El concejal de Bogotá, por el partido Cambio Radical, Rolando González, entregó una preocupante radiografía sobre el hacinamiento en las estaciones de policía en la capital del país. De acuerdo con el cabildante, con corte al 20 de enero, se encontraban 2.895 personas detenidas, cuando la capacidad es de 1.227; es decir, hay 1.668 personas adicionales, duplicando la cantidad permitida.
Bogotá cuenta con dos tipos de centros de detención transitoria, 19 estaciones de policía y seis URIS a cargo de la Fiscalía de la Nación. En estas se evidencia que las personas están irregularmente recluidas por más de 36 horas.
Hoy, 19 de los 23 centros de detección transitoria presentan hacinamiento, 12 de ellos supera el 100 %, siendo los casos más dramáticos la Estación de Policía de Usaquén con un hacinamiento del 740 %, la Estación de Policía de Kennedy con 562 %, la de Bosa con 514 %, la de la Terminal con un 240 % y la de Engativá con 238 %.
Otra de las preocupaciones del cabildante radica en que en estos centros de detención transitoria hay 455 personas condenadas, que no han podido ser trasladados a las diferentes cárceles, como consecuencia de la falta de cupos para recibir los nuevos reclusos.
“Hoy las estaciones de policía se están convirtiendo en cárceles por la cantidad de delitos que se cometen en Bogotá y lo preocupante es que estos lugares no están en capacidad de sostener a la cantidad de detenidos que tiene hoy. A la fecha, la Policía Metropolitana no ha priorizado la intervención y mantenimiento de las celdas de las estaciones de policía, es necesario ampliar la oferta de equipamientos que permitan aumentar la capacidad para atender las personas detenidas”, afirmó el concejal González.
Pero Bogotá no es la única ciudad que está sufriendo de hacinamiento. En los últimos días, la Defensoría del Pueblo alertó de un monumental hacinamiento que supera el 200 % en la cárcel de Montería. Las personas allí recluidas permanecen en condiciones infrahumanas.
En una región con temperaturas que superan los 34 grados centígrados, promedio que se ha desbordado en medio del fenómeno de El Niño, en su fase calurosa, los retenidos en el lugar se quejaron ante la Defensoría del Pueblo, entidad que ahora denuncia la grave situación que allí están viviendo.
El hacinamiento es monumental. Mientras la capacidad del centro de detención transitoria es para 30 personas, hay más de 98, lo que implica que se supera el 225 %.
En consecuencia, todos los servicios están colapsados, según pudo establecer la entidad que hace parte del Ministerio Público y se encarga de defender los derechos humanos de las personas.
Los hechos que están sucediendo fueron corroborados por la Defensoría, luego de una visita de inspección en la que el defensor Carlos Camargo escuchó a los detenidos, quienes le manifestaron la precariedad del servicio de agua, las dificultades con el transporte cuando deben acudir a una cita médica o la falta de idoneidad del cableado eléctrico. Pero esas dificultades serían lo de menos, en comparación con la inexistencia de un sistema de ventilación en una región extremadamente calurosa y húmeda como lo es la capital cordobesa.
Es decir, “los hallazgos que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”, según confirma la Defensoría.
Camargo enfatizó en que la visita realizada busca evitar que ocurra una tragedia, por lo cual hace un llamado a las entidades competentes para que “pongan en marcha medidas reales y de fondo que permitan solucionar la problemática que atenta contra la dignidad humana”, sostuvo Camargo.
El funcionario expuso sus impresiones, luego de conocer de primera mano la situación que viven los detenidos, y dijo que encontró una radiografía de lo que ya ha venido denunciando esta entidad. “Hay una vulneración de los derechos fundamentales de los detenidos, la gran mayoría, si no todos, en condición de sindicados”, asegura.