El reconocimiento del Gobierno Petro al robo de la espada de Bolívar, uno de los primeros actos delictivos del M-19, ocurrido en enero de 1974, levantó una profunda polémica en el país y revivió heridas de esa época de violencia.
En un polémico intento por reescribir la historia, el Ministerio de Cultura organizó esta semana distintos actos en el Museo Nacional y la Casa Museo Quinta de Bolívar. Las banderas del M-19 ondearon y fueron expuestas en espacios institucionales mientras de fondo sonó música de protesta. Se escucharon arengas a favor del presidente Gustavo Petro, que perteneció a esa guerrilla, y exaltaciones a Jaime Bateman y a Carlos Pizarro, dos de sus principales líderes.
En medio de los actos, hubo un conversatorio en el que participó Otty Patiño, uno de los cofundadores y negociador de esa guerrilla con el Gobierno y hoy comisionado para la paz. En el Museo Nacional fue recibido con aplausos. “Entiendo la importancia que tiene este acto de rememoración de la espada, es recordar la historia de este país. Nosotros sacamos la espada de Bolívar del museo donde estaba medio oculta para decir que sigue siendo un elemento vigente en la vida de los colombianos”, afirmó Patiño.
Él conversó con la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, y Vera Grabe, otra militante de esa guerrilla y actual jefe negociadora del Gobierno con el ELN. Lo polémico fue que, en medio del conversatorio, exaltaron al M-19, pero nunca hablaron de los crímenes cometidos ni de las víctimas.
Cuando es claro que la espada fue robada, la senadora Pizarro, por ejemplo, intentó abrir las puertas para que la historia sea acomodada a cualquier interés específico: “Así es la historia. Unos hablarán del robo, efectivamente fue un robo, otros hablarán de sustracción. Pero precisamente se trata de que en nuestro país empecemos a adoptar distintas versiones y ponerlas en diálogo para que al final logremos algo que pareciera imposible y es lograr la reconciliación”.
Cincuenta años después de los hechos, en el Gobierno Petro no consideran que se haya tratado de un robo, sino de una “recuperación”, como se mencionó en la invitación conjunta entre el Ministerio de Cultura y el M-19. Eso provocó una oleada de críticas en contra del ministro Juan David Correa. Sin embargo, el alto funcionario se mantuvo en su postura. “Se trata de aceptar esas críticas, escucharlas, poderlas discutir en paz. El M-19 le cumplió a esta sociedad los pactos de paz que firmó. También puso víctimas después de ese momento. Lo que tenemos que celebrar es que se llevó a cabo un proceso de paz exitoso”, afirmó el ministro.
Mientras tenía lugar este homenaje en el Museo Nacional, donde ondeaban banderas del M-19 en los pasillos, un grupo de ciudadanos de la llamada “ola libertaria” se manifestó en contra.
“Son 50 años de conmemoración de un robo y apología al terrorismo. Somos una organización ciudadana. Queremos levantar una voz de protesta pacífica. Están gastando dinero de nuestros impuestos y reescribiendo la historia”, reclamó el exmilitar Jorge Enrique Castillo, quien llegó hasta la entrada del Museo Nacional con banderas y vestimenta de color amarillo y negro. Ellos soportaron reclamos e improperios de simpatizantes del M-19 y hasta de funcionarios del Ministerio de Cultura. Incluso llamaron a las autoridades. Como la protesta era pacífica, no hubo ningún problema.
El miércoles en la tarde, el Ministerio de Cultura programó la entrega de la espada por parte de la Casa de Nariño. El objeto llegó acompañado del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y del director del Dapre, Carlos Ramón González, custodiado por el Batallón Guardia Presidencial. Le hicieron entrega del elemento a la directora del museo, Elvira Pinzón. Velasco reconoció que se trató de un “robo”, pero exaltó que los guerrilleros hayan logrado firmar la paz con el Gobierno de Virgilio Barco.
“Cuando la devolvieron, eso ayudó a construir la Constitución del 91”, aseguró Velasco. Igualmente, dijo que no se trató de un homenaje a un grupo ni a la guerra, sino “a la paz”.
Quienes pertenecieron al M-19 ensalzaron a ese grupo subversivo y no mostraron arrepentimiento por haber estado en la ilegalidad. Esa fue la posición del director del Dapre, Carlos Ramón González, quien militó en esa guerrilla. “La espada salió del museo como símbolo de lucha y las reivindicaciones de nuestro pueblo. Es un homenaje a la espada que salió hace 50 años. Significa una historia ligada a un movimiento como el M-19 y que hoy forma parte de esta historia. Un hombre del M-19 es presidente de la República de Colombia. Es un hecho incuestionable”, defendió González.
Mientras que los exguerrilleros del M-19 ocupan hoy posiciones de poder en el Gobierno, quienes combatieron a ese grupo desde el Estado terminaron condenados.
Es el caso del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien lideró el operativo de la retoma del Palacio de Justicia tras la violenta toma del M-19. Esta semana, por decreto presidencial, le retiraron las condecoraciones.
En el evento del Gobierno al M-19 tampoco se tuvieron en cuenta las víctimas de ese grupo guerrillero. Se olvidaron de los secuestrados, entre ellos del sindicalista José Raquel Mercado, quien fue asesinado. Igualmente, dejaron de lado los casos de reclutamiento de menores de edad, que la misma Comisión de la Verdad recogió en su informe. Ni se prestó atención a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia en 1985.
Cuando SEMANA le preguntó al ministro Correa por qué no tomaron en consideración a las víctimas del M-19, el funcionario contestó que se estaba conmemorando solamente la “recuperación” de la espada.
“No estamos celebrando hechos de guerra, hay que separar los acontecimientos. La generalización simplifica la posibilidad de discutir. Esta historia está reescribiéndose y se tiene que reescribir en función de nuevas preguntas. No es un discurso cerrado”, aseguró Correa.
Con la llegada de Petro al poder, varios excompañeros suyos en el M-19 ocupan cargos estratégicos en el Gobierno: González en el Dapre, Otty Patiño como comisionado para la paz y Vera Grabe como jefe negociadora del Gobierno en los diálogos con el ELN.
Manuel Alberto Casanova es el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Asimismo, René Guarín es el jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de la Presidencia. Por su parte, Carlos Fernando García Manosalva está en la dirección de Migración Colombia y Augusto Rodríguez es el director de la UNP. Son las caras más visibles, pero no las únicas. Hay otros exintegrantes en otras áreas del Gobierno.
Quienes comulgan con el M-19 repitieron que supuestamente se ha escrito una “historia oficial” sobre la violencia de finales del siglo pasado en Colombia. Ahora, desde el poder, algunos intentan reescribir o tergiversar lo que pasó. Pero los hechos son los hechos, y el país no olvida.