Felipe Tascón Recio, el director del programa de sustitución voluntaria de la Presidencia (Pnis), en donde trabajará el esposo de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que no hay ninguna irregularidad en ese nombramiento y por eso defendió que vaya a ocupar el cargo.
“No tengo ninguna subordinación al Ministerio de Minas, no existe conflicto de intereses. El 99 % de los apoyos de la Dirección de Sustitución tienen ciudadanía colombiana. No existe ningún impedimento en contratar amigos de Colombia”, aseguró el funcionario.
Tascón agregó que la experiencia del esposo de la ministra respalda su trabajo. “Para nosotros, Sjoerd Van Grootheest no es el esposo de nuestra MinMinas, para nosotros Sjoerd es un documentalista con un currículum envidiable, soportado en premios nacionales e internacionales. Bienvenido Sjoerd al equipo de la Dsci”, afirmó.
El hecho ha despertado una profunda polémica porque Sjoerd van Grootheest ha sido nombrado en una entidad adscrita a la Presidencia de la que hace parte su esposa, la ministra Vélez. Según dijo la funcionaria, no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses con el nombramiento del documentalista.
Eso, a pesar de que no fue declarada su relación sentimental en el documento de posibles conflictos de interés que deben entregar todos los funcionarios del Estado. Según explicó la ministra, se trató de un “error de digitación” que posteriormente fue corregido.
“Las actividades que ejerce mi esposo no son nuevas, las ejecuta desde hace años y su trabajo es reconocido. No hay ninguna relación entre sus actividades y mis funciones. Como cualquier familia en Colombia trabajamos por la sostenibilidad de nuestros hijos y los gastos del hogar”, aseguró la ministra.
El contrato que despertó una profunda polémica, que fue revelado por el abogado Daniel Briceño, será con el Fondo Colombia en Paz. Van Grootheest, de nacionalidad holandesa, será el encargado de liderar la estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia que dirige Tascón. Por eso se le pagará un total de 128.770.000 pesos anuales, es decir, 10.730.000 pesos mensuales.
Sjoerd van Grootheest tiene estudios en etnografía social, antropología cultural y estudios culturales. Ha sido editor audiovisual y productor de documentales. Además, tiene una productora llamada Mississippi Dragonfly, con sede en Cali, Valle del Cauca, donde trabajó con la ministra Vélez.
Briceño también denunció en las últimas horas que, a través de esa productora, van Grootheest logró millonarios contratos con la Universidad del Valle cuando Vélez era profesora de la universidad. Incluso, en uno de ellos la actual ministra aparece como contratante.
En total fueron seis contratos entre marzo de 2018 y abril de 2021 firmados con la institución educativa pública. Los contratos suman 106.850.000 pesos en cuatro años de trabajo.
Todos los contratos tenían como objeto la dirección, producción o edición de videos en el área de ingenierías de la universidad. Vélez fue profesora en la Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente desde febrero de 2014 hasta abril de 2022.
El documento en el que aparece la ministra como contratante es de 40 millones de pesos por menos de un mes de trabajo en producción y dirección de videos. “¿Intervino Irene Vélez en su momento para que Mississippi Dragonfly, fundación representada en la actualidad por su esposo, dentro de la Universidad del Valle, para favorecer a esa organización con contratos? Coincidencias, únicamente coincidencias”, cuestionó el abogado.
El propio Fondo Colombia en Paz tuvo que pronunciarse ante la polémica y las críticas que se han hecho desde distintos sectores por supuesto nepotismo.
“El pasado 23 de junio de 2023, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Dsci) solicitó al FCP, siguiendo procedimientos debidamente regulados, la contratación de un profesional para ‘Gestionar e implementar la estrategia de comunicación y visibilidad integral, con el fin de difundir de manera oportuna la información de la dirección de sustitución de cultivos de uso ilícito a través del uso estratégico de canales de comunicación internos y externos’. En ese sentido, la Dsci envió la hoja de vida y documentación soporte de la persona que consideró desde su despacho, que puede ejecutar dicho objeto contractual”, aseguraron desde la entidad.