Una crisis sin precedentes tiene en la incertidumbre al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), una entidad técnica que hasta ahora había permanecido alejada de la controversia pública. Sin embargo, en el Gobierno de Gustavo Petro el rumbo parece distinto. En enero, y tras cuatro años de labores, la veterinaria y zootecnista Deyanira Barrero León renunció a la gerencia del ICA. En su reemplazo se nombró en encargo a María del Pilar Ruiz, quien se desempeñaba como directora de Innovación.
SEMANA conoció denuncias que aseguran que Ruiz, en alianza con Ricardo Venegas, asesor de la gerencia y líder sindical, hizo fuertes cambios en sus dos meses de encargo y despidió a expertos con años de trayectoria. Asimismo, realizó nombramientos sin los requerimientos necesarios y mostró poca agilidad en la contratación de servicios.
Ruiz renunció al cargo el pasado 7 de marzo. Funcionarios del ICA, que prefieren mantener su identidad en reserva, señalan que en sus dos meses hubo una verdadera “cacería de brujas”. “A todo el que olía a la administración anterior lo sacaron”, manifestó uno de los funcionarios.
Subgerentes, jefes de oficinas asesoras, gerentes seccionales y directores técnicos fueron retirados de sus cargos, advierten los denunciantes. Afirman que en áreas como sanidad vegetal, animal, protección fronteriza, junto con las oficinas de planeación y administrativa, llegaron personas impuestas por la nueva administración que no tendrían las capacidades técnicas que se requieren.
Además, de acuerdo con los denunciantes, la entidad no cuenta con los insumos para suplir sus requerimientos operativos y hace falta personal en áreas importantes. “Únicamente se ha firmado el 25 por ciento de los contratos de prestación de servicios de apoyo a las áreas misionales, lo cual ha sido un impedimento en la atención de las emergencias sanitarias presentadas”, aseguraron funcionarios del ICA a SEMANA.
Esta falta de personal habría retardado las labores de inspección, vigilancia y control. Por esa razón, quienes denuncian dicen que el país se encuentra en “riesgo sanitario y fitosanitario”. “Las oficinas a nivel nacional no cuentan con personal que realice labores de cafetería en las sedes, no se cuenta con servicio de mensajería, no hay contrato para la revisión técnico-mecánica de vehículos, no se cuenta con impresoras ni papelería, así como el mantenimiento de las instalaciones, que en muchos casos pone en riesgo la salud tanto de usuarios como de funcionarios”, agregó un trabajador de la entidad.
Uno de los casos más polémicos es el retiro de la gerente seccional de Antioquia, quien denunció anteriormente que funcionarios de la oficina local de Turbo agregaron animales al sistema de Guías Sanitarias de Movilización por fuera de los horarios de oficina, lo cual consiste en “inconsistencias graves con posible connotación disciplinaria”.
Según la funcionaria, en conversación con SEMANA, una verificación de la entidad comprobó que dichos funcionarios habrían registrado animales para traslado sin el correspondiente soporte de vacunas.
De acuerdo con el oficio en el que se denunció la situación a la Policía Fiscal y Aduanera del área metropolitana de Medellín, esto puso en riesgo “el estatus sanitario del país, ya que puede llegar a favorecer el contrabando y abigeato de animales, lo cual va en contravía con las normas técnicas establecidas por el instituto”.
En 2020, una verificación interna del ICA, conocida por este medio, recomendó el bloqueo o cambio de perfil en el caso del funcionario Gustavo Porras, uno de los presuntos responsables de la irregularidad que denunció la exgerente seccional. A su vez, se remitió el informe a la oficina de asuntos disciplinarios para tomar medidas frente a la actuación del trabajador.
Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando, al iniciar la administración de Ruiz, se retiró a la gerente de Antioquia para que Porras llegara a su cargo. Eso preocupa a funcionarios de la entidad por los antecedentes disciplinarios y los posibles riesgos sanitarios en el territorio.
