SEMANA: Como presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer, ¿usted había escuchado con anterioridad las denuncias de abuso y violencia sexual en el Congreso que hasta ahora exterioriza Gustavo Bolívar?
María José Pizarro (M.P.): Me enteré cuando lo denunció Gustavo Bolívar. Desde que yo estoy en la Comisión Legal para la Equidad para la Mujer y soy su presidenta, como senadora de la República o como representante a la Cámara, no recibí de manera directa ningún tipo de denuncia y tampoco ninguna mujer me ha buscado para contarme que haya vivido una situación tan repugnante como la que se denunció en SEMANA.
Desde mi labor congresional, he estado liderando los temas de género en el Congreso de la República. He denunciado el acoso y violencia sexual que se vive en las universidades, entre otros ámbitos de la vida cotidiana de las mujeres. Por esto le solicité al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez que se decretara una emergencia de género, debido al aumento dramático no solo de violencias basadas en género, sino de feminicidios y abusos sexuales en su país. Estamos a la espera de que sea acogida esta propuesta. Ahora es más urgente por el abuso sexual a menores en el Guaviare, los feminicidios que no cesan y otro tipo de violencias basadas en género, como la denunciada para este medio.
SEMANA: La comisión anunció que se está creando un protocolo de denuncia para las mujeres que trabajan en el Congreso que hayan sido víctimas de violencia sexual. ¿De qué se trata?
M.P.: El 25 de noviembre, y como resultado de un trabajo que veníamos adelantando con ONU Mujeres, el Instituto Republicano, con las oficinas jurídicas del Congreso de la República y con las oficinas de la división de personal de ambas entidades, veníamos trabajando en un protocolo tanto para Senado y para Cámara. Estaba en revisión de las oficinas jurídicas desde que se hizo el anuncio, el 25 de noviembre. Ese mismo día se hizo una campaña pedagógica para que las mujeres que estuvieran siendo víctimas de acoso y violencia sexual en el Congreso de la República tuviesen un espacio seguro para prevenir y orientarlas.
Estamos ad portas de que se emita la resolución, por parte del presidente de la Cámara y del Senado, mediante la cual se adopta el protocolo por parte de las mesas directivas.
SEMANA: Antes de que se ponga en marcha, la comisión se puso a disposición de las víctimas para denuncias y orientación frente a estos presuntos abusos. ¿Se ha utilizado ese mecanismo hasta ahora?
M.P.: No, por lo menos yo no he sido contactada. La disposición se ha hecho y lo he dicho en todos los medios de comunicación. Por supuesto, se ha reiterado la necesidad de la adopción del protocolo. Creo que para las mujeres que trabajan en el Congreso de la República es absolutamente claro que hay mujeres, tanto senadoras como representantes, que parte de nuestro quehacer es superar las violencias basadas en género. Esta es una y así que las puertas siguen estando abiertas para recibir cualquier tipo de denuncias.
Hay dos cosas que sí considero muy importantes. En primer lugar, la centralidad deben ser las mujeres. Cualquier tipo de denuncia, bien sea a través de los medios de comunicación o a través de los canales que ha establecido el Congreso, tiene que poner en el centro la protección de las mujeres. Tienen que ser ellas el centro de la protección. Tengo una profunda preocupación por la situación de las mujeres que son víctimas de este flagelo en el Congreso. ¿Qué acciones se están tomando hoy para proteger a las mujeres? Creo que este debe ser el centro del actuar, no desestimar ninguna denuncia bajo ninguna circunstancia. Acompañarlas y orientarlas para que ellas puedan realizar las denuncias formales ante la Fiscalía y Procuraduría. Por supuesto protegerlas. Al poner la denuncia, ya sea a un congresista o a un medio de comunicación, deben ser inmediatamente sujetos de protección.
SEMANA: Dicen que es un secreto a voces...
M.P.: El acoso sexual laboral es una realidad en nuestro país en todos los ámbitos. En el periodismo ocurre. Estoy segura que estas situaciones se presentan en ámbitos tanto privados como públicos cada día. Con mayor frecuencia y violencia, con presiones cada vez mayores. No te puedo decir que eso es un secreto a voces, yo no me enteré. Si yo me hubiera enterado, yo sé cómo hubiera actuado: inmediatamente.
