Las polémicas facultades extraordinarias que pidió el presidente Gustavo Petro en el Plan de Desarrollo no están seguras. Se trata de un cheque en blanco en el Gobierno que le pedía al Congreso tener poderes en asuntos clave. La oposición había alertado que eran excesivas y “dictatoriales”.
En la discusión de este miércoles, hubo ya una derrota. Los parlamentarios votaron por eliminar el artículo 329, que buscaba la creación de una entidad ambiental.
Sobre ese tema, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, defendió la aprobación de dicho artículo, pero no lo consiguió.
Las facultades extraordinarias le permitirían al mandatario, durante seis meses, tomar decisiones sin necesidad de consultarlas o tramitarlas por el Congreso, aunque tiene algunas restricciones, como que no podrá hacerlo en casos de ley estatutaria o creación de impuestos. Posteriormente, el Congreso podrá revisar esas decisiones.
Una de las que puso el grito en el cielo en su momento fue la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien reveló que “el articulado incluye desde facultades extraordinarias, nuevos impuestos, más aranceles, más burocracia, hasta politización en las aulas de clases”.
El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien además es ponente del Plan Nacional de Desarrollo, confirmó la eliminación de este artículo que, según él, generaba más burocracia y más derroche, creando una nueva agencia para la política en materia forestal y acción climática. “El debate se debe hacer en un proyecto de ley independiente y no con facultades extraordinarias”, opinó.
Aunque el Gobierno ha conseguido importantes logros en el Plan Nacional de Desarrollo, también ha tenido derrotas en los debates.
En el Senado, por ejemplo, se han archivado varios artículos, entre ellos el que pretendía que las entidades del Gobierno acogieran las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Aunque la Cámara de Representantes logró salvarlo a última hora este miércoles, en un nuevo debate, en las conciliaciones se sabrá con certeza qué ocurrirá con esta iniciativa.
Además, el Senado hundió el artículo 207 que subía impuestos a energías limpias (eólica y solar del 1 % al 6 %).
Lo mismo que el artículo 218 que buscaba la integración vertical del sector de energía eléctrica.
Igualmente, el artículo 353 que le otorgaba facultades especiales al presidente Gustavo Petro para que creara la Agencia Nacional de Seguridad Digital, una especie de DAS 2.0, según lo calificó la oposición al Gobierno.
“Faltó conciliación”, expresó la senadora Paola Holguín.
En la tarde de este miércoles 3 de mayo, avanza la discusión en las plenarias de la Cámara y el Senado del Plan Nacional de Desarrollo, que contempla inversiones superiores a los 1.154 billones de pesos durante el cuatrienio.
El nuevo ministro entró con una derrota
No es la primera derrota del Gobierno. El ministro Luis Fernando Velasco tuvo que estrenarse hace unos días con una negativa de los congresistas al artículo que buscaba que las entidades del país acataran las recomendaciones del informe de la verdad que elaboró durante varios años la Comisión de la Verdad, la cual nació tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Farc.
Velasco defendió el artículo a capa y espada, pero no lo consiguió. Las mayorías se impusieron y lograron quitar dicha propuesta del proyecto.
“Con muchos de ustedes, acompañando o haciendo control político, entregamos instrumentos para que este país buscara un camino distinto a la guerra. Y en el marco de buscar estos instrumentos, creamos una legislatura de paz que pretendía acabar la guerra en Colombia, esa guerra que dejó heridos, dolores. Y, de alguna manera, todos le dijeron al país ‘sí queremos paz’. Nos pusimos de acuerdo que había elementos centrales para hacer la paz”, dijo Velasco.
Un elemento central de esa verdad –según el ministro– era recoger a un grupo de ciudadanos que fuera por los territorios hablando con la gente y guardando esa verdad.
“Esa verdad se guardaba no para vengarse, sino para que no hubiese repetición. En el Plan Nacional de Desarrollo de un Gobierno que, en verdad, quiere jugársela para que se implementen los acuerdos que ya se firmaron. Nosotros, con respeto, trajimos la propuesta de desarrollar la comisión de verdad en este Plan de Desarrollo”, explicó.
Para él, no es un buen mensaje para el país que a una comisión de verdad, “que ha funcionado y necesita unos tiempos adicionales para entregarle toda la verdad a Colombia, este Congreso le quite esa posibilidad”.
Agregó: “yo les pido a los señores senadores que, independientemente, de su visión ideológica, reabramos ese artículo y le demos la posibilidad a Colombia de conocer la verdad del conflicto”.
A renglón seguido, en un tono más fuerte, casi gritando, Velasco insistió: “no tenemos que tenerle miedo a la verdad. El Gobierno aceptará la decisión que ustedes tomen en la reapertura, porque somos respetuosos de la democracia, pero el Gobierno no puede pasar de agache, cuando un elemento central de la paz de este país, que ustedes votaron cuando eran Gobierno, hoy la quieran acabar”. De inmediato, algunos de los senadores chiflaron al ministro del Interior.
El presidente del Senado, Roy Barreras, en un ánimo conciliador, le pidió al Congreso que volviera a votar, pero Velasco fue nuevamente derrotado. De 80 senadores presentes, 32 pidieron que se reabriera la votación, mientras 47 se opusieron. Es decir, la eliminación del artículo quedó en firme.
Aunque Velasco se salió de casillas, el senador Humberto de la Calle, el jefe negociador de paz con la guerrilla de las Farc, dijo que lamentaba “muchísimo” discrepar con el ministro del Interior, pero, según él, siempre estuvo claro que la Comisión de la Verdad no tendría una función judicial y no haría recomendaciones. “Lamento decirle al señor ministro que el origen de esto es diferente”, expresó.
El artículo 8 que se eliminó decía textualmente: “Implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad”. Y pretendía que las entidades nacionales, sobre las cuales recayeran recomendaciones del informe, las acogieran de forma progresiva, según su viabilidad, competencias y capacidades.
Además, que el Departamento Administrativo para la Presidencia definiera los lineamientos, roles y responsabilidades de las entidades competentes.