Mientras los habitantes del municipio de Barbosa, en Santander, se preparaban para las tradicionales ferias y fiestas de fin de año, con motivo de la temporada decembrina, el alcalde de este municipio, Víctor Manuel Camacho, firmó un decreto bastante particular.

Según denunció el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, el alcalde Camacho emitió una norma en la que se otorga facultades a sí mismo para ejecutar el presupuesto de su municipio “sin ninguna limitación”.

Si bien está claro que la función de los mandatarios locales es precisamente ejecutar el presupuesto en obras y servicios que beneficien a la comunidad, esta facultad tiene, por ley, limitaciones y restricciones, para evitar que los alcaldes se aprovechen de su poder.

Sin embargo, según el decreto 258 de 2022, firmado por Camacho, en su caso las facultades serán más amplias. De acuerdo con el documento, durante el primero de enero de 2023 y el 30 de junio de este mismo año podrá “realizar todas las operaciones necesarias de presupuesto, suscribir convenios y celebrar cualquier negocio jurídico sin ninguna limitación”.

Además, estará en facultad de adelantar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, pignorar y titular rentas municipales, así como “adicionar, reducir, acreditar y contra acreditar partidas en el presupuesto general de rentas y gastos de la vigencia 2023″.

Este hecho generó la molestia del secretario de transparencia, quien anunció que pondrá este decreto en conocimiento de los órganos de control.

“El Alcalde de Barbosa, Santander, se auto-otorgó facultades para realizar ‘todas las operaciones’ de presupuesto ‘sin ninguna limitación’. Solicitaré a los entes de control evaluar la legalidad de este Decreto y actuar, si así lo consideran”, anunció Idárraga.

Un hecho que causa curiosidad de este decreto es que le entrega las facultades al alcalde para ejecutar el presupuesto “sin ninguna restricción” solo hasta junio de 2023, que es cuando entra en vigencia la denominada ley de garantías, que restringe la capacidad de contratación, movimientos de nómina y firma de convenios interadministrativos a nivel departamental y municipal a los mandatarios locales cuatro meses antes de las elecciones, que en este caso se llevarán a cabo en octubre de este año.

En el segundo semestre del año entrante los alcaldes y gobernadores estarán limitados por la mencionada norma y luego, noviembre y diciembre, deberán aplicarse a la rendición de cuentas y el empalme con sus sucesores, sin mayor margen de acción en materia de impulsos decisivos a programas y proyectos de gran envergadura.

Elecciones 2023

Los comicios electorales de octubre próximo se han convertido en uno de los principales temas de discusión no solo entre los actuales mandatarios, quienes verán limita su capacidad de contratación, sino entre los partidos políticos, que ya tienen lista su estrategia para hacerse con el poder.

Uno de los que se le adelantó al tema fue el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien vaticinó cuál será el objetivo del Pacto Histórico, coalición a la que pertenece, en la capital colombiana: buscará contar con 20 cabildantes en el Concejo.

“Con un buen candidato a la Alcaldía de Bogotá, el Pacto Histórico trabajará por 20 concejales. Lista paritaria y un adecuado procedimiento de selección del orden de la lista. Del cambio nacional al cambio en las regionales”, expuso Racero.

Con tal número de curules, el Pacto Histórico buscaría estar cerca de ser mayoría en el Concejo. En el periodo de 2020 a 2023, la corporación cuenta con 45 cabildantes, siendo Alianza Verde la que más tiene (12), seguida del Partido Liberal (7) y Centro Democático (5). En cuanto a la lista paritaria, significa que estará integrada por 50 % hombres, 50 % mujeres.