El exministro del Interior Daniel Palacios no ocultó su descontento con la propuesta del presidente Gustavo Petro de una reconciliación nacional en Colombia en la que estén incluidos los narcos. El anuncio lo hizo el primer mandatario este miércoles 23 de agosto desde Ciénaga de Oro, en Córdoba, la tierra donde nació.
“Se hará una ley de reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la licitud y la violencia puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana, una vez se alejen de su cerebro la idea de matar al compatriota y despojar al compatriota humilde”, dijo.
Y aclaró: “Este gobierno va a hablar, pero eso no consiste en arrodillarse”.
Daniel Palacio, quien ha criticado en más de una oportunidad la política de paz total del Gobierno nacional, le envió un mensaje al primer mandatario a través de su cuenta personal de la red social X.
“Definitivamente, presidente Gustavo Petro, su obsesión es sacar a los delincuentes de las cárceles como sea. Está claro que su objetivo es dar impunidad total a quienes tanto daño le han generado al país”, le dijo.
Y continuó: “Presidente, nadie necesita reconciliarse con un narcotraficante, su deuda con la sociedad se paga cumpliendo su condena. Si quiere premiar a narcos o hacer favores no los disfrace de reconciliación, no insulte a sus víctimas”.
La propuesta del mandatario llevó a distintos sectores políticos de oposición a revivir el escándalo del Pacto de la Picota, en el que Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, visitó varias cárceles del país en plena campaña presidencial y habló con narcos que estaban detenidos.
Aunque el tema no ha trascendido judicialmente, e incluso terminó salpicando a la senadora Piedad Córdoba, no se descarta que estuvieran adelantando algún tipo de negociación previa con estos bandidos en plena contienda política.
La iniciativa de Gustavo Petro también llevó a algunos de sus contradictores a abrir la puerta a su inconstitucionalidad.
La representante de la Alianza Verde Katherine Miranda dijo que “el perdón social es inconstitucional”.
Y retomó el Artículo150.17 de la Constitución Política que dice: “En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, amnistía o indulto”.
Como el gobierno de Gustavo Petro tiene claro que no podrá cambiar la Constitución, lo más posible es que acuda a cambiar el Código Penal, a través de la controvertida Ley de humanización que ha venido impulsando el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Sin embargo, el escenario no es nada fácil en el Congreso. En el semestre pasado, el proyecto de humanización se radicó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pero al final no se impulsó porque el Gobierno nacional comprendió que no había ambiente para su respectiva aprobación.
En esta oportunidad, el proyecto será radicado nuevamente en las próximas semanas, según informó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No obstante, no está claro si allí estará contemplada la propuesta de Gustavo Petro.