Al posesionar a Luis Carlos Leal como nuevo superintendente de Salud, el presidente Gustavo Petro sorprendió con la orden de implementar la reforma a la salud sin aprobarla en el Congreso. El mandatario hizo énfasis en hacerlo en las instituciones y EPS que el Gobierno “controla”.
“Nosotros queremos que, en lo que permite la ley y las normas actuales, implementemos el modelo en las EPS que controlamos, desde ya. Eso significa que en la Superintendencia de Salud y la Nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud”, dijo el mandatario.
Le dio una orden clara al superintendente: “Esas son las tareas. No vamos a intervenir de inmediato las EPS que ya están en circunstancias de intervención”. Incluso, dijo que las aseguradoras bajo su “control”, refiriéndose también a las intervenidas, llegan “casi a la mitad de los afiliados en salud de Colombia”.
SEMANA conversó con expertos sobre lo que sería la propuesta de Petro, que no tendría los recursos y directrices necesarias, y el uso de la Supersalud como mano derecha en el proceso.
Las intervenidas son Savia Salud, Emssanar, Famisanar, SOS y Asmet Salud. Juntas cuentan con cerca de 10 millones de usuarios en varias zonas del país. Junto a los de la Nueva EPS serían cerca de 20 millones de usuarios a nivel nacional.
Sin embargo, Petro debe ceñirse a lo que puede hacer por ley.
Según Carmen Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, se puede implementar la Atención Primaria en Salud, que es acceso a los servicios de salud necesarios con prontitud. Esto puede aplicarse a través de la Ley 1438 de 2011, pero “en cierta medida es inducir la demanda de servicios de salud. Puede costar más frente a las frecuencias y costos que hoy tenemos”.
La segunda medida que sí pueden implementar es la de los equipos extramurales en zonas rurales y dispersas, que también necesitaría más recursos, y el giro directo, que no requiere infraestructura. Lo que sí no se puede cambiar es el uso de los recursos, como subcuentas para atención básica en salud y fortalecimiento de infraestructura. Tampoco se pueden convertir a las EPS en Gestoras de Salud y Vida, como lo quiere la reforma, y no se puede transferir el manejo del riesgo financiero al Estado.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, manifiesta que el anuncio del presidente es “el reflejo de algo que se ha insistido a lo largo de la discusión”, dado que varias estrategias de la reforma se pueden adelantar sin el trámite en el Congreso.
Pero existe otra gran preocupación con las órdenes del presidente al superintendente de Salud, dado que este debe actuar con independencia y según las necesidades de los usuarios.
Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud en el Gobierno Duque, criticó el discurso del mandatario. Recordó que la administración pasada liquidó 14 EPS, mientras que esta solo las ha intervenido.
“Una vergüenza. Ellos no deben administrar, ellos intervienen. Los interventores son auxiliares de la justicia, autónomos e independientes, que no reciben órdenes del ministro, del superintendente y mucho menos del presidente”.
Aseguró que es un “plan macabro” para “mantenerlas en administración”, cuando deberían entregarlas con mejores indicadores o liquidarlas.
La presidenta de Acemi comentó sobre el rol de la Supersalud: “No puede ser instrumento para la aprobación y desaprobación de la reforma. Lo que no se debe permitir es que se instrumente para un fin político”.
Con el temor de que se hunda la reforma a la salud, el Gobierno busca implementar sus ideas con las leyes que existen actualmente, pero sin los recursos necesarios para ello, teniendo en cuenta que el sistema se encuentra golpeado porque la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente, entre otros montos que les adeudan.
En el camino cuenta con la Superintendencia de Salud como una aliada con capacidad de sanción, intervención y liquidación de EPS. La reforma comenzará a implementarse, pero son muchos los cuestionamientos acerca del plan del Gobierno Petro.