La financiación de la campaña presidencial que llevó al poder a Gustavo Petro, en 2022, cada vez está más en la mira. El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para entregar los primeros resultados de las pesquisas. Esta semana será decisiva para Petro, pues los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz incluyeron en su agenda concluir el pliego de cargos contra la campaña, en el que develarán casi un centenar de pruebas documentales, testimoniales y contables, que los llevó a concluir que la campaña Petro Presidente habría violado los topes establecidos por la ley. Y lo peor: no se reportaron la totalidad de los ingresos a Cuentas Claras.
SEMANA conoció que Ortiz y Prada tienen lista la formulación de cargos, pero lo más probable es que no la alcancen a radicar ante la Sala Plena del CNE en los próximos días.
Ambos tendrán que examinar una nueva prueba que, de confirmarse, se convertiría en una pieza explosiva que agravaría la situación: una carta que llegó al despacho de los magistrados este jueves 18 de abril firmada por el abogado Víctor Eduardo Muñoz Rosero, quien manifestó estar dispuesto a entregar al tribunal electoral una información de nuevos dineros que habrían ingresado para la financiación de la campaña electoral por medio de la captación masiva en criptomoneda, según se lee en la misiva.
Reveló que es el apoderado de Omar y Christian Andrés Hernández, dos hermanos imputados por lavado de activos por captación masiva y habitual de dineros realizada con la empresa de criptomoneda Daily Cop.
El abogado puso a disposición las declaraciones de sus defendidos como testigos directos y anunció que “se evidenciará cómo con la empresa Sadi SAS, empresa de aviación, a través del testaferro Carlos Restrepo, fue comprada una avioneta y puesta al servicio de la campaña presidencial con el dinero de la captación de la empresa Daily por un valor acordado de 1.000.000 USD. El acuerdo se dio con el señor Ricardo Roa, gerente de la campaña”, según una matriz de ayuda a la justicia que el abogado publicó.
En entrevista con Caracol Radio, Muñoz Rosero habló, además, de ofrecer testimonios directos del acuerdo y prometió entregar detalles de una reunión privada que sostuvo, en febrero de 2022, Omar Hernández, uno de los capturados, con el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, en el centro de Bogotá.
En ese encuentro –según informó– se pactó que la campaña utilizaría la aeronave de matrícula HK-5328 Super King 300 para algunos desplazamientos del candidato. Coincidencialmente, en una foto de Petro y Armando Benedetti descansando en un avión, en medio de la gira política, se observa en la silla de la aeronave una placa con el logo de Daily Cop.
La carta llevará a los magistrados a decidir si emiten un auto adicional en el que busquen pruebas de este nuevo ingrediente, que se suma al coctel explosivo de la campaña Petro Presidente, o si lo descartan.
De entrada, lo más probable es que los magistrados Prada y Ortiz evalúen la pertinencia de la prueba, pues se trata de dos imputados que buscan beneficios con la justicia. Y, de paso, determinarán si solicitan al Inpec facilitar el testimonio de Omar y Christian Andrés Hernández, quienes permanecen en una cárcel. El grueso de la formulación de cargos estaría lista. Entre las pruebas más contundentes aparecerá el pago de testigos electorales.
SEMANA conoció que los magistrados, después de hacer requerimientos y un cruce de información entre la Registraduría, Su Red, Matrix, Efecty, Super Giros, entre otras entidades de giros, confirmaron que cerca de 35.000 testigos electorales de la campaña Petro Presidente recibieron 60.000 pesos el día de las elecciones, es decir, más de 1.000 millones de pesos. Los dineros, cuya procedencia es desconocida, no fueron reportados a Cuentas Claras.
Este medio estableció que el CNE solicitó a la Registraduría la relación de testigos acreditados por la campaña Petro Presidente y, con base en estos datos, les solicitaron a las empresas de giros que informaran si esas personas habían recibido pagos por el día electoral.
Los resultados sorprenden. Esto se suma a la explosiva declaración que entregó en febrero de 2024 al CNE el maestro Cristian Uscátegui, quien denunció que recibió 60.000 pesos de la campaña el día electoral. Ese testigo estrella también habló en SEMANA y ratificó su denuncia.
