En medio de la radicación de la reforma laboral, el Gobierno nacional recibió un apoyo que causó sorpresa en algunos sectores, pero que estaba prácticamente cantado para quienes conocen los movimientos del Congreso; el del representante del partido Conservador, Jorge Alexander Quevedo Herrera.
A pesar de que su partido se declaró en independencia y ha hecho duros reparos a la reforma laboral, el representante Quevedo decidió firmar la ponencia del proyecto que fue radicada este miércoles 17 de mayo ante la Comisión Séptima de la Cámara.
Quevedo fue el único de los ponentes de los partidos tradicionales que firmó el texto que tenía el aval del Gobierno, pues los otros, los ponentes Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, y Héctor David Chaparro, del Partido Liberal, decidieron no firmar este texto por respeto a la posición de sus colectividades.
Si bien para algunos puede sonar sorpresivo, la realidad es que este apoyo ya estaba cantado porque el congresista conservador se ha convertido en una de las fichas clave del Gobierno en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
No solo le dio su apoyo a la reforma laboral, sino que durante el trámite de la reforma a la salud, proyecto al cual también se oponen los conservadores, contrario a lo que había dispuesto su partido de votar negativo, se salió del recinto en medio de la votación, lo que a la postre permitió salvar la iniciativa, al aprobarse el informe de ponencia.
Sus movidas a favor del Gobierno han sido tan evidentes que ya algunos lo llaman como el ‘rebelde’ del Partido Conservador. Pero, la realidad es que Quevedo está lejos de ser un conservador furibundo que agite con fervor la bandera azul de la colectividad.
De hecho, este psicólogo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, fue elegido diputado del Guaviare por el Partido de La U y en 2015 fue reelegido para el siguiente periodo con las banderas de esa misma colectividad.
En 2019, se lanzó a la alcaldía de San José del Guaviare, también por el Partido de la U, y quedó de segundo. Pero no aceptó ser concejal por estatuto de oposición, pues el gobernador del departamento, Haydeer Palacio, de origen conservador, de quien es cercano, lo nombró secretario de Educación.
En este cargo estuvo hasta 2021, cuando renunció a su cargo para lanzarse a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Hay denuncias de que el gobernador Palacio lo está ayudando; la esposa del gobernador y gestora social de Guaviare apareció en fotos haciendo campaña por él.
Además de sus posturas a favor de las reformas del Gobierno, Quevedo se ha hecho célebre en el Congreso por ser uno de los congresistas que no firmó el proyecto de ley del senador Jota Pe Hernández, con el cual se busca bajar el salario de los congresistas. Fue uno de los pocos parlamentarios que se negó a hacerlo.
La propuesta de la U
En medio de la discusión de la reforma laboral, el Partido de la U demostró que, por ahora, no acompaña al Gobierno, por lo que radicó su propia ponencia.
El documento contiene varios puntos coincidentes con el proyecto oficial, pero también incluye ajustes de hondo calado que, seguramente, aliviarían la carga que los empresarios están viendo venir con el articulado oficial.
Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara, ponente de la reforma e integrante del Partido de la U, dijo en SEMANA que, pese a haber participado en diez reuniones para construir el texto, fueron sorprendidos con la decisión de que el lunes se radicaría la ponencia, lo que no les pareció correcto, pues ellos no habían formado parte del proceso que implica tener ya el documento a la mano.
Uno de los cambios frente a lo propuesto por el Gobierno es lo que se refiere a las plataformas digitales de reparto (domicilios).
Mientras que el Gobierno dice que los domiciliarios deben ser vinculados bajo un contrato de trabajo, la U plantea que “las aplicaciones tecnológicas de reparto protejan a sus afiliados asumiendo el costo de seguridad social en pensiones, riesgos laborales y salud. Esta es una alternativa que consideramos equilibrada y que protege la fuente de empleo de miles de personas. Imponerles las obligaciones de un contrato de trabajo puede significar altos costos que impulsen a que se empiecen a reducir los empleos, como ya lo advirtió el Banco de la República”.