Además, construimos un proyecto de ley que yo espero, además con lo denunciado por Gustavo Bolívar, sea sancionado por el presidente después de los dos trámites que le hacen falta en el Congreso de la República. Es una ley que busca sancionar y prevenir la violencia política contra las mujeres y tiene disposiciones para las mujeres que trabajan en los equipos técnicos de los hombres que están ejerciendo la política. Es un proyecto de ley que busca proteger situaciones como las que denunció el exsenador. Es algo que debe ser abordado.
SEMANA: Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha sido más severo con el ELN. ¿Existe una crisis en la negociación?
M.P.: No hablaría de una crisis entre las delegaciones o en la mesa de diálogos con el ELN, no hablaría de una crisis. Hablo de unos acuerdos a los que llegamos en un primer ciclo de conversaciones, que tenían además que consolidarse algunos apartes de estos acuerdos en el segundo ciclo. Por supuesto, hacer los llamados de atención que sean necesarios entre las partes para poder ir afinando y encontrando los puntos que no pueden ser desdeñados en la negociación. Me parece que después de lo sucedido, hay puntos que deben ser abordados de manera urgente, como el cese bilateral. Ese es un tema que se había tocado, pero que por supuesto no hizo parte del centro de las conversaciones de la primera ronda.
SEMANA: ¿Qué siente cuando Antonio García dice que no comparten la paz total del Gobierno?
M.P.: Creo que el ELN tampoco es absolutamente homogéneo. Estoy segura que al interior de los distintos frentes hay discusiones políticas de esta índole. Quisiera saber si esta es una posición oficial del ELN o si es la posición de Antonio García. En segundo lugar, creo que el ELN tiene derecho a no estar de acuerdo con la propuesta de paz total. Están sentados en una mesa de diálogo con el Gobierno nacional porque están conscientes de que la paz es el camino. Los colombianos y colombianas merecen que las partes en conflicto se sienten a dialogar y que le encuentren una salida negociada al conflicto. Es un camino difícil, la paz no se hace por decreto, no se impone. Se dialoga, se concreta y concreta. Eso tiene sus tiempos. Si no están de acuerdo con la paz total, pueden y eso está en discusión en el país. Por parte del ELN, la ciudadanía y todos los actores de la sociedad colombiana. Pero la paz es el compromiso absoluto, el objetivo máximo. No nos podemos dejar desviar de ese camino.
Eso aprendí de mi padre, quien estaba negociando como comandante de un movimiento insurgente. Que la paz también es generosidad, comprensión y entender la visión del otro. No hay una ruta definida con cada organización, tenemos que ir encontrando los caminos.
SEMANA: ¿Por qué cree que el proceso inició con tantos inconvenientes y cruce de versiones?
M.P.: Creo que se tienen que afinar los mecanismos de comunicación en los intervalos. Es decir, tal y como se estableció la hoja de ruta, hay un ciclo de 20 días de diálogos y otros 20 de pausa. Se van estableciendo en común los tiempos de pausa. Es normal que este tipo de situaciones sucedan. Esto no es ni parecido a las crisis que han padecido diálogos con otras organizaciones. Crisis en el Acuerdo de Paz con las Farc se dieron y mucho más graves que esta. Y en el caso de mi padre. No más el asesinato de mi padre, el hecho de que mi padre haya sido asesinado 45 días después de firmar la paz es muchísimo más grave. Estamos hablando del comandante general del movimiento 19 de abril, que fue asesinado 45 días después de pactar la paz. Sinceramente esto me parece un tema que debemos conversar y sintonizar. Puede ser de comunicación, puede y debe ser necesario profundizar, pero ni de cerca se parece a crisis en otros acuerdos de paz en el país, que además hemos logrado sobrepasar y seguir adelante.
La forma en la que el país sobrepasó el asesinato de Carlos Pizarro fue la asamblea nacional constituyente. Ninguno de los miembros del M-19 regresó a las armas, a pesar de que asesinaron al máximo comandante.