La Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra activos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, es una de las entidades en las que puso su lupa el presidente Gustavo Petro para impulsar el prometido cambio. Allí, el mandatario nombró como director a Daniel Rojas Medellín, uno de sus hombres de confianza. El funcionario inició su gestión denunciando presuntos hechos de corrupción en la entidad. Luego ha realizado entregas de tierras en diferentes regiones del país.
Sin embargo, diez meses después del inicio del Gobierno, la entidad parece estar sumida en la inoperancia. SEMANA conoció denuncias documentadas de depositarios de la SAE, es decir administradores de predios de la entidad, que aseguran que llevan hasta 12 meses sin recibir el pago de comisiones por sus servicios. Señalan que los directivos de la SAE cortaron comunicación con ellos, que no reciben ayudas para viabilizar arriendos de propiedades y que son víctimas de una estigmatización.
Según el último reporte, la SAE tiene 199 depositarios registrados para administrar bienes, los cuales deben ser vigilados o arrendados con el fin de que sean productivos. De cada inmueble que genere ingresos, quienes ejercen estas funciones reciben un 8 por ciento del canon de arrendamiento mensual, que paga la entidad tras recibir el valor total de forma directa.
Los depositarios pueden tener cientos de predios bajo su administración, que distribuye la SAE mediante resolución. La carga laboral en muchos casos es de tiempo completo, lo cual hace que se dediquen exclusivamente a esa actividad.
Este trabajo se venía realizando sin mayor contratiempo hasta la llegada del Gobierno Petro, que provocó un fuerte remezón en la entidad. “Sacó a todo el mundo. Quienes conocían los procesos se fueron. Ahora hay gente que no tiene conocimiento. Se produjo un caos. En la administración pasada hacían reuniones y teníamos chat informativo. Éramos importantes, pero ahora nos tienen aislados”, dijo a SEMANA un depositario activo, que solicitó mantener su identidad bajo reserva.
Ellos aseguran que la falta de comunicación se convirtió en nuevos requisitos irrefutables que no corresponden a sus obligaciones y el retiro de ayudas en varios procesos. Incluso, cuentan que la entidad pide que los trabajadores paguen de su propio bolsillo necesidades como la seguridad en los predios y se retiraron los incentivos.
Los informes mensuales de los depositarios, necesarios para el pago mensual, son devueltos por los funcionarios de la SAE, asegurando que existen errores y requisitos sin cumplir. A pesar de los esfuerzos de los trabajadores por corregir las supuestas falencias, la entidad no admite el cobro, según las denuncias.
“Me devuelven cada informe y la subsanación no sirve para nada. Nunca se tiene respuesta. Tampoco reconocen los incentivos a los que tenemos derecho. El gerente de Bienes Inmuebles manifiesta que es obligación de nosotros, razón por la cual tampoco nos han cancelado”, manifestó un depositario a este medio.
SEMANA conoció correos electrónicos que evidencian la justificación de la SAE para no pagar comisiones. Los trabajadores aseguran que la mayoría no tienen sentido, como la solicitud de un acta de asamblea de propiedad horizontal o la copia de recibos de servicios públicos de un lote en zona rural.
El tiempo sin pago, que va desde los seis meses hasta el año, afecta económicamente a los depositarios. “Tengo familia e hijos. Debo en tarjetas de crédito y no he podido pagar la administración de mi conjunto. Estoy en bancarrota”, dijo otro administrador.
Varios depositarios coinciden en que puede existir un posible caso de detrimento patrimonial en la SAE debido a su situación. De acuerdo con ellos, la entidad no repara los inmuebles que arrienda y pasa la responsabilidad a los arrendatarios, a quienes se les solicita cotizar y asumir los arreglos, cuyos reembolsos también son objeto de demoras.
Además, denuncian que existen trabas en la prórroga de los contratos de arrendamiento. “Hay arrendatarios que desde el mes de enero no les facturan”, denunció un administrador, quien asegura que esta situación conlleva a que personas habiten de forma gratuita un inmueble y que posteriormente lo desocupen sin pagar.
Incluso, uno de ellos afirma que cambiaron las condiciones del arrendamiento, agregando un filtro que revisa la idoneidad de la persona que busca alquilar el inmueble. Denuncia también un “bloqueo” del arrendamiento de predios rurales, para impulsar la reforma agraria.
Otras trabas le apuntan directamente al ejercicio de las funciones de los depositarios. Según ellos, la SAE no les brinda información para renovar las pólizas que deben tener para administrar los predios, pero sí las exigen para el pago.
Una depositaria le dijo a SEMANA que no trabaja desde principios de año por falta de recursos, lo que disminuye sustancialmente la productividad de las propiedades en poder de la SAE.
“Piden informes y requisitos, pero uno no puede trabajar para ellos, uno tiene que rebuscarse para sobrevivir”, dijo la administradora.
¿Estigmatización?
Otro capítulo en la polémica es el lenguaje despectivo que los altos directivos, incluido el presidente Daniel Rojas, usan en contra de los depositarios.
A principios del año, la sociedad lanzó una convocatoria en busca de depositarios y gerentes populares, que constituye un nuevo modelo de administración de bienes. Según Rojas, los “jóvenes, mujeres, el colectivo del barrio, pueblo o ciudad” debían ser quienes ejerzan esas funciones.
Los depositarios no se sintieron a gusto con lo que dijo Rojas en el lanzamiento.“Los activos se encuentran concentrados en pocos depositarios y gerentes. Unos pocos que han accedido a ciertos privilegios. O que incluso, hay que decirlo, han estado inmersos en actos deleznables y cuestionables”, manifestó, y aseguró que los nuevos depositarios sí serán gente “honesta”.
Por eso, los depositarios sospechan que la SAE quiere sacarlos de sus puestos, por medio de falta de pago y con condiciones hostiles, para posicionar a personas afines al Gobierno.
Cansados de la situación, el pasado 19 de mayo, 27 depositarios enviaron un derecho de petición al presidente de la entidad pidiéndole una reunión urgente, con el fin de que explique los cambios de metodología, realice un cronograma para cumplir las obligaciones y agilice el pago.
La respuesta pedía un plazo de otros 15 días para contestar el recurso y hasta el pasado martes se programó el encuentro con Rojas, que quedó agendado para el 17 de julio.
Lo cierto es que muchos depositarios, que se ganaron su puesto mediante una convocatoria pública, piensan en renunciar a la administración de los bienes de la SAE. Otros quieren continuar aunque atemorizados por las acusaciones que lanzan los directivos contra quienes trabajan en dicha área.
SEMANA consultó a la SAE sobre la situación de los depositarios y la entidad respondió que se han detectado irregularidades en el manejo de bienes y fraude en algunos trámites.
“De acuerdo a la metodología, uno de los requisitos para el pago es realizar las visitas. (...) Iban a un ritmo muy diferente en el que no se les preguntaba absolutamente nada. La SAE está llena de hallazgos de la Contraloría con reclamos de predios que no recaudan arrendamiento, y predios que tienen reparación y cobros por mantenimiento que ellos nunca han reportado porque no van a los predios”, respondió la entidad por medio de un vocero.
Frente a la falta de respuesta a las enmiendas de los informes enviados por depositarios y el corte del canal de comunicación, la SAE afirma que “ponen lo mismo sin cambiar absolutamente nada”.
“Es muy difícil estar todos los días revisando qué te pregunta el depositario cuando la regla dice que es cada mes. (...) No sé si ellos quieren que todos los días respondamos los correos. En la gerencia tenemos solo diez personas y no damos abasto para estar respondiendo correos particulares”, contestó. ¿Quién podrá poner orden en la SAE?