Ante la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura llegó una solicitud de investigación disciplinaria en contra del abogado Diego Fernando Bravo, exgerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, por estar litigando a pesar de haber sido sancionado e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación hasta el 2028 y a pesar de tener en contra dos procesos de responsabilidad fiscal de la Contraloría por más de $115 millones.
La solicitud de investigación fue radicada por el veedor Juan Carlos Calderón España. Es de recordar que Diego Bravo fuere el gerente del Acueducto de Bogotá (EAAB) cuando en la alcaldía de Gustavo Petro se quiso implementar un nuevo esquema de aseo en la capital del país.
En su momento, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a Bravo por las irregularidades que se presentaron en la implementación de ese nuevo esquema de aseo en Bogotá.
El Ministerio Público probó que con el contrato que pretendía la prestación del servicio se vulneraron los principios de economía, planeación y responsabilidad, por cuanto la EAAB no contaba con la capacidad técnica y experiencia para prestar el servicio público de aseo en condiciones de calidad y eficiencia, tal como lo exige el ordenamiento jurídico.
El fallo de sanción en contra de Bravo establecía que “se demostró la insuficiencia e improvisación de los estudios previos que pretendían que en un término de 2 meses y 7 días se planeara la prestación del servicio de aseo a una ciudad con más de 1.700.000 suscriptores”.
Así mismo, por el daño patrimonial que generó estas irregularidades en la implementación del nuevo esquema de aseo en Bogotá, la Contraloría de Bogotá tiene abierto dos procesos de responsabilidad fiscal en contra Bravo por más de 125.000 millones de pesos.
De igual modo, de acuerdo con Calderón España, el exgerente Bravo también cuenta con una imputación de la Fiscalía General de la Nación, por presuntas irregularidades en contratación en el servicio de aseo para Bogotá entre los años 2012 y 2014, cuando se adoptó un nuevo esquema de servicio de aseo para la ciudad.
Pues bien, Calderón España advirtió ante el Consejo Superior de la Judicatura que a pesar de todos estos procesos disciplinarios, fiscales y judiciales en su contra, Bravo se encuentra litigando y lo está haciendo en contra de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entidad de la que el propio Bravo fue director.
“Bravo fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría en tres ocasiones. La primera se le venció en noviembre de 2023, pero el Ministerio Público le amplió la inhabilidad hasta 2028. Con base en eso, la Contraloría de Bogotá le inició un juicio fiscal, y él aparece reportado con una deuda inicial de $40.000 millones y con otra deuda por $75.000 millones. Eso quiere decir que Diego Bravo a hoy tiene una destitución e inhabilidad para ejercer cargo público y para contratar y además debe una prohibición por la Contraloría porque debe $115.000 millones”, aseguró Calderón España.
Calderón España reveló que Bravo se encuentra litigando ante la CAR Cundinamarca, ante la Agencia Nacional Minera, ante los tribunales de Cundinamarca.
Según la solicitud de investigación radicada por el veedor, “Bravo es el apoderado de una poderosa empresa minera llamada Triar SAS, con el cual buscaban revocar la Resolución DGEN No. 20237000600 del 11 de septiembre de 2023, que suspendió el título minero EIJ – 151 con el cual se explotó de manera desaforada y sin control, el río Neusa, importante ecosistema que surte de agua a la Capital y Cundinamarca”.
Así mismo, se advierte que “Bravo fue nombrado apoderado del Consejero de la CAR, Fernando Gómez Paiba, denunciado ante los entes de control por supuestos temas irregulares en su elección celebrada en la Gobernación en octubre pasado y representará y defenderá al consejero de la CAR ante el Tribunal administrativo de Cundinamarca”.
En síntesis, de acuerdo con Calderón España, “se evidenciaría claramente como el mismo abogado (Bravo) estaría representando a una empresa minera cuyo título minero fue suspendido por la misma CAR Cundinamarca y al tiempo, dicho abogado representa a un consejero de la misma Corporación, quien tiene voz y voto importante en el futuro ambiental del territorio CAR, por lo que ha desplegado una serie de actuaciones que van en contra del ejercicio profesional del abogado, así como de la función y moralidad pública”.
“¿Qué sucede?, ¿por qué una persona que está inhabilitada, sancionada y le debe plata al Estado sigue litigando?”, cuestionó el veedor.
Calderón España le pidió a la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura iniciar la investigación disciplinaria en contra de Bravo.