En la Plenaria del Concejo de Bogotá, el concejal Julián Rodríguez Sastoque, de la Alianza Verde, denunció que el exministro y exconsejero de Estado, Enrique Gil Botero, incurrió en una incompatibilidad del Código Disciplinario del Abogado, al emitir el concepto sobre la viabilidad de modificar el contrato de concesión de la primera línea del Metro.
Lo anterior, en razón a que cuando Gil Botero fue ministro de Justicia del Gobierno de Juan Manuel Santos, aprobó el Conpes 3923 de 2019 relacionado con este proyecto. De acuerdo con el concejal Rodríguez, esta incompatibilidad se configura, pues el numeral 5 del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007 prohíbe que los abogados ejerzan su profesión en asuntos que conocieron mientras desempeñaron cargos públicos.
El concejal Rodríguez Sastoque también denunció varias falencias del concepto jurídico de la firma de Enrique Gil Botero. En primer lugar, porque omite que el trazado elevado de la Primera Línea del Metro de Bogotá hace parte explícita del objeto del contrato de concesión suscrito con el consorcio chino. Los Apéndices Técnicos con los viaductos elevados están incluidos en el objeto. Por tanto, el trazado elevado es un elemento esencial, no accidental de este contrato. En consecuencia, advierte el cabildante, no se puede modificar.
En segundo lugar, Rodríguez señaló que en este concepto jurídico, el exconsejero de Estado olvidó su jurisprudencia sobre el equilibrio económico en los contratos estatales de concesión. “No realizó un análisis cuidadoso sobre la afectación que tendría la modificación de este contrato en la ecuación contractual y, por tanto, en la eventual declaratoria de responsabilidad contractual del Estado y la obligación de indemnizar al consorcio chino”, precisó.
En tercer lugar, el concejal de la Alianza Verde también resaltó que, pese a tener una extensión de 70 páginas, en el concepto jurídico Gil Botero omitió analizar asuntos claves sobre la modificación del contrato de la primera línea del Metro.
Dentro de estos aspectos se destacan: (i) la aplicabilidad del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 en este caso, que prohíbe adiciones superiores al 50 % en los contratos; (ii) el riesgo jurídico frente a proponentes que no fueron seleccionados en la licitación; (iii) el posible detrimento patrimonial por las inversiones ya realizadas en estudios, gestión predial, traslado de redes y demás obras; (iv) la falta de experiencia del consorcio chino en metros subterráneos; y (v) otras consecuencias de tipo económico como los perjuicios por mayores tiempos de obra.
Rodríguez Sastoque también afirmó que la Presidencia de la República debió ahorrarse los 119 millones que gastó en este concepto jurídico “con serias falencias”, puesto que pudo solicitar un concepto gratuito a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
También alertó sobre el riesgo que corre Colombia de acudir a un tribunal internacional de arbitraje de inversión por la modificación del contrato de la Primera Línea del Metro, ya que Colombia cuenta con un tratado de inversión con la República Popular China, aprobado mediante la Ley 1462 de 2011.
Por último, el concejal también divulgó la respuesta que le dio la Presidencia de la República a una petición formal que formuló en el mes de enero sobre la propuesta del Presidente Gustavo Petro de soterrar la primera línea del Metro.
Allí, destacó que la Presidencia se limitó a contestar que “solo ha celebrado un contrato de prestación de servicios con la sociedad Enrique Gil Botero Abogados S.A.S., en virtud del cual se emitió un concepto sobre la viabilidad jurídica de modificar el contrato de concesión de la primera línea del metro de Bogotá”.
Por tanto, de acuerdo con el concejal, la Presidencia no cuenta con una propuesta concreta y en detalle sobre esta modificación. Y, además, en contradicción con lo que ha dicho el Ministro de Transporte en medios de comunicación, el presidente solo tiene un concepto jurídico sobre su viabilidad, no dos.
El concejal Rodríguez Sastoque finalizó su intervención destacando: “estamos listos para el metro subterráneo hasta Suba y Engativá, que ya tiene la cofinanciación de la Nación desde el Gobierno anterior, recursos que no permitiremos que se embolaten en otras iniciativas, pues los habitantes de estas localidades merecen una mejor calidad de vida. Le pedimos al Gobierno Nacional sensatez y responsabilidad. ¡Bogotá se respeta, sin chantajes, metro ya!”.