En febrero de este año, la Secretaría Distrital de Hacienda en Bogotá anunció que las facturas del impuesto vehicular iban a empezar a llegar a las casas de más de 2,3 millones de contribuyentes en la ciudad para continuar fomentando la cultura tributaria en la capital del país.
Fue así como a finales de marzo cada de uno de los propietarios obligados a pagar este impuesto recibieron la factura física en su casa o digital a través de su correo electrónico. En dicha factura, la Secretaría de Hacienda informó a los contribuyentes cuál es el valor a pagar para la vigencia de 2023, de acuerdo con el avalúo comercial de cada uno de los vehículos.
No obstante, a medida que fueron pasando las semanas y se ha venido acercando la fecha límite de pago con el 10 % de descuento, que está para el 2 de junio, de acuerdo con lo establecido en el calendario tributario, los contribuyentes que empezaron a cancelar este impuesto notaron algo diferente en comparación con años anteriores: la Secretaría de Hacienda les estaba cobrando una tarifa mayor a la que establece la norma.
Es de mencionar que la tarifa a pagar en el impuesto vehicular es definida anualmente por el Ministerio de Transporte de acuerdo con unos rangos de avalúo comercial. Para este 2023, las tarifas fueron establecidas por medio del Decreto 2588 del 23 de diciembre de 2022. Es así como este año, los vehículos cuyo avalúo comercial esté entre $0 y $52.483.000, la tarifa a pagar en el impuesto es de 1,5 %; más de $52.483.000 y hasta $118.08.3.000, 2,5 %; y superior a $118.083.000, una tarifa de 3,5 %.
Pero los contribuyentes empezaron a cuestionar con periodistas de SEMANA que la Secretaría de Hacienda les estaba cobrando un poco más que las tarifas establecidas por el Ministerio y compartieron algunos de los casos.
Por ejemplo, el propietario de un vehículo, cuyo avalúo comercial es de $80.990.000, pagó por el impuesto un total $2.187.000; sin embargo, al aplicarle una tarifa del 2,5 %, según lo establece el decreto del Ministerio de Transporte, el valor a pagar debía ser de $2.025.000, eso quiere decir que el contribuyente canceló $162.000 adicionales.
Caso similar ocurrió con otro contribuyente cuyo vehículo está avaluado en $271.250.000, es decir, que la tarifa que le aplica para el impuesto es de 3,5 %, lo que da un valor de $9.493.750; no obstante, en realidad debió cancelar $10.036.250, unos $542.500 adicionales.
Fueron varios los casos que llegaron a SEMANA y si bien las tarifas que los contribuyentes empezaron a cancelar eran todas diferentes dependiendo del avalúo del vehículo, lo que sí se cuestionan es por qué la Secretaría de Hacienda está cobrando de más y qué va a hacer con esos miles de millones de pesos que recibirá adicionalmente, teniendo en cuenta que en Bogotá hay 2.305.955 vehículos obligados a pagar este impuesto.
Pues bien, lo primero que hay que dejar claro es que la Secretaría Distrital de Hacienda no está haciendo ningún cobro irregular, toda vez que el artículo 33 de la Ley 2199 de 2022, por medio de la cual se expidió el régimen especial de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, se autorizó para que la tarifa del impuesto de vehículos tenga 0,2 puntos porcentuales adicionales a partir de la vigencia 2023.
Es así como en la ciudad, dependiendo del avalúo del carro, la Secretaría cobrará una tarifa de impuesto de 1,7 %, 2,7 % o 3,7 %, según corresponda el caso. En ese orden de ideas, esos 0,2 puntos porcentuales que autorizó la ley es el dinero que los contribuyentes notaron que estaban pagando de más.
Sin embargo, a pesar de que los propietarios de vehículos entendieron el porqué del cobro adicional, lo que no explican es la poco o nula pedagogía que la Secretaría de Hacienda hizo al respecto para informar acerca del cambio que iba a tener este tributo en la ciudad.
¿Qué se va a hacer con esos recursos adicionales?
De acuerdo con lo establecido en la ley por medio de la cual se expidió el régimen especial de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, los recursos que se recauden con los 0,2 puntos porcentuales adicionales en el impuesto vehicular serán destinados total o parcialmente a la Agencia Regional de Movilidad.
La Agencia Regional de Movilidad, a través de la cual la Región Metropolitana ejercerá la autoridad Regional de Transporte, será la encargada de la planeación, gestión y cofinanciación de la movilidad y el transporte a nivel regional.
Esta entidad estará a cargo del Sistema de Movilidad Regional, el cual está integrado por el conjunto de infraestructuras y servicios de transporte público y privado de carácter regional que conectan las personas y mercancías entre los municipios del ámbito geográfico de la movilidad, así como los demás elementos requeridos para su organización, planeación, gestión, regulación, financiación y operación.
De hecho, vale mencionar que en días pasados la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que el primer gran proyecto de la Agencia Regional de Movilidad será el intercambiador en la calle 80 con avenida Las Quintas (carrera 119).
La intervención que se realizará en este punto es un puente vehicular sobre la calle 80 para salir al municipio de Cota, mientras la conexión con Suba será a nivel.
Actualmente se adelantan los estudios de factibilidad y se tiene estimado que la ejecución inicie a finales de este año.
Se prevé que esta infraestructura tendrá un valor de 112.000 millones de pesos y se concluirá en 2025. Para este año se aprobaron 58.000 millones de pesos, presupuesto de la Región Metropolitana.