El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro, dejó claro que el Gobierno sí pacta acuerdos burocráticos con partidos a cambio de tener respaldo para sus proyectos en el Congreso y confirmó una realidad: hay una campaña de desprestigio contra los medios de comunicación, que busca favorecer la imagen del presidente.
Las declaraciones de Bolívar, reveladas por SEMANA, dejan al funcionario mal parado ante los organismos de control y en riesgo de ser investigado por el presunto delito de cohecho, pues el ofrecimiento de puestos a sectores políticos se habría configurado como una transacción para cumplir los objetivos del “cambio” de Petro.
El abogado penalista Jaime Lombana advirtió que “ese tipo de conductas lesionan el bien jurídico de la administración pública de manera grave. Ofrecer a otro servidor público puestos, cuotas burocráticas, o contratos por un acto propio o contrario a sus funciones se considera una acción penalmente relevante. Las dádivas, cargos, o prebendas por una decisión o un voto, vulneran y lesionan la confianza del ciudadano en la transparencia de los servidores públicos”.
La confesión de Bolívar aparece en seis videos conocidos por SEMANA que corresponden a una reunión virtual que celebró el funcionario recientemente. Aunque Bolívar dijo que se trató de una charla “privada” por la que “no debe rendir cuentas”, se trató de un encuentro con otros funcionarios en el que se abordaron asuntos de interés público.
En el pasado, las autoridades abrieron procesos judiciales por confesiones de ese talante. Como lo indica el abogado Iván Cancino, “el Gobierno necesita gobernabilidad, lo que quiere decir que debe buscar acuerdos políticos. Si estos son a cambio de algo, puede haber una conducta parecida a la que se investigó con la Yidispolítica. No se puede olvidar que la Corte Suprema está investigando al exdirector del Fondo Nacional del Ahorro por sus declaraciones, así que seguramente al doctor Bolívar se le abrirá una investigación”.
En los videos se escucha cómo un funcionario identificado como Álvaro Muñoz le dice a Bolívar que no ha podido “hacer nada” en el Consulado de Colombia en Guayaquil, argumentando que esa oficina pertenece al partido Mira, a lo que Bolívar le responde que le hará esa consulta al canciller, Luis Gilberto Murillo: “Le voy a preguntar el caso de Guayaquil porque no sé si el Mira, no he sabido, toca preguntar, es parte de esos acuerdos que se hacen para la aprobación de los proyectos”.
El director de ese partido, el senador Manuel Virgüez Piraquive, negó que el Mira tenga personal en ese o en algún otro consulado, y le pidió al director del DPS aclarar la “falsedad” de sus declaraciones.
Adicionalmente, el presidente Petro prometió priorizar la carrera diplomática en los nombramientos en el exterior, pero hechos como este evidencian que los consulados y las embajadas siguen en manos de cuotas políticas.
“El Gobierno nacional optó por el camino de la ilegalidad para hacer funcionar sus proyectos. Lo de Gustavo Bolívar no es un hecho aislado: lo mismo pasó con la UNGRD y con los liberales en el Fondo Nacional del Ahorro. Quieren someter vía burocrática a los sectores del Congreso”, señaló el representante Hernán Cadavid.
En la reunión, el director del DPS confesó además que está en marcha una campaña de desprestigio contra Caracol, RCN y SEMANA, buscando afectar a la prensa que ha revelado grandes escándalos de corrupción del Gobierno Petro.
Someter a la prensa
Al hablar con sus interlocutores sobre por qué el presidente Petro tiene una imagen favorable del 51 por ciento, pero en una encuesta pagada por la propia Casa de Nariño, Bolívar señaló: “Sí, tiene que ver con un cambio en las comunicaciones. Ahora yo creo que el Gobierno está empezando a comunicar mejor que antes. Todos los influencers han tenido mucha más credibilidad, y la gente está empezando a mirar noticias a través de ellos. Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN, SEMANA (terrible), pues han dado resultado. Y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche están boleándole al presidente, etcétera. Bueno, ese es el panorama: yo creo que es positivo”.
Ese testimonio, a juicio de la directora de El Colombiano, Luz María Sierra, “es una especie de censura. Lo comparo con los tiempos de Goebbels, quien tenía muy claro el uso de la propaganda, y creo que están aplicando lo mismo. Al presidente Gustavo Petro le gusta mucho hablar de los nazis, parece que ha leído mucho sobre ellos, y está aplicándonos un poco de esa medicina”.
Sierra es contundente: antes se censuraba cerrando medios, pero ahora se utilizan los recursos del Estado para generar relatos para atacarlos a ellos y a quienes piensan diferente al Gobierno.
La confesión de Bolívar ya despertó la condena de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la misma que firmó una directiva para la libertad de prensa con la Casa de Nariño en septiembre y que el presidente Petro violó el mismo día que fue acogida. “La respuesta que hasta ahora ha dado Gustavo Bolívar es totalmente insuficiente. No es excusa su argumento de que es una conversación privada porque su contenido es de interés público. La gravedad de lo que admite Bolívar en esa conversación exige que explique sus afirmaciones y que se abstenga de cuestionar a los medios que las están haciendo públicas”, consideró el director de esa organización, Jonathan Bock.
El uso de esas bodegas puede constituirse como otro delito debido a que “si se demuestra que recursos públicos se están destinando al pago de bodegas para atacar medios de comunicación, esto se llama peculado por apropiación en favor de terceros”, detalla el abogado Francisco Bernate.
“Que desde el Gobierno nacional se promuevan esas prácticas, como lo ha confirmado el señor Gustavo Bolívar, alto funcionario de Gustavo Petro, es peligrosísimo, pone en línea de fuego a los medios de comunicación, a quienes los dirigen y a quienes trabajan en ellos. Cuando desde el propio Estado no se brindan las garantías mínimas para el ejercicio del periodismo, a la que se ataca es a la libertad de prensa y al derecho de los ciudadanos a estar bien informados”, comentó la directora de El País, Vicky Perea.
El director del DPS quedó en la mira por las conversaciones reveladas por SEMANA, mientras que el mismo presidente Petro se escuda en afirmar que esta se trató de una supuesta charla de carácter privado. Lo cierto es que ninguno de ellos ha negado la existencia de esa campaña contra los medios, ni la participación de las cuotas políticas en el servicio exterior. Es más, tan politizado está ese sector que hasta se habló de poner un retrato de Gustavo Petro en el consulado en Guayaquil.
A las denuncias, el Gobierno respondió con más ataques, pero la prensa seguirá investigando. Como lo dice el director de RCN, José Manuel Acevedo, “frente a quienes intentar minar la credibilidad de los medios, atacar la libertad de prensa, generar un ambiente hostil contra los comunicadores, llámese como se llame y de la orilla que sea, solo nos queda un camino: seguir persistiendo en hacer buen periodismo, sereno, libre, riguroso y sin apasionamientos. Eso es lo que creemos en Noticias RCN y no desistiremos”.