El nombre de Harold Eduardo Sua Montaña tal vez no sea conocido para la mayoría de los colombianos, pero en las altas cortes ya lo conocen de memoria, pues constantemente vive presentando recursos judiciales, la mayoría de los cuales resultan rechazados, sobre diferentes temas.
Sua Montaña ha interpuesto recursos en temas tan disímiles como la reforma al código electoral, la despenalización del aborto y la instalación del Congreso de la República. Es tal su obsesión por presentar acciones judiciales, que hace apenas algunos meses fue sancionado por la Corte Constitucional, al considerar que su intención es crear “caos” en la justicia.
Pero a pesar de la sanción, este abogado no ha parado su ímpetu judicial y ahora arremetió contra el gabinete del presidente Gustavo Petro, a cada uno de los ministros les tiene su propia demanda ante el Consejo de Estado.
El caso más reciente es el de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a quien Sua demandó por considerar que no tendría las competencias para cumplir con las exigencias que trae consigo ser la titular de la cartera.
Cabe recordar que desde su nombramiento, la ministra de Minas y Energía ha protagonizado una serie de episodios que no la dejan muy bien parada sobre el conocimiento y las virtudes que tiene para desempeñar sus funciones.
En este mismo tribunal también cursa una demanda instaurada en contra de la posesión de los ministros Álvaro Leyva Durán (Relaciones Exteriores), Alejandro Gaviria (Educación), Iván Velásquez, (Defensa), y Alfonso Prada Gil (Interior), en la que se argumenta que el acto de nombramiento de estos jefes de cartera estaba viciado y no debía avalarse legalmente.
El demandante, nuevamente Sua Montaña, adjuntó un video en el que trata de demostrar que en la sesión del Congreso en la que se reconoció a Gustavo Petro como presidente de Colombia, hubo una modificación al orden del día que se había establecido, impidiéndole la participación a las organizaciones políticas que se declararon en oposición, por lo que se habrían vulnerado los principios legales y constitucionales.
Esto significa, para el demandante, que la posesión del Congreso quedó incompleta, por lo que todos los actos que se registraran de ahí en adelante serían nulos. Por eso, el presidente Petro habría carecido de competencia para expedir cualquier acto administrativo, incluyendo la designación de ministros.
A esta lista se suman también el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, y la jefa de gabinete, Laura Sarabia.
Si bien hay quienes consideran que la argumentación del abogado puede resultar absurda, hay temor en algunos de los ministros no solo por el desgaste que implica ir a los tribunales, sino porque en cualquier momento a Sua Montaña le puede ‘sonar la flauta’.
Presidente del Congreso
Otro de los que tendrá que responder judicialmente es el presidente del Congreso, Roy Barreras, contra quien el Consejo de Estado decidió admitir para su estudio una demanda que busca anular su elección de senador.
Pero esta vez el demandante no es Sua Montaña, sino Michelle Steffany Gómez Congote, quien argumentó ante el alto tribunal que Barreras no había renunciado a su curul como senador del Partido de la U cuando fue inscrito por la coalición del Pacto Histórico. Por este motivo, argumenta que el presidente del Senado incurrió en una supuesta doble militancia para el periodo 2022-2026.
La Constitución Política estipula que “en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica”. Así mismo, la Ley Estatutaria 1475 de 2011 detalla que “la persona que siendo miembro de una corporación pública disponga presentarse a la siguiente elección por un partido diferente deberá renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones”.