Sara, novia de alias Ramiro.
¿De dónde venían?
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó desde el batallón de Bello, adonde fue trasladada la caravana de cabecillas disidentes detenidos por el Ejército Nacional, que esos criminales venían en camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección desde Tibú, Norte de Santander.
“Todo parece indicar que vienen de Tibú, que está muy cerca de los límites con Venezuela”, dijo el gobernador Rendón. De igual manera agregó: “Aquí lo preocupante es que nosotros estemos con el contribuyente de los recursos de los colombianos protegiendo a delincuentes de esta magnitud. Es una muestra más de lo fallida que es la política de paz total, que les permite a los bandidos envalentonarse y que le ata las manos a la Fuerza Pública”.
Por su parte, Andrey Avendaño, el comandante del Estado Mayor de las Farc, ratificó esta versión entregada por el mandatario regional. “Ellos retornaban de una reunión de comandantes que se desarrolló en Norte de Santander, donde deliberamos sobre los avances en el proceso de diálogo y trazamos los aspectos a abordar en nuestras regiones”, dijo.
“Si los camaradas presentan inconvenientes jurídicos, es producto de la falta de voluntad política y jurídica del Gobierno nacional, ya que desde el pasado 17 de mayo de 2024 enviamos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la solicitud de levantamiento de órdenes de captura. Anexamos un documento como soporte”, destacó.