Continúan las voces desde la Presidencia de la República del Pacto Histórico en asegurar que los integrantes de la primera línea que se encuentran detenidos con pruebas que ha entregado la Fiscalía General de la Nación en los diferentes procesos judiciales, son presos políticos del estallido social.
En ese sentido, la consejera presidencial de Juventud, Gabriela Posso, insistió que los jóvenes que aún permanecen privados de la libertad por hechos que rodearon el Paro Nacional de 2021, son presos políticos, de la misma manera reveló las edades de los detenidos que se encuentran en diferentes centros carcelarios del país.
Por medio de su cuenta de Twitter, la alta funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro denunció que existió una decisión clara de criminalizar a la juventud en Colombia, especialmente en Cali, el suroccidente de Colombia y Bogotá.
En el trino, Posso señaló que de los detenidos integrantes de la primera línea, cerca del 90 % están entre los 18 y 35 años, mientras que el 51 % de los detenidos en centros carcelarios son del suroccidente de Colombia más del 20 % forman parte de la zona central del país.
“Del total de los/as presos políticos del Estallido Social, tenemos que el 85 % están entre los 18 y 35 años. El 51 % son presos del sur occidente del país y el 20,5 % de la zona central. Hubo una decisión de criminalizar la Juventud de Cali, el Sur occidente y Bogotá. ¡Nunca más!”, trinó Posso.
Polémica propuesta del Gobierno
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, sorprendió al proponer que a los manifestantes violentos no les imputen cargos por concierto para delinquir y terrorismo.
Esto a pesar de lo que sucedió, por ejemplo, en el paro del año pasado. Centenares de vándalos encapuchados sembraron el terror en las calles, quemaron palacios de Justicia, asesinaron e hirieron a policías y civiles, acabaron con decenas de locales, destrozaron el MIO en Cali y el TransMilenio en Bogotá.
Tras ser capturados, los jueces les imputaron los delitos que ahora Osuna quiere desaparecer por arte de magia. Si eso no es terrorismo y concierto para delinquir, ¿entonces qué es, ministro? Lo que busca Osuna son “penas alternativas”. Sin embargo, si esta semana se demostró que se puede marchar sin vandalismo, ¿por qué premiar a los delincuentes? Una cosa es la protesta y otra es delinquir con impunidad.
Acompañamiento jurídico
Hace varios días, SEMANA conoció los detalles de la estrategia del Gobierno nacional del Pacto Histórico para lograr que salgan de la cárcel los jóvenes detenidos de la primera línea, quienes permanecen privados de la libertad por los hechos que rodearon el Paro Nacional de 2021.
En ese orden de ideas, en diálogo con SEMANA, la consejera presidencial para la Juventud, Gabriela Posso, señaló que los jóvenes que están en diferentes cárceles del país son “presos políticos sociales”, por lo que iniciará una revisión de los casos para determinar en dónde existieron “falsos positivos judiciales”.
“Desde el Gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro, ha planteado un reto y es el apoyo jurídico a los distintos jóvenes que están encarcelados y que en este momento no se encuentran en libertad y que son presos políticos sociales”, anotó Posso.
Y añadió la alta funcionaria de la Presidencia de la República: “Nosotros rechazamos los falsos positivos judiciales y estaremos revisando todos los casos, con un apoyo respetando claramente la rama judicial y respetando su autonomía, pero sí brindando un apoyo jurídico, tanto a las personas que se encuentran encarceladas, como también a diferentes familiares víctimas del estallido social”.
Finalmente, la consejera presidencial para la Juventud subrayó que una de las apuestas que tiene el gobierno del Pacto Histórico es ir a los territorios. Igualmente, indicó que ya ha identificado que esa arista de la Presidencia estaba desconectada de los jóvenes, sin atender las verdaderas necesidades que existen en los territorios.