Mientras el canciller encargado Luis Gilberto Murillo le dijo al país que la resolución del exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que favoreció a Thomas Greg & Sons, no tenía el peso jurídico necesario porque no contaba con los recursos económicos asegurados, el propio funcionario desmiente al actual jefe de la diplomacia en Colombia.
“No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 74-923 para el proceso contractual antes referido. Estos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre del año pasado para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal”, informó textualmente Murillo al país.
SEMANA conoció un documento que tiene en su poder Salazar, expedido por el Ministerio de Hacienda y dirigido al propio Luis Gilberto Murillo, donde “se aprueba el cupo de vigencias futuras 2025-2026 de gastos de funcionamiento del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Lo firma digitalmente Jairo Alonso Bautista, director general del Presupuesto Público Nacional (e).
“En atención al oficio del 29 de enero de 2024, radicado ante este Ministerio el 30 de enero, mediante el cual solicita autorización al cupo de vigencias futuras de gastos de funcionamiento para los años 2025 y 2026, por la suma de 368,9 millones de pesos con recursos propios y considerado que mediante Resolución 8074 del 5 de octubre de 2023 ‘por la cual se asume la dirección del proceso contractual de Licitación Pública N. LP 2023′, nos permitimos indicar lo siguiente”, se lee.
Informa que para la vigencia 2025 se fijan 247,5 millones de pesos y en 2026 más de 121,4 millones de pesos.
“La autorización para asumir compromisos de vigencias futuras que inician en el mes de octubre de 2024 y hasta el 31 de julio de 2026, sin superar el período de gobierno, con cargo al Presupuesto de Funcionamiento, se realiza con el propósito de que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores adelante la contratación cuyo objeto es suministrar, formalización y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica (…)”, se informa en la carta.
Es preciso indicar –añade el documento– “que el objeto contractual anteriormente mencionado se soporta en la relación de contratos remitidos por la entidad como insumo base para el trámite de aprobación del cupo de vigencias futuras; así pues, los recursos autorizados deben ser destinados acorde con los conceptos definidos y comunicados en la solicitud”.
Agrega: “La presente aprobación se efectúa teniendo en cuenta que cumple con lo señalado en el Artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y que el gasto está previsto en el marco gasto de mediano plazo vigente. Adicionalmente, cuenta con el concepto favorable de la cabeza del sector sin radicado de fecha 29 de enero de 2024, suscrito por la jefe (e) de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“El rubro por el cual se autoriza el cupo de vigencia futura cuenta con amparo presupuestal en la presente vigencia fiscal, de acuerdo con el certificado de Disponibilidad Presupuestal N.° 11224 del 5 de enero de 2024, expedido por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”, finaliza.
Cabe recordar que el 22 de febrero de 2024, José Antonio Salazar, utilizando los superpoderes para contratar que le otorgó a través de una resolución el canciller Álvaro Leyva, decidió favorecer en la licitación de pasaportes a Thomas Greg.
El exsecretario general de la Cancillería, quien salió del cargo tras el escándalo, le dijo a SEMANA “que este es un elemento muy importante porque es una de las cosas que está alegando el Gobierno para no cumplir con el contrato a Thomas Greg & Sons”.
“Van a decir que este documento es para la licitación que están haciendo, pero la respuesta es que es el mismo objeto contractual y habiendo sido adjudicado el contrato no puede adelantarse la licitación porque no existe la necesidad ni el objeto”, se anticipó Salazar.
“Es de recordar que todavía no hay pliegos porque está en etapa preliminar de estudios de mercado y respuesta a 553 observaciones que hicieron, las cuales ya no es necesario contestar”, añadió.
Precisamente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó recientemente que “la plata de ese contrato estaba prevista. Usted no puede sacar una licitación sin que tenga un certificado de disponibilidad presupuestal. Es lo primero que le van a pedir. ¿Tiene el certificado de disponibilidad presupuestal? Sí. Entonces, abra la licitación. Por lo tanto, la plata está ahí”, aseguró Bonilla en declaraciones en un foro.
Horas después cambió su versión.