El novelón de la adjudicación del millonario contrato de pasaportes a la firma Thomas Greg por parte del exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, tiene expectante a la opinión pública, con los pelos de punta a distintos sectores políticos y con las alarmas encendidas a los organismos de control. El cruce de versiones entre el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y el propio Salazar avivaron aún más la tensión sobre el escándalo.
Este martes 27 de febrero, Murillo puso la cara al país. Adelantó una alocución desde el Palacio de San Carlos en Bogotá, donde, sin presencia de la prensa, dijo que Salazar, su entonces secretario general, no tenía facultades para adjudicar el millonario contrato, que el abogado sabía que saldría del cargo desde el 22 de febrero y que el proceso licitatorio ya no tenía certificado de disponibilidad presupuestal.
“Se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario”, sostuvo Murillo.
“No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74-923, para el proceso contractual antes referido. Estos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre del año pasado para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal”, añadió el hoy canciller.
Murillo se contradice
En una resolución firmada con puño y letra por él como canciller encargado (la resolución ministerial 1344), le entrega las funciones de contratación a José Antonio Salazar, su exsecretario general, para que contratara. Esta potestad se la había quitado el canciller Álvaro Leyva, quien siempre conoció el interés y la postura de Salazar, su amigo desde hace 30 años, de entregarle el controvertido contrato a Thomas Greg.
“Artículo 4: delegar en el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores (José Antonio Salazar) la dirección de los procesos de contratación, cuyo objeto es suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios, sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y, en general, todos los actos relacionados con los mencionados procesos contractuales”, se lee en la resolución que firmó Murillo, en la que le entregó poderes a su exsecretario general.
Por eso, José Antonio Salazar le dijo a SEMANA que él tenía las facultades legales para proceder como representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ante este cruce de versiones, surgen varias preguntas: ¿Por qué Murillo dice que Salazar no tenía facultades y no se refiere a la resolución que él firmó otorgándole poderes para contratar con su puño y letra? ¿Por qué el hoy canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, dice que desde el 22 de febrero José Antonio Salazar sabía que saldría del cargo y, aun así, él le firmó la resolución ese mismo día? ¿Le entregó facultades a una persona que tenía las horas contadas en la Cancillería de Colombia? ¿Fue un tema concertado? ¿Por qué el entonces secretario general dijo que se tomó 4 días de permiso para irse a su casa a elaborar la resolución del contrato a Thomas Greg? ¿Quién se los otorgó?
Las respuestas solo las podrá entregar el hoy jefe de la diplomacia en Colombia, pero él ha preferido no hablar con la prensa y limitarse a una alocución escueta desde su despacho.
Mientras tanto, el país no conoce con certeza si Thomas Greg se quedará o no con el contrato, porque el gobierno de Gustavo Petro examina jurídicamente la forma de tumbar la adjudicación que se hizo casi a escondidas.