Después de la intervención del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la atención está puesta en cómo abordará el replanteamiento de la política antidrogas en Colombia. El mandatario ha hablado de regularización de sustancias e incluso ordenó suspender la erradicación forzosa y la fumigación con glifosato de cultivos ilícitos.
Más allá de lo que hasta ahora se conocía, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante su intervención en la Comisión Primera del Senado de la República dio luces de lo que sería el siguiente paso en la construcción de la nueva política de drogas.
El ministro confirmó el apoyo del Gobierno al proyecto de ley 55 de 2022, presentado por la bancada de Comunes, el cual busca darle tratamiento penal diferenciado a pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito. Antes, Osuna resaltó lo dicho por el presidente en Nueva York.
“El discurso del presidente Petro en Naciones Unidas hace público ante el mundo, y por la puerta grande, lo que es la política de drogas del Gobierno actual. Es evidente que estamos ante una lucha de más de 40 años que es un fracaso universal, global y nacional también”, dijo Osuna en el Senado.
Por esta razón, argumentó el ministro, no tiene sentido seguir con lo que se ha venido haciendo. Al mismo tiempo, resaltó dos ejes principales en esta iniciativa.
“Por fortuna, este es un Gobierno de cambio en muchas cosas y en esta materia hay dos ejes. Uno es el cumplimiento absoluto, de buena fe y con carácter amplio del Acuerdo de Paz, firmado en 2016. El otro es el cambio de esa estrategia en la política de drogas”, agregó.
Osuna aseguró que el proyecto, presentado por el partido Comunes, es el desarrollo de uno de los puntos del Acuerdo de Paz, dado que se estableció que para los pequeños cultivadores de hoja de coca aplicaría una política penal alternativa.
Intentaron impulsar la norma por los cuatro años siguientes al acuerdo, sin éxito. Según el ministro Osuna, ya es hora para este cambio dentro del tratamiento a estos actores del proceso de las drogas en Colombia.
“Hacerle honor a lo pactado y cumplir la Constitución, expidiendo la norma, como la que propone la bancada de Comunes. Propone un tratamiento penal alternativo, esto es extinción de la acción penal, de la pena, de la ejecución de la pena y la extinción de dominio para pequeños cultivadores que entren al programa del PNIS. Algunos ya han entrado y están a la espera de esta ley”, señaló el ministro de Justicia.
“El Gobierno considera que es conveniente comenzar con hechos, en esta caso un hecho normativo, el cambio de la estrategia de drogas mediante la despenalización de la conducta de los pequeños campesinos. Lo que se ha llamado el eslabón más pequeño en la cadena producción y comercio de drogas”, dijo el ministro Néstor Osuna.
El presidente Petro, junto a su equipo, deberá delimitar la nueva política antidrogas para presentársela por completo a los colombianos. A pesar de que no se haya avanzado tanto en el tema, el mandatario de Colombia dejó claro que Estados Unidos, entre otras potencias mundiales, saben el camino que escogió.
“La guerra contra las drogas ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales, de drogas suaves han pasado a las más duras, se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país, han condenado a las cárceles a millones de personas”, dijo ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes pasado, como uno de los focos de su discurso.