El Congreso de la República tiene pensado darle al gobierno del presidente Iván Duque una buena despedida.
Un grupo de 20 congresistas de centroizquierda, que conforman la actual oposición y que a partir del 7 de agosto serán gobierno, radicaron una solicitud de debate de control político contra la administración saliente de Duque por la supuesta malversación de los fondos destinados a implementar el acuerdo de paz en algunas zonas del país.
“La plata de la paz no se toca, junto con un grupo de Congresistas radicamos una proposición para hacer un debate de control político al gobierno saliente. Colombia tiene que saber qué hicieron con los $500 mil millones de la plata de la implementación de los acuerdos”, manifestó el representante del Pacto Histórico Santiago Osorio.
El escándalo hace referencia al presunto cobro de coimas para direccionar los recursos del Ocad-Paz, que involucra a funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Contraloría General de la República y algunos congresistas. Los sobornos serían del orden de 500.000 millones de pesos.
Al debate fueron citados el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; la directora de Planeación Nacional, Alejandra Botero, y el alto consejero para la Estabilización, Juan Carlos Vargas.
Igualmente, fueron invitados el contralor general, Felipe Córdoba, y la procuradora Margarita Cabello, a quienes se les hizo el llamado, pero no están en la obligación de asistir, debido a que el Congreso no tiene la facultad de citar a los jefes de los órganos de control.
La proposición ya fue radicada y se votará este martes, durante la plenaria de la Cámara. Como la presidencia de la corporación la tiene el representante David Racero, férreo opositor a Duque, se espera que la realización del debate sea la próxima semana, justo días antes de la finalización de este gobierno.
Investigación
Por este escándalo, la Corte Suprema de Justicia, puntualmente el despacho de la magistrada Cristina Lombana, citó a declarar al exconsejero Emilio Archila.
En el auto conocido, en primicia por SEMANA, la Corte Suprema abre investigación previa contra tres congresistas: Wadith Manzuar, Yamil Arana y Alfredo Ape Cuello.
De igual manera, SEMANA conoció que Archila deberá acudir, de manera presencial, ante la Corte Suprema el próximo primero de agosto a las 2:30 p. m.
Archila se ha defendido de los señalamientos y ha explicado que fue él quien denunció los hechos irregulares y una forma de “peajes” a los alcaldes que buscaban la aprobación de los proyectos financiados con el Sistema General de Regalías, a través del programa Ocad-Paz y en el que justamente se centraron los hechos de corrupción, según las denuncias que llegaron al despacho de Archila.
El exconsejero presidencial aseguró que las denuncias que llegaron a su conocimiento fueron remitidas a las autoridades, como Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, todo con el ánimo de iniciar las investigaciones correspondientes y establecer responsabilidades en lo que llamó “peajes” a los alcaldes que buscaban la aprobación de sus proyectos con recursos de la paz.
“En desarrollo de esos criterios, desde por lo menos el primer trimestre de 2021, denuncié reiteradamente, para que se iniciaran las investigaciones que corresponden, por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento obtuve por sendas comunicaciones que recibí”, dijo Archila.