En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación suspendió la mesa de trabajo que se tenía programada para adelantar las investigaciones conjuntas por presuntos actos de corrupción en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y citó a declarar a su director, Daniel Rojas, con el fin de que, bajo la gravedad de juramento, presente todas sus evidencias frente a las irregularidades que ha ventilado diferentes medios de comunicación.
Este anuncio vino acompañado en las últimas horas de un pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro, quien emitió un duro mensaje en su cuenta en Twitter, criticando la decisión tomada por el ente investigador.
“No se qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que, a través de sus políticos, logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.
El miércoles 18 de enero se conoció una carta en la cual Rojas retaba al fiscal general, Francisco Barbosa, a aclarar una supuesta cita en el búnker de la Fiscalía, con el fin de presentar sus evidencias. “Solicitamos respetuosamente le aclare a la opinión pública a qué encuentro no hemos asistido, pues conforme la correspondencia enviada a esta entidad, hemos participado en cada una de las citaciones y, reiteramos, que estamos a espera de conformación de la fecha y hora para instalar la mesa técnica”, dijo.
El pasado lunes, desde el Guaviare, el fiscal general Francisco Barbosa ya había hecho el primer llamado de atención por la no formalización de las denuncias por actos de corrupción en la SAE y les pidió que “pongan la cara a la Fiscalía y no solamente a medios de comunicación para ganar likes. (...) A cada momento, lo mejor es hacer escándalo, pero cuando cita la Fiscalía no van”.
En octubre pasado, la Procuraduría General hizo un fuerte pronunciamiento advirtiendo que no hay certeza del número de bienes incautados a la mafia y que estaban siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). A esta conclusión llegó el organismo de control disciplinario, tras la apertura de una investigación disciplinaria para establecer las irregularidades que se habrían presentado en los últimos años.
No es la primera vez que se encuentran el presidente y el fiscal en discusiones sobre diferentes problemáticas. El fiscal general, Francisco Barbosa, lanzó hace algunos días una clara advertencia a los comandantes de Fuerzas Militares y Policía Nacional en el cumplimiento de su deber: “Yo sí quisiera decir que Policía ni Ejército, por vía administrativa, ni por ley de la República, ni por decreto, ni resolución, pueden abandonar el territorio nacional, porque tienen una obligación”, dijo el jefe del ente investigador en ese momento.
El fiscal Barbosa dijo que, en caso de existir una orden a estos comandantes, deberán responder por omisión o prevaricato: “Lo quiero dejar claro, nadie puede abandonar el cumplimiento de la Constitución en el territorio colombiano”.
Avalúos irrisorios en escándalo SAE: hay casas y lotes rurales que no superan los cien mil pesos
Al cierre del año pasado, la Contraloría entregó un documento en el que señala que no entiende cómo la SAE calcula los arrendamientos de los inmuebles, ya que la entidad no registra el avalúo comercial para el 77 % de los bienes (21.946).
La Contraloría también analizó los avalúos catastrales y comerciales de los bienes administrados por la SAE y allí encontró varias sorpresas. Se encontraron casos en donde dichos avalúos no superan los cien mil pesos ($ 100.000) en casas y lotes rurales.
Una finca de 112 hectáreas por un valor de 64 mil pesos ($ 64.000) y un lote con construcción de 780 m² por 4.300 pesos.
“Asimismo sucede en algunos casos para avalúo comercial, donde, por ejemplo, para un lote urbano sin construcción en buen estado, de 99,48 m², aparece registrado por un monto de 1.318 pesos; y un garaje de 12 m² en buen estado, localizado en el sector de Unicentro en Bogotá, por 35.000 pesos; situaciones que permiten cuestionar también la confiabilidad de la información suministrada en el inventario”, revela el informe.
En su informe, la Contraloría no entiende cómo la SAE calcula los arrendamientos de los inmuebles, ya que la entidad no registra el avalúo comercial para el 77 % de los bienes (21.946).
La Contraloría concluye que no hay una articulación efectiva de todas las entidades que participan en la extinción de dominio y que no existe un sistema de información centralizado que permita hacer ágil el proceso.
“Cada entidad tiene su propio sistema de información, que no es compatible con las demás. Por ejemplo, el Sigma de la SAE, el Sierju de la rama judicial y el sistema SPOA de la Fiscalía General de la Nación”.
Inventario y ubicaciones
En el informe, la Contraloría entrega el inventario de bienes a diciembre de 2021: lotes 6.677, casas 5.082, garajes 3.743, fincas 3.597, apartamentos 3.282, locales comerciales 2.184, otros 3.778.
Todos estos bienes están ubicados en Valle: 7.550, Antioquia: 4.369, Bogotá: 2.777, Cundinamarca: 1.684, Meta: 1.343, Córdoba: 1.318, Atlántico: 1.227 y 8.075 en otros departamentos.
El escándalo
En un debate de control político en la plenaria del Senado, Antonio Correa, senador del partido de La U, hizo una escalofriante revelación: “La Sociedad de Activos Especiales (SAE) resultó peor que la DNE”.
Correa se refería a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que reemplazó a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y que administró por años los bienes incautados al narcotráfico, hasta llegar a su liquidación, por sus constantes escándalos de corrupción en donde los depositarios resultaban ser funcionarios públicos y políticos.
Al parecer, el senador Correa no se equivocó. SEMANA tuvo acceso a un documento en el que la Contraloría Delegada para el Sector Justicia hace un descarnado análisis de la gestión de la SAE entre los años 2019 y 2021.
El documento revela, entre muchas cosas más, que la entrega del inventario de bienes por parte de la DNE a la SAE fue documental y no material, lo que implicó un desconocimiento del total de los bienes, su ubicación, el avalúo y el estado físico de los mismos.
Según la Contraloría, la SAE pasó de tener, en 2019, 26.778 bienes inmuebles, a 28.343 en 2021, un crecimiento del 5,84 % en tres años.
Y es aquí precisamente donde comienzan los problemas, pues, según la Contraloría, el inventario actual de los bienes incautados tiene información incompleta y desactualizada: 16.283 bienes inmuebles no reportan estado físico y 29.109 registros carecen de avalúo comercial, lo que dificulta su control y administración con el objetivo de hacerlos productivos y rentables, evitar su deterioro y así contribuir con los programas sociales del Gobierno.
Depositarios y estado de los bienes
Al analizar quiénes son los depositarios de los bienes que administra la SAE, la Contraloría dejó en evidencia que un solo depositario, “Consultores Santo Domingo, supera en todos los años los 600 bienes inmuebles que le han sido asignados”, y en cuanto a las sociedades, “se encontró que 24 de ellas superaron el tope de cinco sociedades establecidas por la entidad”.
Y advierte el informe: “Esta situación genera incertidumbre sobre el control y seguimiento que realiza la entidad, en la forma como se designa un inmueble, ya sea rural o urbano a un depositario, así como sobre el manejo que dan dichos depositarios a los bienes asignados, pues ello puede ocasionar que el gran número de bienes que se les adjudica, sobrepasen su capacidad física, financiera y administrativa para gestionarlos en forma adecuada eficiente y eficaz”.
Pero hay más: el documento sostiene que sobre 496 bienes no hay información sobre quiénes son sus depositarios. Es decir, no se sabe quién los tiene.
Sobre el reporte del estado físico de los bienes, advierte la Contraloría que no se conoce el estado de más de la mitad de ellos, 16.283. Lo que implica, dice el informe, que no se puedan tomar acciones correctivas a tiempo, que impidan que los bienes se deterioren y pierdan su valor comercial.