SEMANA: ¿Qué piensa de la decisión del Gobierno Petro de derogar un decreto expedido por su administración para combatir el microtráfico de drogas en las principales ciudades del país?
IVÁN DUQUE (I.D.): El decreto que expedimos en el 2018 estaba en estricta armonía con la Constitución y los desarrollos legales. Lo que buscaba era la protección de los niños, niñas y adolescentes, y garantizar sus entornos seguros de tal manera que pudiéramos darles herramientas a la Policía para poder decomisar la droga que estuviera en las calles, en los parques y también en aquellos lugares donde hay una movilización permanente de menores de edad. Esto con el fin de liberar parques y garantizar entornos seguros.
Ese decreto fue demandado varias veces y siempre salió adelante cuando se interpusieron demandas ante el contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque estaba perfectamente alineado con la Constitución. Ese decreto va en armonía con lo que tienen muchos países donde se descriminaliza el consumo, pero sí se impone la sanción administrativa y el decomiso donde quiera que se encuentren estupefacientes en las calles.
SEMANA: Es decir, son dos cosas distintas. Una es el consumo, que está permitido por la Constitución, y otra atacar el tráfico.
I.D.: El consumo de dosis mínima de ciertos alucinógenos está amparado bajo decisiones de la Corte Constitucional, pero no el porte, la comercialización en espacios públicos y en entornos seguros de familia. Por tanto, se procedía con la confiscación. Con la decisión que ha tomado el Gobierno, lo único que se está garantizando en este momento es que los jíbaros van a hacer su diciembre y su agosto porque van a tener la plena libertad de transportar estupefacientes en las calles para poder inundar de droga los parques y los entornos de los menores.
SEMANA. Pero el presidente Petro dice que todo sigue igual.
I.D.: Esa es una mentira, una falacia. A lo que se han dedicado en este Gobierno es a premiar a los delincuentes. No solamente los volvieron gestores de paz, y quisieron sacar a criminales que cometieron vandalismo, en el 2021, sino que ahora lo que pretenden es que los jíbaros se puedan mover como se les dé la gana en todo el territorio nacional. Esa es una medida que atenta contra la niñez, la adolescencia, la familia y la sociedad entera. Y es una decisión más de este Gobierno que busca limitar el trabajo de la fuerza pública para poder proteger a la ciudadanía. Es una medida absolutamente absurda, torpe. Este no era un decreto para criminalizar consumidores, era para garantizar el decomiso y que nadie tuviera droga en espacios públicos y evitar la comercialización en esos lugares. Muchas veces los jíbaros, en los espacios públicos, llenan los bolsillos de dosis mínima para venderles drogas a los niños. Con eso se garantizaba decomisar droga donde quiera que se encontrara.
SEMANA: ¿Ahora qué va a pasar con la Policía en las ciudades?
I.D.: Una vez más queda desorientada, desestimulada, debilitada, a eso es lo que llevan dedicados año y medio, a debilitar a la Fuerza Pública y proteger y amparar al criminal.
SEMANA: Petro ha dicho, además, que está cumpliendo con la Corte Constitucional.
I.D.: Mentiras. Él no está cumpliendo nada de lo que le dice ninguna Corte Constitucional. La Corte permitió, por una sentencia, que el consumo de ciertos alucinógenos fuera permitido bajo la perspectiva de una dosis personal. Pero lo que también queda claro es que el interés general no se puede menoscabar por el derecho que pueda tener una persona de consumir ciertas dosis mínimas de alucinógenos. Y por eso el espacio público, los entornos de parques, los entornos seguros que son de todos, no pueden estar amenazados por jíbaros que, de dosis personal en dosis personal, están vendiendo drogas en las calles. Por eso no había ninguna criminalización, ninguna judicialización, pero lo que sí había era una confiscación de las drogas que tenían las personas en los espacios públicos.
SEMANA: ¿Qué puede estar sintiendo un policía con esta decisión del Gobierno?
I.D.: Hay una gran desazón. Muchas personas seguramente van a querer retirarse de la institución. Pertenecer a una institución donde los maltratan, los cercenan, en donde han politizado los ascensos, la selección de generales, y ahora les quitan una herramienta más, pues sencillamente esto va a generar una gran desmoralización en la Policía.
SEMANA: ¿Va a haber demandas contra este decreto?
I.D.: Muy seguramente las habrá, y creo que en buena hora deberían presentarse. Pero creo que el mensaje que hay aquí, y es lo más triste, es que es un Gobierno tomando medidas para los criminales en detrimento de la gente de bien.
SEMANA: Expresidente, para que la gente comprenda bien este asunto, ¿por qué su Gobierno expidió ese Decreto 1844 en el 2018?
I.D.: En campaña siempre dije que íbamos a ponerles restricciones a la concepción de la dosis personal de droga porque los jíbaros en las ciudades se basaban en la dosis personal para andar comercializando de pequeña dosis en pequeña dosis, y eso dificultaba el accionar y el trabajo de la fuerza pública. Lo dije en repetidas ocasiones durante la campaña presidencial y también amparados en un mecanismo de reglamentación que fuera absolutamente riguroso. Nosotros logramos sacar adelante un decreto diáfano que le dio herramientas a la fuerza pública para proteger los entornos escolares y de los niños. Hubo sectores muy críticos de esa medida, pero hubo una inmensa respuesta favorable por parte de las familias colombianas que, por primera vez en mucho tiempo, se volvieron a sentir protegidas frente a ese tipo de amenazas.
SEMANA. ¿Qué experiencias hay para destacar de otros países en este aspecto?
I.D.: Hay muchos países que han logrado diferenciar lo que es la dosis personal, el consumo, del porte y sobre todo del porte en espacios públicos. En muchos países lo que procede es que no se hace la criminalización del consumidor, sino lo que opera es una sanción administrativa por el porte en espacios públicos o también una sanción de carácter administrativa por comercialización. Lo que está necesitando la fuerza pública es capacidad de responder a la necesidad de las familias colombianas de poder tener entornos seguros. Un policía que no sea capaz de hacer una requisa para detectar droga, o jíbaros en los parques, pues sencillamente es un policía que está amarrado y que está despojado de esa principal autoridad que tiene de proteger el interés general.