Desde que inició el proceso de negociación con el Gobierno, el ELN no parece tener más que un propósito: torpedear el proceso, con sus ataques criminales, sus constantes críticas a la administración de Gustavo Petro y sus declaraciones altisonantes que siembran dudas en los colombianos sobre los reales propósitos de esta organización.
Así quedó demostrado con el atroz ataque contra miembros del Ejército en Norte de Santander, donde masacraron, prácticamente en estado de indefensión, a nueve soldados y dejaron más de 10 heridos.
Los hechos, según se pudo establecer, ocurrieron pasadas las 3:00 a. m., mientras los hombres adscritos a la Segunda División del Ejército descansaban en la zona de alta conflictividad, pues en la zona región operan no solo el ELN, sino también las disidencias de las Farc de Iván Márquez, conocidas como la Segunda Marquetalia y las de Iván Mordisco, llamadas Estado Mayor.
A esto se suma el amedrentamiento de parte de este grupo ilegal contra comunidades en Arauca y Chocó y el secuestro del sargento del Ejército, Libey Danilo Bravo.
Además del cautiverio del uniformado, ha causado indignación la forma en la que este grupo ha tratado de justificar que siga acudiendo al secuestro. Aseguran que es su “derecho”.
Según el editorial de la Revista Insurrección, escrito por el Comando Central del ELN, el secuestro del sargento se dio “dentro de nuestro derecho a la defensa”.
Junto a sus acciones criminales, el ELN se ha caracterizado por sus declaraciones destempladas y doctrinarias.
Por ejemplo, la semana pasada, el grupo guerrillero mostró su molestia por este acuerdo y señaló que “debemos apoderarnos del Estado en su totalidad”.
“Si queremos cambios estructurales debemos apoderarnos del Estado en su totalidad, de lo contrario tan solo serán una utopía y solo la sociedad organizada logrará los cambios que necesita el país”, apuntó la organización.
Los mensajes del ELN no van dirigidos solo contra las políticas del Gobierno, sino contra el propio proceso de paz, lo que ha sembrado las dudas sobre el real compromiso de esta guerrilla con la negociación.
“La paz no es sinónimo de dejación de armas”, trinó hace algunos días Antonio García, quien de inmediato generó inquietud frente a si el ELN sí estaría dispuesto a entregar los fusiles.
Fallido cese al fuego
El año 2022 terminó, en materia de paz, con unos anuncios de las delegaciones en Caracas (Venezuela) donde las partes establecían una hoja de ruta para avanzar rápidamente en las conversaciones. Sin embargo, esa celeridad se frenó el 31 de diciembre antes de la medianoche, cuando el presidente Gustavo Petro anunció un cese al fuego bilateral con varios grupos armados, entre ellos, el ELN.
A los dos días la guerrilla desmintió al presidente Petro y lo acusó de tomar decisiones unilaterales. Los negociadores del Ejecutivo salieron rápidamente a ‘apagar el incendio’ y a decir que se trataba de una pequeña diferencia, pero una vez más, fueron desmentidos y Antonio García habló de una crisis.
El trasfondo de estas tensiones es que, contrario a otras organizaciones ilegales, la agenda con el ELN involucra el diálogo sobre asuntos que van más allá de la insurgencia y la dejación de armas, e involucran poner sobre la mesa asuntos trascendentales de país, como las pensiones, la salud, la participación ciudadana y el sistema político.
Tal como han explicado los expertos, poner sobre la mesa todos los asuntos que este grupo guerrillero quisiera sería prácticamente refundar el país, algo ante lo que no puede ceder ningún Gobierno.
Prueba de ello es que el ELN no solo ha criticado asuntos relacionados con la paz y la seguridad, sino también decisiones sobre políticas y reformas sociales.
Por ejemplo, desde su revista Insurrección, el grupo guerrillero aseguró recientemente que estos diálogos de paz se dan “en un contexto de la llegada al Gobierno de fuerzas progresistas, que para ganar gobernabilidad acuden a pactos con la derecha, lo que amenaza la llegada de reformas”.