Al presidente Gustavo Petro le podría terminar saliendo cara la firma del decreto con el que se busca la liberación de integrantes de la primera línea que están en las cárceles del país, señalados de cargos por delitos que habrían cometido en medio del paro.

SEMANA conoció el decreto que establece la creación de una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Dapre.

Dicha comisión, entre sus funciones, tendrá que “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, según el documento.

Tras conocerse este decreto, el senador del Centro Democrático Enrique Cabrales le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara, juez natural de los presidentes, que inicie una investigación contra el jefe de Estado por presuntamente haber cometido prevaricato por acción.

“Al presidente no se le otorgaron facultades extraordinarias para que indultara a los miembros de la primera línea”, recordó Cabrales.

Según explicó el congresista de oposición, en la llamada ley de paz total, al presidente se le otorgaron facultades para negociar con grupos armados al margen de la ley y bandas criminales, pero no para indultar a miembros de la primera línea detenidos.

“Una de dos, o el presidente está incurriendo en un presunto prevaricato o está reconociendo que la primera línea es un grupo terrorista”, dijo el senador.

Alerta en jueces y fiscales

La propuesta del presidente Gustavo Petro de liberar antes de Navidad a centenares de integrantes de la primera línea que están presos se podría estrellar con una barrera legal. Los detenidos enfrentan graves cargos por delitos como tortura, concierto para delinquir, lesiones personales y terrorismo, entre otros. De hecho, nueve de ellos ya fueron condenados por jueces que valoraron todo tipo de pruebas en su contra.

En diálogo con SEMANA, la procuradora Margarita Cabello, el fiscal general Francisco Barbosa y el defensor del Pueblo Carlos Camargo advirtieron sobre los serios riesgos de la propuesta presidencial.

Todos coinciden en señalar que no se puede liberar a estos procesados. No reúnen las condiciones que fija la ley para los gestores de paz, ya que no forman parte de un grupo armado organizado al margen de la ley y no están inmersos en un proceso de paz con el Gobierno, como es el caso del ELN. Se trata de delincuentes comunes que están única y exclusivamente a disposición de los jueces.

Por eso, la propuesta de Petro ha desatado una verdadera tormenta en el mundo judicial. El fiscal general señaló: “Cualquiera puede ser designado gestor de paz, incluso estando privado de la libertad. Pero esa gestión de paz no necesariamente implica salir de la cárcel. Frente a esto debe existir una relación con organizaciones criminales que estén en procesos de paz. El Ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”.