Este miércoles se conoció una carta del exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira dirigida al canciller Álvaro Leyva sobre el caso de Jesús Santrich, exjefe de las Farc, muerto en Venezuela en medio de combates.
La carta dice lo siguiente:
“Según su cuenta de Twitter, ese Ministerio ha decidido llevar al seno del Consejo de Seguridad lo que insidiosamente llama ‘entrampamiento’ a alias Jesús Santrich, por quien usted recientemente manifestó especial devoción y amistad. Ese foro ecuménico permitirá refrendar, estoy seguro, la legalidad de las actuaciones de la justicia colombiana y de la justicia americana en dicho caso, como ya ha ocurrido en dichas jurisdicciones.
Como usted pretende escalar ante las Naciones Unidas el análisis sobre las dificultades de la paz en Colombia y dado que uno de los puntos centrales del Acuerdo de la Habana era la reparación de las víctimas, para lo cual la desmovilizada guerrilla se obligó a entregar su patrimonio ilícito, producto de las extorsiones, el secuestro y el narcotráfico, lo que jamás ocurrió, formalmente le solicito llevar una carpeta que he preparado, en la cual se acredita que el actual canciller de Colombia, en el pasado, ideó, promovió y patrocinó un esquema para que, de facto, las antiguas Farc conservaran el control de sus activos ilegales, en detrimento de los postulados del Acuerdo de Paz.
Recordará que usted me visitó en la mañana del 30 de septiembre de 2016 y me hizo entrega formal de una propuesta sobre la entrega de dicho patrimonio, que según su información ascendía a una suma multimillonaria en pesos y dólares de los Estados Unidos. Su afán, claro está, era el de producir un hecho mediático que favoreciera los resultados del plebiscito en curso y así responder a la denuncia pública que había formulado el suscrito, como fiscal general de la nación, en la que anotaba que el acuerdo de paz nada disponía sobre la entrega de los bienes espurios de la guerrilla, que usted benévolamente calificaba como el portafolio de la “economía de guerra”.
Su propuesta consistía en que dichos bienes pasaran a una sociedad fiduciaria del Estado para que los administrara y dispusiera de ellos, atendiendo las instrucciones de un Consejo Fiduciario, integrado “por cinco representantes, tres de la insurgencia y dos representantes del Estado colombiano”. Adicionalmente, el documento preveía que la presidencia del Consejo Fiduciario sería ejercida “por uno de los representantes de las Farc-EP”. Así, los desmovilizados se aseguraban el control y la disposición de sus bienes. De esta manera, los activos producto de actividades delictivas, muchas de ellas crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, entrarían al sector financiero colombiano, sin que sus titulares perdieran su efectivo dominio. Su propuesta habría podido dar lugar al mayor lavado de activos en la historia de la humanidad, por lo cual la rechacé de plano, con el respaldo del Gobierno.
Ahí no terminaba el disparate. En el proyecto que usted me entregó se establecía que śolo el ‘treinta por ciento de los recursos (30 %) serían empleados en la reparación monetaria de las víctimas’ y expresamente se permitía que el resto se utilizara en ‘proyectos productivos que contribuyan al desarrollo integral de los desmovilizados de la guerrilla’, al amparo de su teoría de que en el ‘derecho de la guerra’, los victimarios tienen derecho al beneficio de un porcentaje del patrimonio ilegal acumulado.
Por la dimensión de estas necedades, es posible pensar que no fueron de su autoría. No obstante, tengo debidamente documentado este episodio, incluida la prueba reina: su proyecto a favor de las Farc, el que pongo a disposición del Consejo de Seguridad, para que este advierta cómo, desde un principio y con su concurso, se idearon toda clase de artimañas para que la guerrilla no reparara a sus víctimas, como en efecto ocurrió.
Entre tanto, dada su pública declaración acerca de la existencia de una amistad entrañable con Santrich y su manifiesta animadversión con el suscrito, formalmente le solicito declararse impedido en relación con todos los asuntos que su Ministerio quiera emprender en relación con el caso Santrich y con la Fiscalía y el fiscal de entonces, con base en los numerales 8 y 11 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011″.