Toda una polémica se formó en el país por la adjudicación de un predio que perteneció al condenado y extraditado narcotraficante Pedro Orejas a una empresa cuyo representante legal es el polémico general en retiro Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional.
La información fue confirmada a SEMANA por el expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Andrés Ávila, a quien algunos sectores están señalando de haber realizado el procedimiento al finalizar la anterior administración.
Según le dijo Ávila a esta revista, es “un solo predio. No son cuatro. Son cuatro folios de matrícula. Ese predio estuvo publicado en la página de la SAE para arrendamiento y tengo entendido que llegó una oferta de la empresa PAAR Consulting Group S. A. S. por 4 años”.
“Esa empresa es representada por el general Palomino. No existe ninguna prohibición legal para negar una oferta de esas características. Fue la única oferta que llegó. Eso se puede comprobar con la nueva administración. Entiendo que el contrato se firmó en agosto, pero la entrega la hizo este Gobierno y firmó un otrosí al contrato para entregarlo al arrendatario”, aseguró Ávila, quien fue cabeza de la entidad durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
Aunque efectivamente el procedimiento parece haberse desarrollado dentro de la ley, la polémica se centra en la figura controvertida del uniformado, quien fue destituido e inhabilitado por 13 años por la Procuraduría por haber influido en un subalterno para que este cambiara una declaración.
Igualmente, el uniformado tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por supuestamente usar sus influencias para intentar frenar la captura de un empresario.
De acuerdo con Ávila, el general no sería el depositario del bien, sino el representante legal de la empresa que arrendó del predio, incautado al condenado y extraditado narco Pedro Orejas. Según trascendió se trataría de la hacienda La Granada, ubicada en inmediaciones de Simijaca, Cundinamarca.
El expresidente de la SAE también le dijo a SEMANA que “el contrato, por lo que me informaron, tiene un valor de 8 millones más IVA. Es un contrato con un estimado y un valor de renta importante” y añadió que “esto no lo aprueba una sola persona. Son ofertas que llegan, son públicas. Las aprobaciones se hacen a través de comités y existe todo el soporte del tema”.
Agregó que la entrega la hizo el Gobierno actual el pasado 30 de septiembre. “En mi calidad de expresidente de la SAE presenté unos derechos de petición a la nueva administración con los cuales espero, posteriormente, solicitar a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría los pronunciamientos respectivos”, anunció el exfuncionario, refiriéndose a algunas afirmaciones que se habrían hecho en su contra.
Los bienes que fueron objeto extinción de dominio a Pedro Nel Rincón Castillo alias Pedro Orejas, de acuerdo con la investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación, se obtuvieron con dinero producto del narcotráfico, de laboratorios clandestinos que montaron en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca y que luego sirvieron para el envío de cocaína a los Estados Unidos y Europa entre el año 2002 y 2015.
Se trata de al menos 700 propiedades que estaban a nombre de Pedro Orejas, sus familiares y algunas personas que sirvieron como testaferros del señalado narcotraficante extraditado a los Estados Unidos en 2018.
Las propiedades, que incluyeron fincas, casas, apartamentos, ganado, vehículos y hasta títulos mineros, estaban avaluadas en más de un billón de pesos y, de acuerdo con la Fiscalía, coinciden con el momento de mayor incremento patrimonial para Pedro Orejas y su organización.