Faltan 41 días para que se lleven a cabo las elecciones regionales de 2023 y las amenazas de los grupos armados son una de las grandes preocupaciones.

No en vano, la Defensoría del Pueblo identificó que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral que termina el próximo 29 de octubre.

En medio de esta situación, las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, uno de los grandes promotores de secuestros, atentados y desplazamientos, anunciaron que no interferirán en los comicios regionales.

Carlos Camargo Assis, el defensor del Pueblo emitió alerta por disputas entre las disidencias de las Farc. | Foto: Defensoría del Pueblo - AFP

El sorpresivo anuncio se dio en medio de la reunión informal que adelanta esa guerrilla con el Gobierno nacional en zona rural de Suárez, Cauca, previo a la instalación oficial de la mesa de negociaciones.

“Hemos tomado la decisión de no interferir en los procesos políticos electorales (...) invitamos al pueblo a que vayan a las elecciones de forma tranquila” para elegir alcaldes, gobernadores y otras autoridades el 29 de octubre, dijo en un video enviado a medios alias Andrey Avendaño, uno de los cabecillas del denominado Estado Mayor Central (EMC).

Andrey es el jefe de una delegación de los guerrilleros que no dejaron las armas y que pretenden acordar la paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En panfletos distribuidos este año en redes sociales, las disidencias de las Farc amenazaban a candidatos que representan partidos tradicionales o de derecha, a los que consideran “guerreristas”.

Pese a la firma del acuerdo de paz en 2016 con la entonces poderosa guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aún está activo el conflicto armado que ha dejado unos nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados.

Advertencia de la Defensoría

Según la Defensoría del Pueblo, el Estado Mayor, que cuenta con unos 3.500 miembros, es la agrupación al margen de la ley que más pone en riesgo ese proceso democrático. El listado lo lideraba el cartel del ‘Clan del Golfo’, el más grande de Colombia y responsable de la exportación de decenas de toneladas anuales de cocaína.

“Hemos emitido esta Alerta Temprana Electoral para que el Estado y toda la institucionalidad puedan prevenir escenarios de riesgo y conductas que vulneren los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, el 23 de agosto pasado.

Defensoría del Pueblo advierte que 113 municipios están en alerta máxima por hechos de violencia que podrían afectar elecciones regionales. | Foto: Semana

La Alerta Temprana revela que 113 municipios en 16 departamentos están en riesgo extremo: Nariño (17 municipios), Norte de Santander (16), Chocó (15), Cauca (13), Bolívar (9), Antioquia y Caquetá (7 cada uno), Arauca y Huila (6 cada uno), Meta (5), Cesar, Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno) y Casanare, Guaviare y Santander (un municipio cada uno).

Las principales ciudades en las que existe riesgo extremo son Arauca (departamento de Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá (cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz).

El equipo de la Defensoría del Pueblo también identificó que 286 municipios están en riesgo alto, 184 en medio y 93 en bajo, que sumado con lo de riesgo extremo, representan 676 municipios advertidos en 2023. Para estas elecciones aumentó 39 % el número de municipios en riesgo en comparación con los comicios regionales de octubre del 2019, es decir, 274 municipios más.

“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, solicitó el defensor del Pueblo en su momento.

Con información de AFP