El 20 de julio se iniciará la tercera legislatura del Congreso y desde ya se avecina una gran discusión política sobre las prioridades que se deberán implementar para avanzar en diferentes temas que están pendientes para los partidos. Aunque las colectividades tienen una amplia gama de proyectos para beneficiar a sus regiones, el trámite de las reformas del Gobierno Petro ha truncado su avance. Nuevamente, la agenda legislativa estará centrada en los anuncios del mandatario, que a menudo se quedan en meros anuncios y tardan varias semanas en explicar su propósito.
Sumado a todo el enredo de la constituyente que deberá liderar Juan Fernando Cristo, asunto que todavía no ha sido aclarado sobre cómo se llevará a cabo, ahora Petro propuso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) un fast track, que no es nada distinto a un mecanismo para recortar los trámites legislativos y que las iniciativas sean aprobadas de manera expedita.
Si la propuesta de Petro es echar mano de la misma figura que se usó para crear un marco normativo para el acuerdo de paz con las extintas Farc-EP en 2016, la idea sería que por medio de este mecanismo pudiera acelerar la aprobación de unos temas puntuales que anunció: modificación de las normas de las vigencias futuras, cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones para dirigir recursos a las zonas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), excarcelar al campesinado productor de hoja de coca, inversiones forzosas para la sustitución productiva de economías ilícitas, creación de la figura de la conversión hereditaria en las zonas selváticas, reforma agraria, la transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos, un tribunal de cierre para todos los actores del conflicto y la ampliación del acuerdo por siete años más.
En el papel es un trámite que se podría hacer en el Congreso por la vía ordinaria, pero Petro quiere hacerlo rápidamente, según él, para acelerar la implementación del acuerdo de paz. No obstante, todo este asunto podría resultar siendo una discusión estéril a dos años de terminar su mandato y de que haya elecciones al Congreso. Para que Petro pueda sacar adelante su idea del fast track, el gobierno deberá presentar un nuevo acto legislativo que contemple las modificaciones y reglas que se quieren cambiar para que sea aprobado por el Congreso.
En medio de toda esa discusión política, han surgido voces afirmando que a través de ese fast track se podría ampliar el periodo de las curules de los integrantes del Partido Comunes y de las denominadas curules de paz por lo que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclaró el tema para que no haya más dudas.
“No, eso no está contemplado de ninguna manera. Las curules de paz y las curules de quienes están en el tránsito a la legalidad están establecidas por ocho años en la Constitución Nacional”, dijo Cristo.
El jefe de la cartera política señaló que ese tema de ampliar las curules no se ha tocado por ningún sector y sencillamente se quiere es imprimir celeridad en lo que se acordó en 2016.
“Lo que ha expresado el presidente Petro es el interés de acelerar el Acuerdo de Paz con un plan de choque que contenga una definición de las inversiones en los territorios, la articulación del gobierno con entidades territoriales y definir los puntos esenciales para introducir reformas. El presidente tuvo la idea de revisar el fast track, es un borrador que hay que revisar a fondo”, reiteró.
Sobre ese mismo asunto, SEMANA consultó a Pastor Alape, integrante del partido Comunes, quien también señaló que ese tema no entraría dentro de la discusión de acelerar la implementación.
“Eso no se ha planteado, todo esto es un elemento para discutir, pero no hemos puesto ese tema a consideración. Algunos dirán que se pueden ampliar las curules de paz (Citrep), pero es otro asunto. Aquí habría que analizar bien porque en la evaluación podría decirse que las curules ya cumplieron los ocho años de funcionamiento y que en ese tema ya se cumplió. Eso no está contemplado”, dijo.
Cristo estuvo reunido en la mañana de este martes 16 de julio con los integrantes del Consejo Gremial para socializar la idea del acuerdo nacional para construir confianza entre diferentes sectores con base en unos temas puntuales que se están trabajando.
“Vamos a conformar un equipo de trabajo del gobierno nacional junto con voceros de los gremios para que hagan parte de una tarea del plan de choque de la implementación del Acuerdo de Paz para los próximos dos años”, dijo Cristo.
Todos estos asuntos tendrán que llegar al Congreso de la República después del 20 de julio, fecha en la que empezará la tercera legislatura.