El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no ocultó su inconformidad porque las disidencias de las Farc, comandadas por Calarcá Córdoba, fueron encontradas con más de 169 millones de pesos en efectivo en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección que fueron inmovilizadas por el Ejército en carreteras de Antioquia este martes 23 de julio.
Anunció que este miércoles sostendrá una comunicación con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien denunció inicialmente lo que estaba ocurriendo en carreteras de su departamento.
“Frente a las disidencias, por ese crecimiento de la extorsión fue que el presidente Gustavo Petro levantó hace menos de dos semanas el cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco que representan más del 60 % de las disidencias. Y prolongamos el cese al fuego con las disidencias de Calarcá Córdoba y el Bloque Magdalena Medio solo por tres meses”, expresó.
Y anunció: “Vamos a evaluar en estos tres meses: si siguen aprovechando el cese al fuego para seguir delinquiendo. el Gobierno tendrá que tomar decisiones. No es aceptable la extorsión, no son aceptables las amenazas a alcaldes, hemos recibido denuncias en varias partes del país. Y no es aceptable –lo dijimos hace unas semanas– que se sigan presentando asesinatos de líderes y firmantes de paz por parte de estos grupos”.
Según Juan Fernando Cristo, “lo que sucedió este martes es inaceptable. Por el mal uso de los esquemas de protección para quienes están participando en una negociación con el Estado, serán la UNP y la Policía las que finalmente establezcan responsabilidades individuales frente a cada uno de los comandantes y la gente de las Farc”.
Mientras el ministro del Interior insiste en que no se puede permitir que estos grupos armados que están hablando de paz con el Gobierno sigan extorsionando, Andrey Avendaño le reconoció a W Radio que el dinero encontrado este martes en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección provenía de la extorsión. De hecho, argumentó que la plata les pertenece porque el Estado no financia la tropa que opera en varias regiones de Colombia.
El tema generó alarma porque no se entiende cómo el dinero producto de las presiones económicas a ganaderos, empresarios, alcaldes y otros ciudadanos en el país se movilice en carros que son financiados por el Estado.
El Estado Mayor de las Farc no ha escondido que siguen cobrando la mal llamada “vacuna”.
Recientemente, Calarcá Córdoba, el jefe de este grupo armado, quien cayó en el operativo del Ejército en Antioquia, pero no fue capturado porque no tenía una orden en su contra, le confesó a SEMANA que siguen extorsionando o acudiendo a la “financiación”, como él llamó a esa figura.
“¿Quién no sabe que las Farc se financian de esa manera? Todo el mundo lo sabe, que se hagan ahora los locos es otra cosa, no entiendo por qué vienen a armar escándalo ahora”, le expresó Calarcá a este medio.
Las Farc también cobran “impuesto” a los compradores de coca, reconoció. La cifra puede llegar al 5 % de la compra, dependiendo de la región, expresó.
Además de los negociantes de coca, las Farc les cobran “impuestos” a ganaderos, comerciantes y a algunos contratistas de grandes obras civiles en regiones apartadas.