Una vez más la discusión sobre la posibilidad de que los militares voten en las elecciones que hay en el país volverá al Congreso, esta vez en un proyecto de reforma constitucional que comenzaría su trámite en la Comisión Primera del Senado, este martes.
La enmienda a la Carta Política busca modificar el inciso 2 del artículo 219 de la Constitución y permitir que los integrantes de la Fuerza Pública accedan a este derecho ciudadano.
De acuerdo con los ponentes del proyecto, “como cualquier ciudadano, los miembros de la Fuerza Pública (Policía Nacional, Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Área) tienen pensamiento crítico hacia la escogencia de los dirigentes”.
La idea es que este derecho quede consagrado en la Constitución Política y que el Congreso, en una ley posterior, reglamente todo lo relacionado con la manera como se regularía el sufragio para los integrantes de las fuerzas.
“Dicha reglamentación se debe articular con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el bloque de constitucionalidad y la realidad material del país para un goce efectivo del derecho al voto, esto es, al sufragio, sin afectar los derechos de la población. Este deber en respuesta al derecho adquirido”, reza la ponencia o texto que se discutirá en la Comisión Primera del Senado, este martes.
Aunque esta propuesta se ha llevado varias veces al Congreso, siempre termina naufragando por diferentes razones que argumentan sectores políticos, entre ellas el carácter no deliberante que deben tener los integrantes de la Fuerza Pública tomando en cuenta su misión fundamental en la seguridad del país.
En este sentido, uno de los ejes de la discusión jurídica que se prevé en el Capitolio tiene que ver con la posición que ha mostrado la Corte Constitucional sobre la restricción de derechos políticos a los uniformados.
En este sentido, el alto tribunal ha dicho que dada “la delicada misión constitucional que cumple la Fuerza Pública –para lo cual pueden hacer uso de la fuerza y de las armas–, el constituyente dispuso que dicha fuerza no es deliberante; que no puede reunirse sino por orden de autoridad legítima; que no puede dirigir peticiones a las autoridades, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo; que sus miembros, mientras permanezcan en servicio activo, no pueden ejercer la función del sufragio ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.
“El carácter no deliberante de la Fuerza Pública es una garantía de su neutralidad en el desarrollo de la vida política y democrática de la Nación, neutralidad que es especialmente necesaria debido a la facultad del uso de la fuerza y de las armas a que se hizo referencia. Por ello esta Corte ha dicho que “la función de garante material de la democracia, que es un sistema abierto de debate público, le impide a la Fuerza Pública y a sus miembros –que ejercen el monopolio legítimo de la fuerza– intervenir en el mismo”, indica un aparte de una posición de la Corte Constitucional sobre este tema.
Sin embargo, los ponentes del proyecto dicen que su iniciativa “amplía el ejercicio del voto” de los militares “sin desconocer que, como poseen el monopolio legítimo de la fuerza, deben tener un marco legal propio que genere una igualdad material con los ciudadanos al momento del ejercicio democrático, dando así solo autorización al voto de la Fuerza Pública cuando se expida tal marco”.
Pero el debate político y jurídico no es el único obstáculo que deberá superar este proyecto de acto legislativo. La apertura de los tiempos necesarios para ser aprobado es uno de los principales escollos. Por tratarse de una enmienda a la Carta Política, la iniciativa debe superar cuatro debates en el mes y medio que queda de sesiones ordinarias, algo que pocos ven probable.
La iniciativa fue presentada el pasado 21 de septiembre por los senadores Germán Blanco, Óscar Barreto y Juan Carlos García, del Partido Conservador; José Vicente Carreño, del Centro Democrático, y Alejandro Chacón, del Partido Liberal. Y por los representantes a la Cámara Juan Carlos Wills, Armando Zabaraín, Ruth Caicedo, Delcy Esperanza Isaza y Luis Eduardo Diaz, conservadores, y Astrid Sánchez, del partido de La U.