El 26 de julio de 2023, después de un tiempo sin relaciones diplomáticas y consulares oficiales, la Cancillería de Colombia anunció el nombramiento de Vilma Velásquez Uribe como cónsul en Puerto Príncipe, capital de Haití. Es artista, con experiencia en elaboración de joyería y se conoce por ser esposa de Rafael Valencia, un militante del M-19. Además, conoce bien ese país, dado que vive ahí desde hace varios años.
Velásquez fue nombrada principalmente para que estuviera atenta a las necesidades de los 17 militares presos en la isla desde julio de 2021, señalados de participar en el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse. Anteriormente, Julio Santa, excónsul honorario, era quien se encargaba de la tarea, a quien los familiares de los privados de la libertad le agradecen su gestión.
Pero la atención cambió desde el nombramiento de Velásquez, dado que solo ha visitado a los presos en una ocasión, le han cuestionado su gestión a favor de los demás connacionales en territorio durante fuertes situaciones de orden público y no utiliza los recursos que le otorgan para llevar a cabo sus funciones.
SEMANA conoció el memorando, con fecha del 11 de abril de este año, en el que se remite a Control Interno Disciplinario una queja contra Velásquez por afectar “la capacidad de respuesta y atención consular a los requerimientos que efectúan tanto los connacionales residentes en la circunscripción del Consulado como a los familiares de los connacionales en Colombia que requieren una respuesta asertiva acorde con la situación de crisis y orden público”.
En el documento, la Cancillería asegura que se han hecho peticiones, pero estas no han tenido la respuesta de la cónsul.
El Gobierno dice que ha requerido información sobre “el estado de salud y situación jurídica de los 17 connacionales privados de la libertad y se ha solicitado la elaboración de un cronograma de visitas a los centros penitenciarios”. De todas, solo una fue respondida por Velásquez, pero esta “no especifica ni amplía el verdadero alcance de la solicitud”.
Además, en el marco de la visita del canciller suspendido Álvaro Leyva en diciembre de 2023, la cartera envió 17 kits de aseo que debían ser entregados a los militares presos, pero estos nunca llegaron y no existe informe sobre la entrega.
El reporte afirma que le han recordado las funciones de su cargo, pero “ha hecho caso omiso a estas recomendaciones”. Incluso, dicen que sale a medios a anunciar medidas sin consultar al Palacio San Carlos.
Finalmente, la Dirección de Asuntos Consulares informa que “las funciones consulares no han estado a la altura”. SEMANA conoció un correo en el que la Cancillería le pregunta sobre los connacionales registrados en el consulado y cuántos manifestaron su interés de retornar en medio del conflicto entre pandillas, que se agravó en las últimas semanas.Velásquez responde que no tiene acceso a la plataforma de la Cancillería y que no tiene computadores o internet.
Asegura que su único registro es un grupo de WhatsApp “con carácter social donde se intercambian noticias”, pero no sabe si los integrantes viven en Haití y tampoco quiénes quieren retornar, dado que no existe “comunicación oficial”.
Frente a esto, la Cancillería le recuerda que en diciembre de 2023 le aprobaron recursos para comprar equipos por 10.052 dólares, que equivalen a unos 38 millones de pesos colombianos. Pero manifiesta que, en vez de comprar lo necesario, la cónsul “reintegró los recursos en enero de 2024”. Hasta le contestan que en ese mismo mes le giraron recursos para el funcionamiento del consulado por seis meses, pero tampoco compró lo necesario.
Igualmente, los familiares de los presos en Haití también están decepcionados. “Ella no ha visitado el nuevo lugar de reclusión y fue a la penitenciaría anterior una vez. Todo lo manda por domicilio, y las ayudas son robadas”.
SEMANA le preguntó a la cónsul sobre las acusaciones en su contra, pero esta aseguró estar “impedida” para hablar. La Cancillería, a la hora del cierre de esta edición, no ha respondido a las denuncias.