En el documento de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo fue incluida una propuesta que terminaría empoderando las denominadas ‘Guardias Campesinas’ involucradas en los desmanes que recientemente se registraron en San Vicente del Caguán, donde resultaron un policía y dos campesinos asesinados.
Así lo denunció el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien considera que esto estimularía la “creación de autodefensas”.
“Resulta inaceptable que el Plan Nacional de Desarrollo pretenda debilitar a la fuerza pública legítimamente establecida y otorgue el control territorial a las guardias indígenas, y cree nuevas figuras como las guardias cimarronas y campesinas, con el mismo objetivo. Prueba de ello se destinarán recursos públicos para formalizar este tipo de figuras con el objetivo de que la fuerza pública no pueda hacer presencia en los espacios que pretendan hacer control territorial”, aseguró Uribe Turbay.
Según reveló el congresista, en la página 223 texto de las bases dice: “se avanzará en el empoderamiento de las formas propias de control territorial (guardias indígenas, cimarronas, campesinas y de mujeres) como estrategia de protección territorial y de fortalecimiento a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades, ya que la defensa de la vida y el territorio no puede seguir siendo un factor de riesgo”
Además, el proyecto que hace trámite en el Congreso, según Uribe Turbay, entregaría recursos para estas guardias campesinas.
“Las entidades competentes promocionarán la figura de guardias campesina, cimarrona e indígena como mecanismo de protección colectiva, física y cultural. Para esto destinarán los recursos financieros y humanos para asegurar el fortalecimiento y formalización jurídica de estas figuras”.
Esta disposición, curiosamente, se asemeja a un proyecto radicado el año pasado por el Partido Comunes, en el que se crean estas ‘Guardias Campesinas’, para la defensa del territorio campesino, es decir, la defensa del territorio.
“Por eso, es escandaloso que la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo permita y financie la creación de nuevas estructuras que en su funcionamiento resulten similares a la génesis de las antiguas Farc”, manifestó Uribe Turbay.
Esta denuncia se conoce pocos días de la controversia generada por lo sucedido en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde una multitud enfurecida de indígenas, al parecer perteneciente a la guardia campesina, por supuestos incumplimientos en proyectos sociales, arremetió contra un contingente del Esmad, que se encontraba brindando seguridad a una instalación petrolera de la empresa Emerald Energy.
Los violentos no midieron las consecuencias de sus actos y asesinaron en estado de indefensión al uniformado, dejando a una esposa sin su pareja y a dos niños, un bebé de 4 meses y una niña de 8 años, huérfanos de padre.
“Mi esposo no merecía que lo asesinaran como lo hicieron”, le dijo a SEMANA Yaneth Calvo, la esposa del subintendente Monroy Prieto. Con la voz entrecortada, haciendo pequeñas pausas para tomar aliento y continuar con el relato, Yaneth reveló detalles de la última conversación con su cónyuge.
La Fiscalía advirtió que abrió una investigación para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que derivaron en el asesinato de dos policías y el secuestro de 78 más, en el marco de un enfrentamiento con la llamada Guardia Campesina en el departamento de Caquetá, sucedido el jueves 2 de marzo de 2023.
Paralelamente a la verificación de los responsables del asesinato y el secuestro de los uniformados, el ente acusador revisa los audios que fueron enviados por los mismos uniformados minutos antes del crimen y donde rogaban por apoyo a sus superiores. En este escenario se indaga en la responsabilidad que tendrían esos mandos en la omisión de socorro.