El movimiento Causa Justa, que busca la libertad y la autonomía reproductiva de las mujeres, denuncia que existen irregularidades en el ‘referendo por la vida’, impulsado por la exconcejal Sara Castellanos. De acuerdo con la organización, varias situaciones “han socavado la transparencia del proceso y han impedido ejercer un control ciudadano efectivo” sobre la iniciativa.
En primer lugar, si bien reconocen la importancia del mecanismo de referendo, la organización asegura que este no puede ser utilizado “para restringir o limitar derechos, y para erosionar el Estado de derecho”.
“Los referendos no proceden contra sentencias del tribunal constitucional. Este mecanismo está sometido a un límite, a saber, que los cambios propuestos por el referendo no modifiquen o desconozcan los principios y valores estructurales de nuestra Constitución”, argumenta Causa Justa.
Segundo, aseguran que la forma en la que se ha llevado a cabo el proceso de verificación del grupo de ciudadanos que pide el referendo ha vulnerado los principios de transparencia y publicidad.
Según el movimiento, esto ha ocurrido con la publicación tardía de la resolución que autoriza la inscripción del comité promotor, la cual fue expedida en marzo de 2022 y fue colgada en la página web cinco meses después.
Al mismo tiempo, la resolución con la que el Consejo Nacional Electoral permitió una prórroga para la recolección de firmas por tres meses, desde el 25 de abril hasta el 25 de julio, no fue publicada en la página web. También mencionan inconsistencias de información entregada por la Registraduría en torno a las primeras firmas presentadas por el grupo ciudadano.
En tercer lugar, Causa Justa no considera que hubo un motivo de fuerza mayor, tal como lo exige la ley, para que el grupo contra el aborto obtuviera una prórroga de tres meses más para seguir recolectando firmas.
“La prórroga se fundamentó en la supuesta configuración de un fenómeno de fuerza mayor derivado de las lluvias presentadas en el 2022 que, según el comité promotor de este referendo, impidieron recolectar la totalidad de firmas en el plazo asignado por la ley, 6 meses”, explicó el movimiento.
Otra de las irregularidades que expone el movimiento es que ha habido vulneración del derecho a la información, con barreras de acceso a esta de forma completa y oportuna. “Los tiempos de respuesta de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral han excedido los previstos en la ley, y suelen ser incompletas y evasivas”, dice la denuncia de Causa Justa.
La organización asegura que ni siquiera por medio de tutela o derecho de petición se ha podido obtener información completa. De esta forma, se afecta “la veeduría y el control ciudadano sobre los poderes públicos”.
También denuncian que durante la recolección de firmas no “informaban de manera clara y suficiente a la ciudadanía sobre el propósito y alcance del referendo, antes bien, confundían el propósito de la iniciativa”.
“En Bogotá, Boyacá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, y otras ciudades, las recolecciones se dieron en el marco de movilizaciones en contra de las reformas del Gobierno nacional. En algunos casos se les dijo que la firma era para ‘que no aprueben el aborto’, ‘para que se les permita a los bebes nacer’ o afirmando que ‘cuatro magistrados decidieron por toda Colombia que se podía matar los bebés inclusive hasta los 7 meses’”, expone la organización, entre otras supuestas tergiversaciones.
Finalmente, la organización asegura que el referendo se ha desarrollado en un contexto de “opacidad y vulneración del derecho a la información”. Además, califican a los promotores como “grupos antiderechos” que buscan “erosionar los derechos de las mujeres, incluso mediante procesos poco transparentes”.
El pasado 25 de julio, el grupo, que entre sus líderes tiene a la exconcejal Sara Castellanos, logró recolectar más de 2,7 millones de firmas para la causa que busca modificar el artículo 11 de la Constitución, con el fin de hacer absoluto el derecho a la vida y reconocerlo desde la concepción.