Alianza con sindicatos
SEMANA conoció un correo electrónico, enviado por comunicaciones internas de la entidad, en el que un grupo de trabajadores del ICA promovió apoyar una carta dirigida al presidente Gustavo Petro para que Ruiz se mantuviera en el cargo como gerente en propiedad. “Por iniciativa de un grupo de compañeros, se comparte con todos ustedes una propuesta para dar continuidad al proceso de cambio y fortalecimiento institucional que lidera la actual gerente, María del Pilar Ruiz Molina”, dice la comunicación.
La carta habría sido enviada el pasado 5 de marzo, y los sindicatos de la entidad le comunicaron al presidente Petro que el ICA aportaba al propósito de transformar a Colombia en una “potencia mundial de la vida” y como pieza esencial en la garantía de soberanía alimentaria.
Así, manifiestan que la decisión de nombrar gerente general encargada a María del Pilar Ruiz fue “acertada”.“La doctora Ruiz está demostrando, con su amplia experiencia de más de 35 años en el sector, su capacidad, idoneidad y disposición, organizando un equipo de trabajo para llevar al instituto al cambio y constituirse en un actor fundamental de su Gobierno”, se lee en la carta, en la que manifiestan que los trabajadores se sienten “identificados” con el nuevo modelo de gestión.
De esta forma, principalmente a nombre de los sindicatos de la entidad, solicitaron que el presidente Petro respaldara a Ruiz como gerente general en propiedad, cosa que no ocurrió.
El pasado 7 de marzo se conoció que Ruiz renunció a su cargo como gerente encargada por “mejores oportunidades laborales”. Sin embargo, funcionarios de la entidad le contaron a SEMANA que fue la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien solicitó su salida, dado que conoció las quejas de los empleados.
Asesores del Ministerio de Agricultura fueron los principales contradictores de Ruiz en el cargo, presionando y dándole a conocer las quejas que les llegaban a ellos. Según una fuente conocedora de la situación, fue este el motivo de fondo que forzó la salida de la funcionaria.
En entrevista con SEMANA, Ruiz aseguró que no hubo despidos masivos de personal técnico en altos cargos. “Les pedí la renuncia a 40 funcionarios de libre nombramiento y remoción y fui evaluando. De ellos, solo acepté la renuncia de diez, los otros 30 siguen en el ICA. No fue un remezón, fue un cambio en el equipo directivo”, aclaró.
Además, frente a los nuevos nombramientos, sostuvo que son funcionarios que vienen de la misma entidad: “De los nuevos que nombré, cuatro eran doctores. Varios tenían dos maestrías. Necesitaba gente de confianza, como no podía traer a nadie de afuera. Todos cumplen el perfil”.
También se refirió a la carta enviada al presidente. Manifestó que no conocía que esta se envió a todos los funcionarios por correo electrónico por medio de las comunicaciones internas de la entidad. “No tengo nada que ver con esa carta”, indicó.
A su vez, aseguró que, si bien encontró la entidad con un freno en las contrataciones, su administración las reanudó ágilmente, dejando el problema solucionado: “En menos de un mes hicimos una contratación grandísima”.
En cuanto a las tensiones, la exfuncionaria aseguró que sintió los rumores y críticas a su administración: “Empecé a tener muchos chismes, comentarios y cosas que herían mi sensibilidad. Preferí dar un paso a un lado. No me pidieron la renuncia, renuncié. Había mucho ruido”.
Por su parte, Juan Fernando Roa, actual gerente encargado del ICA, que viene de la carrera administrativa con más de cinco años de experiencia en la entidad, sigue evaluando el contexto de la entidad tras su llegada al cargo.
Frente a la seguridad sanitaria y fitosanitaria, el funcionario aseguró que ha habido cohesión en las áreas técnicas: “Continuamos siendo eficientes en las situaciones que se van presentando. (...) Por supuesto, los cambios traen ese tipo de comentarios, pero acá lo que prevalece son los resultados”.
Lo cierto es que tanto funcionarios como exfuncionarios resaltan la importancia de que en el ICA se nombre a un gerente general en propiedad con el fin de aliviar tensiones provocadas por los cambios de dirección y brindar seguridad a quienes se quejaron por la inestabilidad tras los despidos. La Universidad Nacional y el Ministerio de Agricultura aún buscan a la persona idónea para el cargo.