La defensa del Pacto Histórico apunta a que el pago de los testigos ocurrió el día de las elecciones y no forma parte de la campaña presidencial. Lo paradójico es que inicialmente varios líderes, como Alexánder López, actual director del DNP, negaron el pago de testigos.
Otra de las pruebas consignada en el pliego de cargos es el aporte de 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) a la campaña presidencial. Aunque dice que el dinero fue entregado al partido político Colombia Humana, los magistrados tendrían serias sospechas de que existió una triangulación del aporte económico para tratar de ocultar la destinación del dinero al proyecto Petro.
Pese a que el comité ejecutivo de Fecode aprobó el 3 de mayo de 2022 un aporte económico “para colaborar con la campaña Petro Presidente” y el 24 se giró el cheque, el 16 de septiembre de ese mismo año firmaron un documento en la notaría en el que buscaron aclarar que los recursos fueron entregados a Dagoberto Quiroga, entonces representante legal de la Colombia Humana.
¿Por qué trataron de enmendar el tema cuatro meses después cuando las elecciones ya habían transcurrido? Esta fue una de las preguntas que se hicieron los investigadores. Quiroga, hoy superintendente de Servicios Públicos, siempre ha dicho que el dinero inicialmente estaba dirigido a la campaña, pero lo rechazaron, pues está prohibido que personas jurídicas donen a campañas presidenciales. Por eso, trasladaron la plata al partido de Petro.
Como si fuera poco, el pliego de cargos tendrá como pruebas los supuestos 600 millones de pesos que la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) habría entregado a la campaña presidencial. El CNE conoció un documento oficial de una auditoría de la asamblea nacional de delegados que confirma el giro.
En el acta quedó registrado que los sindicalizados se reunieron en el municipio de Girón, en Santander, los días 8 y 9 de junio de 2022 y determinaron la solicitud de 600 millones de pesos a fin de reforzar la segunda vuelta presidencial en favor de Gustavo Petro, específicamente para el día de elecciones en temas de transporte y alimentación. Al final, aprobaron 500 millones de pesos. Para el CNE se habría presentado una vez más la triangulación de los recursos.
SEMANA conoció que los magistrados Prada y Ortiz presentarán más pruebas encaminadas a demostrarle a la Sala Plena del CNE, con documentos contables, facturas no registradas, documentos de la Dian, entre otros, que efectivamente hubo dineros no reportados por la campaña.
Ambos togados revelarán la cifra en el pliego de cargos. Sin embargo, este medio cree que podrían superar los 2.100 millones de pesos si se suman los recursos de Fecode, la USO y los dineros del pago de testigos electorales.
SEMANA estableció que el CNE tiene plazo hasta julio de 2025 para decidir definitivamente sobre este tema. Por eso, lo más probable es que antes de finalizar abril se radique el pliego de cargos, que tendrá que votarse en Sala Plena. Si la mayoría de magistrados acepta la ponencia, se abrirá la investigación formal contra la campaña presidencial. O, de lo contrario, podría archivarse de inmediato.
El tema ya asusta al Gobierno Petro. Por esto, el Pacto Histórico comenzó una campaña de desprestigio contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, uno de los investigadores, y círculos cercanos a la Casa de Nariño hablan de la renuncia, casi inminente, del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. SEMANA conoció por varias fuentes que la dimisión ante la junta directiva ya ha sido conversada con el presidente Gustavo Petro.
Más allá de que la Sala Plena del CNE apruebe o no el pliego de cargos contra la campaña del presidente, la sola radicación constituiría un grave precedente que, sin duda, pondría contra las cuerdas al mandatario y a los directivos de la campaña gerenciada por el líder de Ecopetrol, pues revelaría que los magistrados investigadores tienen pruebas contundentes que podrían demostrar la presunta violación de los topes y la financiación prohibida de la campaña.
A lo anterior se suma el anuncio de la Fiscalía sobre investigaciones contra seis personas de la campaña por financiación irregular, entre ellos la vicepresidenta Francia Márquez, el embajador Armando Benedetti y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Es decir, en todos los escenarios, los directivos de la campaña, parece, están acorralados.