El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se volvió a pronunciar este sábado sobre la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE), contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, e insistió que el organismo no tiene facultades para hacerlo.
“El CNE se equivoca al investigar al candidato presidencial cuando ya ostenta la dignidad de jefe de estado. No tiene competencia”, escribió el funcionario del Gobierno Petro en su cuenta de X, antes Twitter, unas horas después de que se diera a conocer la resolución de la entidad.
El alto funcionario fue enfático en afirmar que “ninguna autoridad distinta a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede investigar la conducta del Presidente de la República en ejercicio y formularle cargos”.
La declaración se conoció una vez el Consejo Nacional Electoral dio a conocer la resolución del pliego de cargos contra Gustavo Petro como candidato y su campaña presidencial, la cual se presentó con los ajustes propuestos por siete de los magistrados de la entidad.
En la nueva resolución del CNE quedó vinculada la tesorera de la campaña, Lucy Aydee Mogollón, quien le dijo al consejo, el 14 de agosto de 2023, que Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña, le quitó el manejo de los recursos porque no le tenía confianza.
Los magistrados también incluyeron un acápite en la formulación de cargos llamado ‘cuestión previa’, en el que exponen las razones jurídicas que los llevaron a formular cargos contra el entonces candidato Gustavo Petro, en su camino a la Casa de Nariño.
SEMANA conoció que Petro, Roa y Lucy Aydee Mogollón tienen hasta 60 días para solicitar pruebas y los partidos cuentan con cinco meses para tramitar pruebas; es decir, pueden acercarse fácilmente a la caducidad, que se daría en agosto de 2025.
La resolución causó molestia en el mandatario colombiano, quien esta semana volvió a estallar frente al organismo electoral y señaló que el CNE rompió por completo con el Estado de derecho en Colombia y que los magistrados están incurriendo en un delito de prevaricato por acción con dolo.
“El documento al expresar —con firma de funcionarios— que se ha investigado al presidente de la República, rompe por completo el Estado de derecho, la Constitución nacional y el bloque de constitucionalidad, por la ruptura fragrante de la Convención Americana, que el Consejo de Estado, guardián de esa convención —desde que era alcalde de Bogotá—, nunca debió permitir”, escribió Petro.
Además, agregó: “Los funcionarios firmantes están incursos en el delito de prevaricato por acción con dolo. Y el pueblo colombiano queda facultado legítimamente para actuar, como lo decida, contra el golpe de Estado”.