El gobierno del presidente Gustavo Petro, que prometió desde la campaña proteger a los trabajadores, enfrenta un nuevo problema con sindicatos por falta de garantías. Tres grandes grupos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) decidieron irse a paro por 48 horas, cesando funciones vitales para varios grupos sociales.
Los sindicatos Sintrabienestar, Acodefam y Sidefam, que abarcan cerca de 6.000 trabajadores de la entidad, convocaron un paro del 25 al 26 de julio con el fin de exigirles a las directivas una ampliación de planta, que liberaría a colaboradores sobrecargados y agilizaría la atención a la niñez.
El sindicato Sidefam, que une a los defensores de familia que trabajan para el ICBF, expuso la situación a la que son sometidos por medio de un comunicado.
Según explican, el Código de Infancia y Adolescencia, que entró en vigencia hace cerca de 17 años, ordena que las Defensorías de Familia deben contar con un equipo interdisciplinario constituido por psicólogo, trabajador social y nutricionista; esto no se cumple en casi todas las oficinas del país.
Al mismo tiempo, tampoco se cumple la ley en torno a la cantidad de Defensorías de Familia necesarias para atender a la población infantil de Colombia. En 2020, la entidad estableció que debía haber un defensor de familia por cada 10.000 habitantes en cada una de las regionales del ICBF.
De acuerdo con un informe del instituto que conoció SEMANA, de los 1.103 municipios del país, hay defensores de familia en sólo 160 de ellos. De esa forma, únicamente hay 1.292 Defensorías de Familia disponibles en el país.
De estas, sólo 79 están especializadas en atención en violencia sexual, 542 atienden todas las vulneraciones, y 641 atienden vulneraciones y otros asuntos.
La falta de defensores y de sedes para atender a las familias satura laboralmente a quienes trabajan en estas oficinas, por lo que el ICBF prometió crear desde octubre una planta temporal de cerca de 1.257 puestos, con una inversión de 26.264 millones de pesos para 2024.
Sin embargo, para los funcionarios de estas oficinas no es suficiente por la urgencia con la que se necesita más apoyo.
SEMANA conversó con Rafael Báez, presidente de Sindefam, quien explicó la situación que deben atravesar los defensores de familia con la falta de ampliación de planta y de sedes.
“Genera sobrecarga laboral, demora en el servicio de atención de niños, niñas y adolescentes, nos están pidiendo atención 24/7 cuando no contamos con el personal necesario para asumir esa carga”, indicó el líder sindical.
Y agregó: “Al no tener defensorías completas, estamos casi vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No porque los defensores queramos, pero porque el ICBF no nos da el personal necesario para cumplir con eso”.
Al mismo tiempo, las madres comunitarias, que llevan varios días en protesta en todo el país, aseguran que existen retrasos en sus pagos e incumplimiento en los compromisos pactados con el ICBF. Muchas llevan varios meses sin recibir sus salarios, lo cual afecta directamente a los menores que protegen.
Muchas protestan en la sede de Bogotá, otras, como aquellas que prestan sus funciones en La Guajira, bloquean vías con el fin que sus quejas sean escuchadas.
El ICBF se une al Ministerio del Trabajo y otras entidades del Gobierno Petro en interrupciones en el ejercicio de sus funciones por falta de acuerdos con los sectores sindicales. En una administración que se pensaba cercana a los trabajadores, los problemas por maltrato, falta de garantías e incumplimiento de compromisos cada vez son más frecuentes.