El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, actualizó mediante una nueva e innovadora metodología el diagnóstico de las infraestructuras del espacio público y las ciclorrutas de la zona urbana de la ciudad, con el fin de obtener los insumos técnicos necesarios para la gestión de priorización y conservación de las mismas.
Para cada infraestructura se desarrolló una metodología independiente con indicadores específicos. De ahí que, en el caso del espacio público, los estados sean bueno, regular y malo, mientras que para ciclorrutas las categorías son bueno, satisfactorio, justo, pobre, muy pobre, grave y fallado.
En el caso del espacio público, se determinó el estado de 28.302.130,8 m² con corte a 31 de diciembre de 2022. De ellos, 16.357.947,0 m², es decir, el 57,8 %, se encuentran en estado bueno, seguido de 8.417.974,0m² (29,7%) en estado regular y finalmente 3.526.209,8 m² (12,5%) en estado malo.
La localidad con mayor área de espacio público es Suba, con 3.378.192,9 m², de los cuales 1.773.221,5 m² está en buen estado, 1.049.728,2 m² en estado regular y 555.243,2 m² se encuentra en estado malo.
Le siguen Kennedy, con 3.287.954,1 m², de los cuales 1.627.141,1 m² se encuentran en estado bueno, 1.014.677,4 m² en estado regular y 646.135,6 m² en estado malo; y la localidad de Engativá, con 2.884.135,8 m² de espacio público, de los cuales 1.782.383,4 m² se encuentran en buen estado, y 290.935,7 m² están en estado malo.
En cuanto a la infraestructura de ciclorrutas, la ciudad tiene una extensión de 608,7 km distribuidos así: 122,6km de bici-carriles, 310,4 km de ciclorrutas, 52,7 km de vías compartidas, 35 km de intersecciones, 13,6 km de espacios ciclopeatonales, 4,0 km de ciclopuentes, 0,2 km de espacios ciclovehiculares (puentes) y 0,8 km sobre pompeyanos y 69,2 km sobre espacio público.
Según el estudio, la mayoría de las ciclorrutas en la ciudad se encuentra de manera general en óptimas condiciones: 72,9 % bueno, 17,5 % satisfactorio, 5,4 % justo, 2,2% pobre, 1,1 % muy pobre, 0,8% grave y 0,1% fallado.
Las cinco localidades con más kilómetros de ciclorruta son Suba (96,1km), Kennedy (90,0km), Engativá (63,7 km), Usaquén (61,2 km) y Teusaquillo (49,7 km).
Según Diego Sánchez, director del IDU, “el estado en el que se encuentran el espacio público de la ciudad y las ciclorrutas, así como la necesidad de intervenirlos y conservarlos, nos llevaron a la tarea de realizar este diagnóstico, que le permite a la administración contar con mejor información, para definir prioridades en la gestión y conservación de este tipo de infraestructuras”.
Y destacó que, a nivel nacional, esta sería “la primera metodología relacionada con la determinación del estado del espacio público y las ciclorrutas, y esto a su vez fortalece los procesos al interior de la Entidad en relación con el Sistema de Gestión de Infraestructura”.”.
Señaló que “con el resultado de este inventario y nuevo diagnóstico, las entidades encargadas de la conservación del espacio público y las ciclorrutas, como la Unidad de Mantenimiento Vial, las Alcaldías Locales y el mismo IDU, contarán con los insumos para que desde su competencia puedan priorizar e intervenir de manera efectiva, dado los recursos limitados, el espacio público y las ciclorrutas de la ciudad. Además, las metodologías estarán a disposición de otras ciudades del país para que puedan elaborar sus propios diagnósticos.
La información detallada de estadísticas de inventario y estado de la infraestructura del espacio público y de ciclorrutas se puede consultar a través de la página web del Instituto de Desarrollo Urbano.
En Bogotá no hay por dónde caminar, vendedores ambulantes se apoderaron de las calles
Salir de la casa a pie, sobre todo en barrios populares, la mayoría de Bogotá, es prepararse para una experiencia multisensorial. El humo que expelen los asadores de chorizo, que se mezcla con el aroma a grasa suele impregnarse en la ropa y acompañarlo por el resto del recorrido.
Un megáfono anunciando la promoción de aguacates y plátanos, le avisa que llega a la esquina en la que le toca hacer maromas para evitar ser arrollado por una bicicleta, ya que en esa parte están ubicados un sin número de vendedores informales que ofrecen todo tipo de productos en el espacio peatonal, no importa si el transeúnte lleva bastón o muletas debe caminar por la ciclorruta.
En Colombia, como en otros países, el espacio público está reglamentado desde hace muchos años, hay incluso decretos presidenciales que aclaran que esas zonas son para el disfrute de toda la comunidad y que se evita a toda costa que brinde beneficios con intereses particulares.
El bienestar común debe primar sobre el propio. Pero parece ser que con la crisis socioeconómica que afronta el país y la falta de control para hacer cumplir las normas, unos pocos están sacando provecho de los más débiles.
Para nadie es un secreto que el fenómeno migratorio, la inflación alta y la falta de oportunidades laborales, entre otros factores, ha obligado a la gente a salir a las calles y buscar la manera de conseguir el sustento diario y garantizar la comida a sus hogares, incluso la misma Corte Constitucional ha fallado a favor de aquellas personas vulnerables a las que no se les puede negar el derecho al trabajo. El problema arranca cuando nacen los monopolios de vendedores ambulantes, catalogados incluso como mafias.
Alejandro Rivera, director del Instituto para la Economía Social (IPES), confirmó a SEMANA que en medio de la caracterización que adelantan y el trabajo de campo se han identificado a personas que suelen cobrar y organizan los espacios en los barrios. Incluso han dejado al descubierto a quienes tienen varias sucursales de sus negocios.
“Nadie que tenga ventas informales y ponga casetas fijas, que esté en la capacidad incluso de generar empleo es catalogado como vulnerable”, dijo el funcionario aclarando que debería ser retirado del espacio que ocupa.
Pero hay quienes prefieren hacerse los de la vista gorda frente a la reglamentación. En la avenida Cali, con calle 152 hay un próspero negocio de comidas rápidas que ocupa casi media cuadra en la localidad de Suba. Incluso, tienen sillas para sus comensales y al menos 5 trabajadores uniformados que atienden hasta a los policías que llegan a comer a dicho punto. El problema no es solo que ocupan un espacio que limita la movilidad de la comunidad, sino que además no pagan impuestos y fomentan una competencia desleal frente a aquellos establecimientos comerciales que sí cumplen con los requisitos.
Esa escena se ve en diferentes localidades, las que tienen mayor afectación de invasión de espacio público son: San Cristóbal, Santa fe, Suba, Chapinero, Mártires y Fontibón.