La reforma pensional liderada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, agoniza por falta de tiempo.
La iniciativa tiene ocho días para ser aprobada en cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y dos más para ser conciliada con el Senado. En otras palabras, el tiempo se agota y el Congreso no quiere caminarle a la iniciativa, porque la mayoría de parlamentarios están recusados por distintos hechos, entre ellos, los fuertes señalamientos del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, contra algunos parlamentarios a quienes señalaron de recibir ayudas y beneficios de la entidad a cambio de aprobar las reformas en el Legislativo.
A los ocho días que tiene la iniciativa para aprobarse hay que quitarle dos, que son los que por ley tiene derecho la oposición para hacer debates de control político.
Es decir, quedarían seis días para tramitar la iniciativa, un estrecho margen para avalar una iniciativa de la importancia de la pensional.
SEMANA conoció que los días que se tomará la oposición para adelantar sus debates serán el jueves 13 de junio y el lunes 17 del mismo mes.
Como están las cosas, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco tendrá que avanzar lo que más pueda en resolver los impedimentos este miércoles 12 de junio.
Y es que este martes 11 de junio, cuando el Gobierno pretendía avanzar en el estudio y trámite de los impedimentos de congresistas frente a la reforma pensional, no se logró. Sobre las 5:00 de la tarde, un número importante de parlamentarios del Partido de la U, el Liberal, Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático e independientes decidieron salirse del recinto y desbarataron el quórum.
Unos lo hicieron porque hacen parte de la oposición y quieren ganar tiempo para atravesarse y frustrar la aprobación de la iniciativa. Otros porque están recusados por distintos hechos. El presidente de la Cámara, Andrés Calle, no dirigió la plenaria porque fue señalado de recibir 1.000 millones de pesos de la UNGRD, según denunció el exdirector de la entidad, Olmedo López.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, no escondió su preocupación en la plenaria porque él también fue señalado por López de, al parecer, beneficiarse de contratos de la entidad. “Se vendió”, dijo el exfuncionario a este medio.
En la plenaria de la Cámara este martes, Manzur dejó al descubierto su preocupación.
“Yo quiero plantear mi inquietud en el siguiente sentido, ¿qué pasa si yo voy y voto el proyecto de ley, independiente de cómo lo vote, y mañana la Comisión de Ética decide que sí estoy recusado y yo ya participé en la votación? No se vicia el trámite del proyecto de ley, pero inmediatamente quedo sujeto a una pérdida de investidura. Ese es mi temor”, expresó el congresista costeño.
La Comisión de Ética de la Cámara tiene plazo hasta este viernes para resolver algunas de las recusaciones, pero cada día llegan más impedimentos y deben resolverlos. Esa estrategia de la oposición, sin duda, retrasa el debate.