Un documento de Migración Colombia enviado al Congreso de la República confirmó que la operación de esa unidad administrativa especial se ha visto afectada por los cambios presupuestales que se aplicaron a la entidad.
El texto de nueve páginas llegó a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en medio del análisis del presupuesto asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores para el próximo año dentro del presupuesto general de la nación, un estimado que en el monto nacional dejó profundas fisuras en el Legislativo que terminó rechazándole ese rubro al Gobierno.
Migración Colombia le dijo al Congreso que para 2025 tiene necesidades presupuestales del orden de los 332.634 millones de pesos, de los que 262.260 millones son necesarios para el funcionamiento y 70.374 millones para el componente de inversión.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda solo les asignó 303.610 millones para el próximo año, pese a que esa unidad es determinante para que el Gobierno cumpla su meta de convertir el turismo en uno de los principales renglones de la economía y más en un entorno en el que el territorio nacional es epicentro de los fenómenos migratorios globales como el de ciudadanos africanos, centroamericanos y venezolanos.
Pero las cuentas apretadas de la cartera no son solo para el próximo año, sino que en el presente ya se sienten porque se han presentado apropiaciones bloqueadas que terminaron afectando los recursos de inversión tecnológica para dar soporte a los puestos de control aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, además de las sedes donde se atienden los trámites y servicios para los ciudadanos.
El documento deja claro que “la indisponibilidad tecnológica puede generar caídas e interrupciones en la atención de la demanda de servicios migratorios” en lo que va de 2024.
La historia de los problemas presupuestales para responder a las cuestiones de seguridad tecnológica de la entidad comenzó en junio cuando el Gobierno publicó el decreto aplazando apropiaciones del presupuesto general de la nación de este año, lo que generó tres impactos directos en el día a día de esa entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.
El documento que está en manos de la Comisión Séptima de la Cámara detalla que ese lío presupuestal genera un “aumento en la probabilidad de materialización de riesgos que generarán indisponibilidades importantes en la operación de la entidad y, en consecuencia, en la atención a los ciudadanos nacionales y extranjeros”.
Ese mismo informe indica que hay un impacto en la “imposibilidad de prestar correctamente los servicios a los ciudadanos” en cuestiones como agendamiento de citas y disponibilidad de información por motivo de la ausencia de aplicaciones, temas que se traducen también en un incremento en la carga para los funcionarios de la entidad.
“No puede ser que se reduzcan los recursos con los que se combate la inseguridad porque esto va más allá de criterios rentísticos, es algo que se paga con vidas humanas. El Gobierno debe entender que los colombianos se sienten desprotegidos”, advirtió la representante a la Cámara, Juana Carolina Londoño, detallando que “la falta de fondos suficientes limita los controles”.