Calarcá Córdoba, el comandante del Estado Mayor de las Farc, cuya caravana de vehículos fue detenida este martes 23 de julio en carreteras de Antioquia por tropas del Ejército, generó controversia porque en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en las que movilizaban los guerrilleros, iba un menor de edad. También armas y algunos subversivos con orden de captura. Como si fuera poco, 163 millones de pesos.
¿Qué hacía esta disidencia con este dinero?, ¿por qué se transportaba la plata en las camionetas pagas por el Estado?, ¿de dónde salió el dinero? Claramente, los recursos provenían de extorsiones. El propio Andrey Avendaño, otro de los comandantes de ese grupo, lo reconoció en W Radio y recordó que tenían que financiar a sus hombres porque el Estado no lo estaba haciendo.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, puso el grito en el cielo y les envió un contundente mensaje: “Vamos a evaluar en estos tres meses, si siguen aprovechando el cese al fuego para seguir delinquiendo el gobierno tendrá que tomar decisiones. No es aceptable la extorsión, no son aceptables las amenazas a alcaldes, hemos recibido denuncias de varias partes del país. Tampoco es aceptable —lo dijimos hace unas semanas— que se sigan presentando asesinatos de líderes y firmantes de paz por parte de estos grupos”.
Sin embargo, las disidencias que negocian con el gobierno no han negado que tienen recursos económicos y menos han escondido su procedencia.
El 10 de julio de 2024, en una entrevista con SEMANA, Calarcá Córdoba reconoció que su grupo seguía extorsionando, aunque él lo llama “financiamiento”.
“Nosotros les cobramos a las contrataciones estatales. A algunos contratistas les decimos que les corresponde pagarnos el 5 o el 1 %, eso se socializa. Eso no solo es para nosotros, ayudamos a la gente del territorio”, contó Calarcá.
“¿Quién no sabe que las Farc se financian de esa manera? Todo el mundo lo sabe, que se hagan ahora los locos es otra cosa, no entiendo por qué vienen a armar escándalo ahora”, añadió.
Las Farc también cobran “impuesto” a los compradores de coca, reconoció. La cifra puede llegar al 5 % de la compra, dependiendo la región.
Y es que, según el guerrillero, tiene que mantener a la tropa. Informó que hay un presupuesto y por cada subversivo se destinan 900.000 pesos mensuales para comida, medicina, vestuario, transporte, entre otros. Como él tiene a su cargo más de 2.000, debe contar con casi 2.000 millones de pesos mensuales para sostenerlos.
El dinero que amasan las disidencias es grande. De hecho, Calarcá Córdoba confirmó a SEMANA que el internado Gentil Duarte, ubicado entre Caquetá y Meta, lo construyó las Farc y costó 3.000 millones de pesos.
“Como entre nosotros no hay corruptos, ese internado valió unos 3.000 millones de pesos. No hemos hecho las cuentas como tal, pero no costó más de esa cifra. Las Farc lo financió, hemos hecho puentes, carreteras, baterías sanitarias, parques infantiles” explicó.
Los conductores de la Unidad Nacional de Protección tendrán que explicar a las autoridades por qué permitieron que en dichos vehículos se movilizaran por las carreteras de Antioquia casi 200 millones de pesos y personas con órdenes de captura vigentes.