A través de una carta, la ministra de Educación, Aurora Vergara, se refirió a la polémica que se generó porque su esposo, Víctor Olmedo Martínez, tenga un contrato con la Defensoría del Pueblo.
La ministra envió una carta a SEMANA y reconoció que su esposo trabaja en la Defensoría. “En efecto mi compañero de vida trabaja en la Defensoría del Pueblo, así he dejado constancia en toda la documentación pública correspondiente. Él ha sido funcionario público por más de dos décadas de su vida profesional”, aseguró la ministra.
Además, resaltó que la Defensoría es un ente autónomo e independiente en el que los procesos administrativos y contractuales no dependen de la rama ejecutiva de la que ella hace parte. “Ni mucho menos de la cartera ministerial que represento”, afirmó.
Vergara aclaró que desde su visión, la vinculación contractual de su esposo, al ella ser ministra, no configura conflicto de interés alguno ni tendría capacidad de influir en sus funciones y responsabilidades o de beneficiar a un particular.
La respuesta de Vergara se da luego de la polémica que se desató y si podría tratarse de un nuevo caso de supuesto nepotismo en el gobierno de Gustavo Petro. Según Caracol Radio, Olmedo Martínez tiene un contrato con la Defensoría del Pueblo por 90 millones de pesos, los cuales vienen siendo pagados en montos mensuales de 10 millones. La vigencia del contrato es de nueve meses y arrancó el 8 de febrero de este año e irá hasta el 6 de noviembre.
De acuerdo con el documento, el objetivo de la contratación de Olmedo Martínez es acompañar “la implementación y el seguimiento de los proyectos de cooperación internacional y convenios o contratos interadministrativos, en el marco de los decretos y leyes étnicas”.
Vergara sí detallo la relación que tiene con Olmedo Martínez en sus documentos. Sin embargo, no refirió que esa situación pueda generar un posible conflicto de interés.
No se trata del único caso que ha salido del Gobierno de altos funcionarios que tienen la particularidad de que sus parejas sentimentales también trabajan con el Estado o recientemente han tenido contratos.
El que más llamó la atención fue el de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ya que gracias a una denuncia del abogado Daniel Briceño, se conoció que el esposo de la funcionaria, el documentalista holandés, Sjoerd van Grootheest, fue contratado para dirigir las comunicaciones del Fondo Colombia en Paz. Por ese trabajo se le pagará al esposo de la ministra de Minas un total de 128.770.000 pesos anuales, es decir, 10.730.000 pesos mensuales.
A diferencia de Vergara, Vélez no relacionó a su esposo en el documento que deben llenar todos los funcionarios del Estado. Posteriormente, la ministra reconoció su relación con van Grootheest y dijo que se habría tratado de un “error de digitación”, aunque defendió el nombramiento del documentalista.
Otro de los casos que se conoció de supuesto nepotismo en el Gobierno fue el hijo de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, quien tiene un contrato con el Ministerio de Cultura por 76 millones de pesos.
El documento contractual de Restrepo Ramírez fue firmado el 18 de enero del presente año y se extiende hasta el próximo 31 de agosto. En cuanto al pago, ha sido de 9.500.000 pesos mensuales por “prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de alianzas estratégicas, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de iniciativas, planes, programas y proyectos del Ministerio de Cultura, así como el manejo de agenda y proyectos de la ministra de Cultura”.