La Procuraduría General ha hecho varias alertas y ha tomado decisiones contra el Sena, pero la más reciente fue una investigación contra el director establecimiento público de educación en Colombia Jorge Eduardo Londoño, la directora jurídica Manuela García; el director de la oficina de tecnologías Carlos Martín Coy, y la técnica María Ofelia Gallos Sisa por las presuntas irregularidades en la revocatoria de la licitación a través de la cual se contrataría al proveedor de servicios tecnológicos hasta julio de 2026, cuya cuantía excedía el billón de pesos.
Además, pidió la revocatoria del proceso de selección por no haber hecho varios cambios en la etapa contractual para contratar servicios de una plataforma virtual de aprendizaje Learning.
Se trata de una licitación de 78 mil millones de pesos que podría generar un nuevo escándalo en Colombia porque el Ministerio Público ha alertado sobre la falta de certificaciones de calidad ISO y sobre la eliminación de una condición que dejaría en incertidumbre a la entidad sobre la existencia de los servicios que se piensan contratar.
A pesar de los llamados públicos de la Procuraduría, el Sena no se ha pronunciado y siguió adelante con todo el proceso por lo que seguramente se hará la adjudicación del millonario contrato en las próximas horas, a pesar de los cuestionamientos.
En todo caso en ese proceso existen tres proponentes, uno de ellos la empresa D2L que es el fabricante canadiense y fue rechazada por no cumplir con los indicadores financieros y organizacionales exigidos. Esta empresa está avaluada en bolsa en más de 500 millones de dólares, pero para el Sena no era suficiente. La empresa alega que los requisitos financieros resultaron beneficiando al proponente CognosOnline.
Los dos proponentes que siguen en la pelea son: CognosOnline la empresa colombiana que según su información financiera no alcanza a reportar cifras para el 2022 por encima del millón de dólares, y la Unión Temporal CET LMS 2023 la cual hace parte del fabricante Mexicano Territorium Life, otra empresa que reporta cifras de patrimonio por encima de los 13 millones de dólares. Esta última empresa radicó el 23 de diciembre una recusación contra todos los integrantes del comité evaluador. Además de toda esta polémica, a la Procuraduría llegaron dos quejas adicionales.
Para el 27 de diciembre de 2023 se tenía programada la audiencia de adjudicación, pero informaron que el proceso se encontraba suspendido con ocasión a la recusación que existe sobre todos los integrantes del comité evaluador. No obstante, el Sena no modificó el cronograma y este jueves se presentaron los proponentes para la respectiva audiencia de adjudicación.
Para este jueves 28 de diciembre a las 2:30 de la tarde se realizará la audiencia de adjudicación del millonario contrato para los servicios de la plataforma de aprendizaje virtual e-learning del Sena.
El pasado 21 de diciembre la Procuraduría afirmó que el Sena desacató las observaciones hechas y a pesar de ello, siguió adelante con el proceso. “El ente de control hizo reparos a la exigencia de la entidad sobre certificaciones ISO, las cuales se encuentran expresamente prohibidas por el Estatuto de la Contratación Pública que podrían vulnerar los principios de libre concurrencia y participación, cercenando así la posibilidad de recibir mejores ofertas para cumplir con el objeto contractual”, dice el Ministerio Público.
Para Marcio Melgosa, procurador primero delegado para la Vigilancia de la Función Pública, el patrimonio de la Nación podría correr riesgo, pues se encuentran en juego $78.191.230.624, valor del contrato para ejecutar en un plazo de 34 meses.
“Preocupa también al Ministerio Público que el Sena, en sus pliegos, haya eliminado de los requisitos la lista de funcionalidades lo que podría desencadenar en falta de garantías de un verdadero cumplimiento de las obligaciones. En atención a lo anterior, el delegado instó a la entidad a revocar el proceso licitatorio dadas las manifiestas irregularidades en las reglas del procedimiento de selección, planteadas en las observaciones hechas por el Ministerio Público”.