El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, presentó en las últimas horas las presuntas irregularidades halladas en la contratación de la entidad durante la pasada administración.

“Con la auditoría interna que realizamos en estos meses relacionada con información que existía de irregularidades y temas relacionados con presuntos procesos de corrupción, conformamos un equipo de trabajo que ha venido revisando la información que se tiene disponible y hemos encontrado elementos que consideramos de vital importancia para presentar a la opinión pública en términos de hacer un corte de cuentas de lo que recibió esta entidad y lo que hoy estamos asumiendo”, dijo el director de la UNGRD.

En este sentido, el funcionario recalcó que, luego de los presuntos hallazgos de favorecimiento de terceros en la entidad, se encontró el caso del contratista CFD Ingeniería S.A.S., cuyo representante legal es el señor Carlos Francisco Díaz-Granados Guerra, el cual registró una concentración de 23 proyectos en 2021 y 2022 en la región Caribe y Santander.

El posible favorecimiento de carácter de político y regional con estos 23 proyectos suma más de 500 mil millones de pesos en contratos de obra y de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE).

En cuanto al servicio de maquinaria amarilla, se hallaron órdenes de proveeduría por más de $332 mil millones sin un respaldo presupuestal, lo que generó un endeudamiento para la entidad de parte del Gobierno anterior, se están presentando reclamaciones de contratistas y solo a través del mecanismo de conciliación con la Procuraduría General de la Nación se logrará dirimir cada situación en particular.

Sin embargo, según Pava, se encontraron casos de contratistas de maquinaria amarilla con órdenes de proveeduría ejecutadas sin sus firmas formales, ni la del exdirector de la UNGRD o con un contrato que respaldara la realización de la obra o labor para atender la misionalidad de la entidad en las distintas regiones del país.

En la Asistencia Humanitaria de Emergencia se encontró concentración en la contratación con uso de la misma orden para ejecutar diferentes proveedurías y contratos, y solo se ejecutó un 12 % de los recursos destinados para invertir en este programa, mientras que el restante se destinó a un rubro denominado: ‘Otros’, el cual carece de un objetivo específico para cumplir con la misionalidad de la entidad.

Sobre los proyectos de mitigación para la reducción del riesgo de desastres, Pava reveló que “se encontró más de un 28 % de obras siniestradas, con problemas en su ejecución, por ser contratadas con esquemas básicos, sin diseños definitivos y, por lo tanto, hay proyectos que terminaron con graves dificultades y hoy muchos presentan problemas en la terminación de las obras. Seguramente se presentarán reclamaciones y nuevos riesgos”.

Por otra parte, la Contraloría General de la República se encuentra adelantando procesos en términos de investigaciones específicas de contratos denunciados por parte de medios de comunicación y de la ciudadanía.

La UNGRD está a la espera de la entrega de los resultados por parte del ente de control. Vale la pena destacar que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría está investigando 18 proyectos de obras de reducción del riesgo en la subregión de La Mojana con indicios de irregularidades en su contratación y la Fiscalía General de la Nación se encuentra en etapa de investigación judicial frente a presuntas anomalías en temas relacionados con la viabilización técnica en proyectos específicos de la entidad.

Finalmente, Pava explicó que “en la actual administración estamos tomando correctivos en términos de cambiar el modelo. Vamos a garantizar los procesos con transparencia a través de convocatorias amplias en Colombia, Compra Eficiente, con contratación directa en algunos casos por medio de organizaciones sociales y comunitarias, y la maquinaria amarilla se contratará con el Ejército Nacional para evitar que quede en manos de particulares”.