El senador Roy Barreras aún no obtiene los votos en el Pacto Histórico para llegar a la presidencia del Senado este 20 de julio y ha querido convertirse desde ya en el vocero del partido de gobierno.

Esta semana, presidió el cónclave del petrismo en Medellín, dio directrices y anunció un polémico fast track –o vía rápida– para las iniciativas de Gustavo Petro en el Congreso. El acelerador de Barreras, con el que pretende mostrarse como un ejecutor, envió un mensaje confuso a la opinión, que consideró su prisa como un desespero.

“Nuestro fast track es el mensaje de urgencia que todos los presidentes desde 1991 han utilizado para darle más rapidez al trámite de leyes”, explicó Petro. Su Gobierno tiene afán de poner en marcha las iniciativas y adoptará la figura del mensaje de urgencia para la mayoría de ellas. Así lo han hecho todos los mandatarios. Sin embargo, la velocidad de la que habla Barreras, a juicio de sus colegas del Pacto Histórico, no es otra cosa que un intento para ganar protagonismo.

Los ministros designados han enviado mensajes sobre lo que puede venir, pero la verdad es que ningún proyecto está listo. La ministra designada de Agricultura, Cecilia López, anunció la controvertida reforma agraria con la que busca que el Estado compre los terrenos subutilizados. De lo contrario, gravará a sus propietarios con impuestos y les exigirá que tributen lo justo.

SEMANA conoció que el borrador de la iniciativa será objeto de discusiones antes de llegar al Congreso. “Lo empezaremos cuando iniciemos a gobernar, por ahora no puedo decir cuándo”, respondió la funcionaria entrante.

Aunque sus anuncios han causado alarma, ni siquiera hay cifras oficiales sobre cuántas hectáreas no se utilizan en Colombia, en qué regiones están y quiénes son sus poseedores. Ella dijo que la información saldrá del catastro multipropósito, pero el representante a la Cámara Juan Espinal informó que ponerlo en marcha costará más de 2 billones de pesos. ¿De dónde saldrá el dinero?

Tal como están las cosas, la reforma agraria se presentará en el segundo semestre de 2022, pero no necesariamente durante los dos primeros meses de arranque del nuevo Gobierno.

Ese ruido generado por algunos ministros designados ha desencadenado pánico entre algunos sectores y en el propio Congreso. En el Legislativo hay voluntad de respaldar las iniciativas de Petro, pero sin pupitrearlas y discutiendo su conveniencia.

SEMANA conoció que algunos congresistas del Partido Liberal les pidieron mayor claridad a Alfonso Prada y a Barreras y recomendaron evitar la especulación.

El proyecto que sí se está alistando para el 9 de agosto es el borrador de la reforma tributaria con la que Petro pretende recaudar 50 billones de pesos, un monto que le servirá para sacar adelante las propuestas. El presidente electo regresa al país tras sus vacaciones en Europa y una de las principales tareas será avanzar en su estructuración.

Petro, economista de profesión, ultimará detalles con el designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; el director designado de la Dian, Luis Carlos Reyes, y su asesor económico Ricardo Bonilla. La idea es contar con el primer borrador antes de su posesión. “Esperamos tenerla para entonces”, enfatizó Ocampo a SEMANA.

Petro requiere 50 billones de pesos para cristalizar las promesas de campaña, es decir que 420.000 personas paguen más impuestos, pero tiene claro que el proyecto terminará trasquilado en las comisiones del Congreso y podría ubicarse entre 25 y 30 billones. Aunque el nuevo presidente cuenta con una aplanadora legislativa, algunos partidos no están dispuestos a echarse encima el costo. De hecho, se cocinan varias jugadas que podría adoptar Petro para evitar el desgaste. Entre ellas, incluir las iniciativas del Pacto Histórico en el proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno de Iván Duque, desfinanciarlo y obligar a la creación de una ley de financiamiento que inyecte recursos económicos. En teoría, es la misma tributaria y casi que obliga a los congresistas a estudiar y aprobar lo propuesto.

Ese sería un camino menos espinoso, pues someter al Congreso al estudio del presupuesto, el plan de desarrollo y una reforma tributaria, de forma simultánea, podría reventar al Legislativo

.Por su parte, la muy sonada reforma pensional solo ha quedado en anuncios. Hasta el cierre de esta edición, el líder de izquierda no había designado al ministro de Trabajo, pese a que desde la semana anterior sonó Jaime Dussán, el secretario general del Polo Democrático.

Mientras tanto, la reforma a la salud quedó aplazada para 2023. Aunque Petro no le echó tierra a la iniciativa de la ministra designada Carolina Corcho, una de las líneas rojas que le trazó César Gaviria y el Partido Liberal en el encuentro de Florencia, Italia, fue no acabar con las EPS. En ese orden de ideas, una cosa es lo que el Gobierno ha venido anunciando y otra, la realidad.

Petro ha permanecido dos semanas en Europa, Barreras está pendiente de alcanzar las mayorías para ser el presidente del Senado, y Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco, cabezas visibles de la entrante administración, aún no tienen cargo.

“No tienen un capitán que haga la tarea y organice. No se sabe quién está mandando, hay mucha gente, pero poco orden”, concluyó un senador consultado por SEMANA. Apenas esté conformado el gabinete, el presidente electo empezará a estructurar los proyectos que llegarán al Congreso. Él, quien ha transitado por los pasillos del Senado desde hace más de una década, tiene claro que todo Gobierno disfruta de su luna de miel parlamentaria el primer año, cuando la mayoría de partidos busca acomodarse y obtener participación burocrática. En adelante, el escenario es incierto.

Por eso, el líder del Pacto Histórico pretenderá que el grueso de su agenda legislativa, al menos en asuntos económicos, transite sin mayor problema durante el primer año.

La ventaja de Petro es que el Congreso le sonríe. En menos de dos semanas logró conformar una aplanadora dispuesta a defender sus iniciativas. En el caso del Senado, ya garantizó 69 respaldos, sin contar con La U y Cambio Radical, de los 102. De ellos, 20 forman parte del Pacto Histórico, 15 son liberales, 14 son conservadores, 5 son del partido Comunes, 13 son de la Alianza Verde y dos son representantes de los indígenas.

Por su parte, La U y Cambio Radical no deciden si se declaran en independencia o de gobierno, pero lo más probable es que terminen cercanos al Gobierno. Si eso ocurre, Petro obtendría 88 respaldos.

Pero ese romance legislativo dependerá, en parte, de lo que ocurra en la Cámara. El Pacto Histórico tiene asegurada la presidencia del Senado con Barreras, pero el representante David Racero, de la línea petrista, busca convertirse en el presidente de la Cámara a como dé lugar. Si eso ocurre, podría dañar la armonía en el Congreso, y Petro enfrentaría los primeros dolores de cabeza.

Los días que vienen serán claves. Al presidente electo le corresponderá administrar el afán por la conciliación de sus ambiciosos proyectos con las fuerzas políticas que lo acompañan.